Legislaciones Vigentes

Ley Electoral de la Provincia

Nº Art. 0130

Sumario: elecciones-electores-junta electoral-sufragio-votación-voto-reglamentación-candidatos-requisitos-colegios electorales-escrutinio-código

El senado y cámara de diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Título I de los electores
Capítulo único derechos y deberes
*Art. 1 – son electores para todas las elecciones primarias y generales a nivel provincial, municipal y de convencionales constituyentes, quienes lo sean del registro nacional de las personas de ambos sexos, nativos desde los dieciséis (16) años y naturalizados desde los dieciocho (18) años, siempre que se encuentren inscritos en el registro nacional de electores y que no se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas por la constitución de la provincia y la presente ley. El poder ejecutivo solicitará oportunamente del juzgado federal, copia autorizada del padrón, la que deberá remitir a la junta electoral. El incumplimiento de este deber no implicará sanción para los menores de dieciocho (18) años. A los efectos de la debida acreditación de los electores, la libreta de enrolamiento, la libreta cívica y el documento nacional de identidad (D.N.I.), en cualquiera de sus formatos son documentos habilitantes a los fines de esta ley, de conformidad al código electoral nacional (Art. 10 de la ley 26741). (Texto según Ley 8619, Art. 50).
*Art. 2 – el sufragio electoral es un derecho y una función política que los ciudadanos tienen el deber de ejercer con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Para la emisión y el escrutinio del voto podrán incorporarse nuevas tecnologías que procuren la seguridad y celeridad del proceso electoral. La incorporación de las nuevas tecnologías al proceso electoral, podrá ser progresiva y gradual. (texto según ley 8619, art. 51).
Art. 3 – ninguna autoridad podrá reducir a prisión al ciudadano elector desde veinticuatro horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo en caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de estos casos, no podrán ser estorbado en el tránsito de su domicilio al lugar de la elección, ni molestado en el ejercicio de sus funciones o derechos.
Art. 4 – la persona que se hallare bajo la dependencia legal de otra, tendrá derecho a ser amparada para dar su voto, recurriendo al efecto a las autoridades a que se refiere el párrafo siguiente y a falta de estas, al presidente del comicio en donde le corresponda votar. El elector afectado en cualquier forma en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por si o por intermedio de otra persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho ante cualquiera de los miembros de la junta electoral, ante el magistrado mas próximo, o ante cualquier funcionario nacional o provincial. El elector puede pedir también amparo para que le sea entregada su libreta de enrolamiento o cívica retenida indebidamente por un tercero. Quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir su voto, sin deducción alguna de salario ni ulterior recargo de horario.
*Art. 4 bis – los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos. A tal fin la junta electoral provincial como autoridad de aplicación confeccionará el registro de electores privados de libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en los distintos establecimientos penitenciarios de acuerdo a la información que deberán remitir los jueces competentes. Se habilitarán mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y se designarán sus autoridades de conformidad a la reglamentación que se efectúe.
Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que corresponda podrán votar en el establecimiento en que se encuentran alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén empadronados. (texto incorporado según ley 8619, art. 51).
Art. 5 – el sufragio es individual y ninguna autoridad, persona, corporación, partido o agrupación política, puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea.
Art. 6 – el secreto del voto en el acto de la elección es obligatorio.
Art. 7 – todo elector tiene el deber de votar en cuantas elecciones provinciales y municipales fueran convocadas en su sección o municipio.
Art. 8 – quedan exentos de la obligación dispuesta por el artículo anterior:
A) los electores mayores de setenta (70) años.
B) los jueces y sus auxiliares y todos los funcionarios públicos que por disposición de esta ley deban asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección.
C) los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros de la mesa en que les corresponda votar.
D) los que estuvieren enfermos o imposibilitados físicamente, o que, razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, les impida concurrir al comicio.
Art. 9 – las obligaciones que esta ley atribuye a los electores, constituyen carga pública y serán, por lo tanto, irrenunciables a no mediar causa debidamente justificada.

*Título II de los Partidos Políticos
Capítulo Único Organización
(ver ley 4746, ley orgánica de los partidos políticos)
*Art. 10- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)
*Art. 11- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)
*Art. 12- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)
*Art. 13- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)
*Art. 14- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)
*Art. 15- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)
*Art. 16- derogado por art. 66 ley 3.842 (bo 1972 08 07)

*Título III de la proclamación de candidatos
Capítulo Único oficialización de las listas de candidatos y de las boletas sufragio (texto según ley 2633, Art. 1).
*Artícul0 17- las agrupaciones políticas que hayan alcanzado el tres por ciento (3%) de los votos afirmativos válidamente emitidos en las elecciones primarias, registrarán ante la junta electoral, por lo menos cincuenta (50) días antes de las elecciones generales, las listas de los candidatos proclamados, expresando para ser registrada la denominación que llevarán las boletas respectivas.
Hasta treinta (30) días antes deberán presentar un modelo de dichas boletas, en la que podrán ir impresos los símbolos o emblemas partidarios, monograma y la denominación de la agrupación, así como fotografía de los candidatos. Podrán tener fondo del color asignado.
En el proceso de transición al voto electrónico, el modelo de boleta en papel, deberá separar entre sí los tramos de boleta correspondientes a candidaturas a cargos nacionales, provinciales y municipales con una doble línea negra. Asimismo en la base, todas las boletas deberán tener una franja de dos centímetros, separada por una línea negra que indique y diferencie claramente las categorías de cargos electivos provinciales y municipales”, según corresponda.
Las listas que se presenten para candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y convencionales constituyentes, deben contener un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en proporciones con posibilidad de resultar electas, lo que se materializará dividiendo cada lista en tercios, asegurando como mínimo la participación de una mujer en cada tercio.
No se admitirá la participación de ningún candidato en las listas de más de una agrupación ni para más de un cargo.
Las agrupaciones sólo podrán adherir sus boletas a las de otra agrupación en aquellas categorías en las que no tengan listas de candidatos propios, no pudiendo adherir a más de una lista.
(texto según ley 8619, art. 53)
(his.: texto según ley 6831, art. 1)
(his.: texto según ley 5888, art. 1)
*Art. 18- los presidentes o los apoderados generales de los respectivos partidos podrán dirigirse a los presidentes de los comicios, nombrando apoderados o fiscales que los representen ante cada mesa receptora de votos. Estos apoderados o fiscales tendrán el derecho de fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar ante el presidente del comicio, jueces o juntas electorales, según corresponda, los reclamos a que el procedimiento eleccionario diere lugar. Los apoderados o fiscales de los partidos podrán acompañar y vigilar las urnas hasta su entrega en la junta electoral. (texto según ley 4840, art. 2).
*Art. 19- desde ocho días antes del fijado para cada acto, los partidos podrán emitir a los presidentes de comicios las procuraciones nombrando apoderados o fiscales ante la mesa respectiva.
Las designaciones de apoderados y/o fiscales serán hechas en papel común y bajo la firma del presidente o apoderado general del partido o candidatos, y deberán recaer en electores en ejercicio, que sepan leer y escribir; debiendo justificar el carácter de tales con su libreta de enrolamiento o su libreta cívica. (texto según ley 4840, art. 3).

Título IV de los actos electorales
Capítulo I de las convocatorias
*Art. 20 – la convocatoria a elecciones de autoridades provinciales será hecha por el poder ejecutivo y la de autoridades municipales, por los respectivos intendentes. La convocatoria se hará, por lo menos, con noventa (90) días de anticipación al acto electoral y expresará: 1) fecha de la elección. 2) autoridades que deban elegirse en cada sección electoral o municipio. 3) números de candidatos por los que puede votar el elector.
En el caso de que el ejecutivo provincial y/o los ejecutivos municipales decidieren la utilización de nuevas tecnologías para la emisión y escrutinio de los sufragios, deberán en el acto de convocatoria disponer su aplicación, estableciendo las características técnicas y condiciones generales de funcionamiento a que deberán ajustarse todos los dispositivos y equipamientos necesarios para la votación y el escrutinio.
La junta electoral de la provincia deberá aprobar y controlar la aplicación de estos sistemas, con participación de la comisión creada por el artículo 62 de la presente ley, garantizando el acceso a toda la información por parte de las listas intervinientes en el proceso electoral (texto según ley 8619, art. 54).
(his.: texto según ley 4840, art. 4).
Art. 21 – las convocatorias serán publicadas y circuladas inmediatamente en cada sección, ya sea en los diarios y periódicos, donde los hubiere, ya sea en carteles u hojas sueltas, que se fijaran en parajes públicos, sin perjuicio de otros medios de publicidad.
Art. 22 – el poder ejecutivo solo podrá suspender la convocatoria para elecciones en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias o cualquier accidente o calamidad pública que las haga imposibles y dará cuenta de ello a la legislatura, dentro de los tres días, para cuyo conocimiento la convocara, si se hallare en receso, de acuerdo con el art. 62 de la constitución de la provincia.

Capítulo II de la formación de los colegios electorales
Art. 23 – en la capital de la provincia habrá tantos colegios electorales como seccionales policiales y cada departamento constituirá un colegio electoral.
El poder ejecutivo fijara el lugar donde funcionaran las mesas receptoras de votos, debiendo tener en cuenta los locales en el orden siguiente: las municipalidades, las escuelas, los juzgados de paz y los edificios públicos no destinados al servicio del ejército o de la policía.
Art. 24 – designado el lugar donde deban funcionar las mesas receptoras, el poder ejecutivo, lo hará conocer al público, por lo menos, quince días antes de la elección, en la misma forma establecida en el art. 21, y no podrá modificarlo después de ese tiempo. Únicamente la junta electoral, en caso de fuerza mayor podrá modificar, con posterioridad, la ubicación de las mesas.
La instalación de comités, subcomités o grupos de carácter político, con posterioridad a la resolución de la junta electoral, no podrá considerarse como causa de fuerza mayor para determinar el cambio de una mesa.

Título V del sufragio
Capítulo I de la mesa receptora de votos
Art. 25 – cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuara con el título de presidente. Se designaran también para cada mesa dos suplentes, quienes auxiliaran al presidente y lo reemplazaran por el poder de su designación, en los casos que esta ley establece. El nombramiento de los presidentes y de los suplentes lo hará la junta electoral, mediante sorteo público, de entre los ciudadanos más capacitados de cada colegio electoral y lo comunicara a los nombrados.
Art. 26 – los presidentes y los suplentes deberán tener en cuenta las siguientes calidades:
1) ser elector en ejercicio.
2) residir en el colegio electoral donde corresponda la mesa.
3) saber leer y escribir.
A los efectos de establecer la existencia de estos requisitos, la junta electoral está facultada para solicitar de las autoridades respectivas los datos y antecedentes que juzgue necesarios.
Art. 27 – a fin de garantizar la libertad, seguridad e inmunidad de los presidentes y suplentes de comicios, ninguna autoridad nacional o provincial podrá reducirlos a prisión, durante las horas de la elección en que deben desempeñar sus funciones, salvo el caso de flagrante delito.
Art. 28 – la junta electoral hará, con un antelación no menor de diez días al acto eleccionario, los nombramientos de presidente y suplentes para cada mesa.

Capítulo II de la emisión del sufragio
*Art. 29 – la junta electoral entregara, por medio del correo y con des-tino al presidente de cada mesa electoral, los siguientes documentos y útiles:
1) tres listas depuradas del padrón electoral que corresponda a la mesa. Las listas llevaran el número de la mesa, estando encabezadas y terminadas por las formulas impresas de las actas de apertura y clausura del comicio, se harán con los nombres de los ciudadanos comprendidos en el padrón de la mesa respectiva y tendrán dos casillas: una delante de dichos nombres y otra en la margen derecha de la página: la primera para anotar si el ciudadano ha sufragado y la segunda para observaciones. Estas anotaciones se harán en las columnas de dos registros.
Uno de los ejemplares de estas listas se fijaran en cada recinto designado para la elección, antes que este empiece, en lugar bien visible y de fácil acceso.
2) una urna con los implementos necesarios para ser cerrada y sellada por las autoridades de mesa y fiscales de los partidos intervinientes, previa constatación de que reúna los requisitos legales.
*3) sobres para el voto. Los mismos deberán ser opacos (texto inc. 3 según ley 8619, art. 55).
4) un ejemplar de cada una de las boletas oficializadas, rubricadas y selladas por el secretario electoral.
*5) boletas, en el caso de que los partidos políticos las hubieren suministrado para distribuirlas. La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de los partidos a sus efectos serán establecidas por la junta electoral provincial en sus respectivos distritos, conforme a las posibilidades en consulta con el servicio oficial de correos. La junta electoral provincial deberá además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de votación boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos, alianzas o confederaciones que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán entregadas a las autoridades de mesa que las requieran. (texto inc. 3 según ley 8619, art. 55).
6) sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, impresos, papel, tinta, secantes, etc., en la cantidad necesaria.
7) un ejemplar de la presente ley, autorizado con firma y sello de la secretaria electoral.
La entrega de la documentación y útiles se hará en el lugar donde funcionara la mesa y con anticipación a la apertura al acto electoral.
En los casos que no fuera posible hacer la entrega por correo, la misma se efectuara por intermedio de la policía.
*8) otros elementos que la justicia nacional electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral. (inc. 8 incorporado por ley 8619, art. 56)
Art. 30 – el día fijado por la convocatoria para la elección, deberán encontrarse, a las 7 y 45 horas, en el local en que debe funcionar la mesa, el presidente del comicio. Sus suplentes y los agentes encargados de mantener el orden, que las autoridades deban poner a las órdenes del presidente del comicio.
*Art. 31 – el presidente de la mesa procederá:
1) a recibir la urna, los registros y los útiles que le entregue el empleado de correo o la policía, en el caso del articulo 29 infine, de lo cual firmara recibos, previa la verificación correspondiente.
2) a cerciorarse que la urna remitida por la junta electoral, reúna las condiciones exigidas por esta ley y a cerrarla poniéndole una faja de papel, que no impida la introducción de los sobres de los votantes, la cual deberá ser firmada por el presidente, los suplentes y todos los fiscales presentes, labrándose un acta especial que firmaran las mismas personas. Si alguna de ellas se negare a hacerlo, se hará constar en la misma acta.
3) a habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna. Este local debe elegirse de modo que quedo a la vista de todos y en lugar de fácil acceso.
4) a habilitar un recinto inmediato a la mesa, que se encuentre a la vista de todos y en lugar de fácil acceso, para que los electores ensobren su boleta en absoluto secreto.
Este recinto, que se denominara cuarto oscuro debe tener más que una puerta utilizable, debiéndose cerrar y sellar las demás en presencia de los fiscales de los partidos o de los electores por lo menos, así como también las ventanas que tuviere, de modo de rodear de las mayores seguridades el secreto del voto.
*5) a depositar, en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos remitidos por la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquéllas, ordenándolas por número de menor a mayor y de izquierda a derecha.
Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas por la junta electoral (texto inc. 5 según ley 8619, art. 57).
6) a firmar y a colocar en lugar visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares del registro de electores del colegio, para que pueda ser fácilmente consultado por los sufragantes. Este registro puede ser firmado por los fiscales que así lo deseen.
7) a colocar sobre la mesa los otros dos ejemplares del registro electoral del colegio, a los efectos que determina esta ley.
8) a verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos políticos que se hubieren presentado. Los fiscales que no se encontraren presentes en la apertura del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones comiciales.
9) los apoderados o fiscales podrán colocar en el cuarto oscuro, encima de las respectivas boletas, una faja con el nombre del partido al cual pertenecen.
Art. 32 – tomadas estas medidas, a las 8 en punto, el presidente de la mesa declarara abierto el acto electoral y labrara el acto de apertura llenando los claros del formulario impreso en los registros especiales correspondientes a la mesa, que deberá estar concebido en los siguientes términos: acta de apertura. El día…. Del mes… Del año…. En virtud de la convocatoria del día….del mes de…. Del año….para la elección de… Y en presencia de….los suplentes….y de….fiscales de los partidos….y el suscripto, presidente de la comisión encargada de la mesa numero….del circuito de la sección electoral….declara abierto el acto electoral.
Esta acta será firmada por el presidente, los suplentes y los fiscales. Si estos no estuvieren presentes, o no hubiesen fiscales nombrados o se negasen a firmar, el presidente consignara el hecho bajo su firma, haciéndole testificar por dos electores presentes, quienes firmaran después de él.
Art. 33 – los suplentes del presidente de la mesa asistirán al comicio para sustituir al titular, en el caso que este, por motivos justificados hubiese estado impedido de asistir o tuviese que ausentarse de la mesa, y deberán encontrarse presente en los actos de apertura y de clausura del comicio, firmando las actas correspondientes. Participaran, además, en el escrutinio primario en la mesa. En todas las funciones preparatorias del acto electoral los dos suplentes son auxiliares del presidente del comicio. Iniciado el acto electoral, asumen el carácter de sustitutos, de manera que sea siempre uno solo el funcionario que se encuentre al frente del comicio. Al reemplazarse entre sí, los tres funcionarios llevaran nota de la hora en que toman y dejan el cargo, en cualquier momento, salvo el caso de haber faltado dos de ellos. Deberá siempre encontrarse en el local del comicio un suplente para reemplazar, al que esté actuando de presidente. El presidente titular y los suplentes deberán encontrarse presentes en el momento de apertura y clausura de la elección, salvo causas de fuerza mayor o de enfermedad, que deberán comunicar a la junta y a los suplentes la víspera de cada elección. Los apoderados o fiscales de los partidos que no se encontrasen presentes en la apertura del acto electoral, serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones comisionales.
Art. 34 – abierto el acto electoral, los electores se presentaran al presidente del comicio, por el orden de llegada, dando su nombre y presentando su libreta de enrolamiento a fin de acreditar que les corresponde votar en la mesa. Dentro del recinto del comicio no podrán aglomerarse más de diez electores.
Art. 35 – hecha la comprobación prescripta en el artículo anterior, procederá el presidente a verificar la identidad del elector oyendo a los apoderados o fiscales de los partidos. En el acto de la elección, no se admitirá, de persona alguna, discusión ni observación sobre hechos extraños a aquellas respecto del elector, solo podrá admitirse, y únicamente de los apoderados o fiscales de los partidos, las que se refieren a su identidad. Estas objeciones se limitaran a exponer concretamente el caso, y de ellas se tomara nota sumaria en la columna de observaciones, frente al nombre del elector. Cuando por error de impresión del padrón electoral, el nombre de dicho elector no corresponda exactamente al que figure en su libreta de enrolamiento, el presidente del comicio no podrá impedir el voto del elector, siempre que las otras constancias de la libreta, como ser: número de matrícula, domicilio, etc., coincidan con las del padrón y exista divergencia en una de las otras indicaciones, tampoco será este motivo para la no admisión del voto. En uno y otro caso las divergencias se anotaran en las columnas de observaciones.
Cuando se presente una libreta en que no aparezca agregada la fotografía del enrolado, el presidente del comicio podrá, en caso de duda, interrogar al elector sobre las diversas diferencias de anotaciones que consten en la libreta referente a su identidad.
Art. 36 – si la identidad no es impugnada, el presidente del comicio entregara al elector un sobre abierto, vacío y firmado en el acto por él, de su puño y letra, en la cara opuesta a la del cierre y le invitara a pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en dicho sobre. Los apoderados o fiscales de los partidos políticos firmaran el sobre en la misma en que lo hiciere el presidente del comicio y deberán asegurarse, sin recibir el sobre que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado al elector.
*Art. 37- en el caso de que la identidad del elector fuere impugnada por alguno o algunos de los apoderados o fiscales de los partidos, el presidente del comicio anotara, en un sobre, especial dicha impugnación, usando de las palabras:”impugnado por el apoderado o fiscales don…y don……”y, enseguida, tomara la impresión digital del elector impugnado en una hoja de papel “ad hoc”, escribirá en ella el nombre, el número del enrolamiento y la clase a que pertenezca el elector, luego la firmara y colocara en dicho sobre, que entregara abierto al mismo elector, invitándole, como en el artículo anterior, a pasar al cuarto oscuro. De esta impugnación se tomara nota en la casilla de observaciones de las listas del padrón electoral.
El elector no deberá retirar del sobre la impresión digital. Si la retirará este hecho constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo prueba en contrario.
En el caso de que ninguno de los apoderados o fiscales de los partidos quiera firmar el sobre, el presidente del comicio así lo hará constar en el mismo sobre, el presidente del comicio así lo hará constar en el mismo sobre, el cual, podrá firmar por alguno o algunos de los electores presentes.
La negativa del o de los apoderados o fiscales impugnadores a firmar el sobre del elector impugnado se considerara como anulación de la impugnación, pero bastara que uno solo firme para que subsista.
Si el presidente del comicio considera fundada la impugnación, el elector impugnado, después de haber sufragado, podrá ser arrestado a
la orden del presidente del comicio o dará fianza pecuniaria o personal, suficiente a juicio del mismo presidente, que garantice su presentación a los jueces.
*la fianza pecuniaria será de cien pesos argentinos ($a 100), de la cual el presidente del comicio pasara recibo y que quedara en su poder. La personal será dada por un vecino conocido y responsable, que por escrito se comprometa a presentar al afianzado o a pagar aquella
cantidad en caso de ser condenado. El poder ejecutivo proveerá a la junta electoral, y esta los enviara a los presidentes de comicios, de formularios de uno y otro documento, y les dará las instrucciones necesarias (texto según ley 4840, art. 5).
*Art. 38 – todo aquel que figure en el registro electoral, tiene derecho a votar y nadie podrá cuestionar ese derecho en el acto del sufragio. Por consiguiente, los presidentes no admitirán nunca impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el registro electoral. Mantener el secreto del voto es un deber durante el acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo de modo alguno la boleta de sufragio ni objeto visible que connote actividad o preferencia política, ni formular ninguna manifestación que importe violar el secreto del voto (texto según ley 4840, art. 6).
Art. 39 – introducido en el cuarto oscuro y cerrada la puerta, el elector colocara en el sobre su boleta de sufragio y volverá inmediata-mente donde funciona la mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna. El presidente, por su iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar que se verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que él le entrego.
Art. 40 – acto continuo procederá a anotar en el registro de electores de la mesa, a la vista de los fiscales y del elector mismo, la palabra “voto” en la columna respectiva del nombre del su fragante. La misma anotación, fechada y firmada se hará en su libreta cívica o libreta de enrolamiento en el lugar expresamente destinado a ese efecto.
Art. 41 – el presidente de la mesa, por propia iniciativa o cuando lo pidan los fiscales de los partidos, examinara el cuarto oscuro al objeto de cerciorarse de que funcionando acuerde a lo prescripto en el artículo 31 inciso 4).
Art. 42 – el presidente de la mesa cuidara de que en el cuarto oscuro existan, en todo momento, suficientes ejemplares de las boletas oficializadas de todos los partidos, en forma que sea fácil para los electo-res poder distinguirlas y tomar una de ellas para dar su voto. El presidente de la mesa no admitirá en el cuarto oscuro otras boletas que las aprobadas por la junta electoral.
Art. 43 – las elecciones no podrán ser interrumpidas; en caso de serlo por fuerza mayor; se expresara, en acta separada, el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de ella.
*Art. 44 – (derogado por ley 8619, art. 58) (his.: texto según ley 3240, art. 1).
Art. 45 – las elecciones terminaran a las dieciocho horas en punto emitido el voto por los electores que a la hora indicada se encontraren dentro del local donde ubica la mesa, el presidente declara clausurado el acto electoral. De inmediato tachara en la lista los nombres de los electores que no hayan comparecido, y se hará constar al pie de la misma el número
de los sufragantes y las protestas que hubieren formulado los fiscales. En los casos previstos en el artículo anterior, se dejara también constancia del o los votos emitidos en esas condiciones.

Título VI escrutinio de las elecciones
Capítulo I escrutinio primario en las mesas
Art. 46 – acto seguido, el presidente del comicio, auxiliado por los suplentes, con la presencia de la autoridad a cargo del comicio en
el acceso y ante los apoderados o fiscales acreditados ante la mesa y candidatos interesados que los solicitaran, hará el escrutinio, ajustándose el siguiente procedimiento:
1) abrirá la urna, de la cual extraerá todos los sobres y los contara, confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.
2) examinara los sobres separando los que no estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados, las cuales no podrán ser
abiertos.
3) practicadas dichas operaciones, se procederá a la apertura de los sobres, cuidando de que la cara del sobre en la cual se han estampado las firmas del presidente y de los apoderados o fiscales, quede hacia abajo, de modo que no sea vista en el momento en que se conoce
su contenido.
Acto seguido, se computaran los votos emitidos por los sufragantes, de acuerdo a las siguientes normas:
a) solo se computaran las boletas oficializadas. Si aparecieran boletas no autorizadas por la junta electoral, se consideraran votos anulados.
B) las boletas no inteligibles, así como las que de cualquier manera permitan la individualización del votante, se consideraran anulados.
Art. 47 – finalizada la tarea de escrutinio primario, se consignara en acta impresa al dorso del registro, lo siguiente:
a) la hora del cierre del comicio, el número de sufragios emitidos, la cantidad de votos consignados, la diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores, todo ello consignado en letras y números.
B) la cantidad en letras y números de los sufragios obtenidos por cada uno de los respectivos partidos y el número de votos anulados, impugnados y en blanco.
C) el nombre de los apoderados o fiscales y de los suplentes que actuaron en la mesa, con mención de los que se hallaban presentes en el acto del escrutinio, o las razones de su ausencia en ese acto.
D) la mención de las protestas que hubieren formulado los apoderados o fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hi-
cierren con referencia al escrutinio.
E) la nómina de las autoridades a cargo de la custodia del comicio, individualizados por su credencial, que hayan actuado a las órdenes
del presidente de la mesa hasta la terminación del escrutinio.
F) la hora de terminación del escrutinio en la mesa.
En el caso de que el formulario del acta fuera insuficiente para contener los resultados de la elección, se utilizara el formulario de
notas suplementarias que integrara la documentación remitida en su oportunidad. El presidente de la mesa entregara obligatoriamente a los apoderados o fiscales que lo soliciten un certificado de los resulta-dos que constan en el acta, la cual extenderá en formularios que se emitirán al efecto.
Art. 48 – firmada el acta respectiva por el presidente del comicio y los apoderados o fiscales que actuaron durante el acto electoral, las
boletas de sufragios, compiladas y ordenadas en acuerdo a los partidos a que pertenezcan las mismas, y los sobres utilizados por los
electores, serán guardados en el sobre de papel fuerte que remitirá la junta, el cual lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de la mesa, los apoderados y los fiscales, será depositado dentro de la urna.
En otro sobre y con los mismos recaudos se guardara el registro de electores con las actas firmadas, juntamente con los sobres con los
votos impugnados, el cual será también depositado dentro de la misma urna.
Art. 49 – acto seguido, se procederá a cerrar y lacrar la urna, colocándole una faja especial, que tapara la boca o rejilla de la urna cubriendo totalmente la tapa, el frente y la parte superior, la cual aseguraran y firmaran el presidente, los suplentes y los apoderados
o fiscales presentes que lo deseen.
Llenados los requisitos precedentemente expuestos, el presidente de la mesa hará entrega de la urna en forma personal e inmediatamente
a los empleados de correo o de quienes se hubiesen recibido los elementos de la elección, los que concurrirán al lugar del comicio al ter-minarse el mismo.
El presidente del comicio recabara de dichos empleados el recibo correspondiente, por duplicado, con indicación de la hora de entrega
de la urna. Uno de estos recibos lo remitirá a la junta y el otro lo guardara para su constancia.
*Art. 50 – terminado el acto y entregadas las urnas, el presidente de mesa comunicara inmediatamente al presidente de la junta el número
de sufragantes por medio de radiogramas policiales, en la siguiente forma: “comunico al señor presidente que en la mesa numero….del circuito numero…por mi presidida, han sufragado…electores; y practicado el escrutinio, los resultados fueron los siguientes… Comunico igualmente, que siendo las…horas, he depositado en el correo bajo certificado (o entregado al empleado autorizado) la urna conteniendo las boletas y documentos de la elección realizada en el día de la fecha. (texto según ley 2633, art. 1)
Art. 51 – los partidos podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que estas sean entregadas al correo, hasta que sean recibidas en la junta electoral…a tal efecto, los apoderados o los fiscales de los partidos políticos, acompañaran al funcionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado por este.
Si lo hace en vehículo, por lo menos dos fiscales o apoderados, irán con él. Si hubiesen más fiscales o apoderados, podrán acompañarlo en otro vehículo. Cuando las urnas y los documentos deban permanecer en la oficina del correo, se colocaran en un cuarto y las puertas, ventanas y cualquier otra abertura serán cerradas y selladas en presencia de los apoderados o fiscales quienes podrán custodiar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en él.

Capítulo II del escrutinio ante la junta electoral y proclamación de electos
Art. 52 – la junta electoral realizara desde el momento mismo de terminado el acto comicial y en un plazo no mayor de 15 días. Las operaciones que se indican en la presente ley, a los fines del escrutinio que prevee el art. 56 de la constitución y la proclamación de los electos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de esta ley.
Art. 53 – la junta electoral procederá a la recepción de las urnas y de todos los documentos relativos al acto electoral.
Concentrará toda esta documentación en lugar visible, la cual podrá ser fiscalizada por los apoderados de los partidos.
Art. 54 – durante los tres días siguientes a la elección la junta electoral procederá a recibir todas las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Estas protestas deberán formularse para cada mesa por separado; de otro modo no se recibirán ni podrán ser tenidas en cuenta.
Pasados estos tres días, no se admitirá protesta ni reclamación alguna.
Art. 55 – en sesión pública, la junta electoral, reunida en el recinto de la legislatura procederá a:
1) verificar si hay indicios de haber sido violadas las urnas que se hayan recibido.
2) abrir las urnas y controlar si cada una viene acompañada con los documentos correspondientes.
3) examinar las actas para verificar:
a) si hay indicios de que hayan sido adulteradas.
B) si no tienen defectos sustanciales de forma; y
c) confrontar la hora en que se abrió y se cerró el acto electoral, con la que expresan los recibos correspondientes.
4) confrontar si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta coincide con el mismo de sobres remitidos.
5) realizar el recuentro de votos y escrutinio de acuerdo con el art. 52 de esta ley. A los efectos de estas verificaciones, la junta podrá disponer comprobaciones sumarísimas. A todas estas operaciones tienen derecho de asistir los candidatos y los apoderados de los partidos, al solo objeto de fiscalizarlas de conformidad con esta ley.
*Art. 56 – la junta de oficio declarara nula la elección realizada en una mesa cuando:
1) no hubiere acta de la elección de la mesa.
2) hubiera sido maliciosamente adulterada el acta.
3) el número de sufragantes consignados en el acta difiera en más de cinco sobres, al número de sobres utilizados remitidos por el presidente de mesa.
*4) se hubieren transgredido las disposiciones contenidas en el art. 44 respecto al número de votantes agregados. (texto según ley 3240, art. 2)
*Art. 57 – a petición de los apoderados de los partidos, la junta podrá anular la elección practicada en una mesa cuando:
1) se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada del acto electoral, privo maliciosamente a electores de emitir su voto.
2) no conste la firma del presidente del comisión en el acta de apertura o en la clausura y no se hubieran llenado tampoco, las demás formalidades prescriptas por esta ley.
3) hubiese sido maliciosamente presidida la mesa por un presidente distinto del designado o de sus suplentes.
4) se hubieran transgredido las disposiciones contenidas en el art. 44, excepto las referidas en el apartado 4o del art. 56. (texto según ley 3240, art. 3)
*Art. 58 – la junta podrá convalidar el acta de una mesa si por errores de hecho consigna equivocadamente los resultados del escrutinio primario y este puede verificarse nuevamente con los sobres y votos remitidos por el presidente de la mesa. La anulación del acta no importara la anulación de la elección de la mesa, y la junta electoral podrá declarar los resultados efectivos del escrutinio de la elección de la misma. (texto según ley 2633, art. 1)
Art. 59 – terminada la verificación de las actas y pronunciada que fuera la resolución pertinente, la junta realizara el escrutinio de los sobres y boletas que tengan la nota de “impugnados”.
De ellos se retirara la impresión digital del elector y será entregada a los peritos identificadores para que, después de cotejarla con la existente en la ficha del elector, cuyo voto ha sido impugnado, informe sobre la identidad del mismo. Si esta no resultare probada, el voto no será tenido en cuenta y la junta ordenara la inmediata cancelación de la fianza al elector impugnado, o su libertad en caso de arresto. Tanto en un caso como en otro, los antecedentes se pasaran al fiscal del crimen para que sea exigida la responsabilidad al elector o impugnador falsos.
La junta deberá declarar también la validez o nulidad de los votos observados, teniendo en cuenta la validez de la observación.
Art. 60 – para realizar el escrutinio de la elección, la junta electoral procederá, en primer término, a practicar el computo de los votos obtenidos por cada lista, de acuerdo a las siguientes bases:
A) la lista, a los efectos de la presente ley, es la nómina registrada de todos los candidatos de un partido o agrupación para los cargos que deban proveerse. El voto será emitido por lista.
B) toda boleta que tenga una denominación registrada, constituye un voto a favor de la lista correspondiente.
C) en presencia de una lista con determinada denominación en la que aparezcan candidatos de otras listas, se eliminara a los candidatos extraños y no se les computara los votos así obtenidos. Sea la sustitución total o parcial el voto será computado a favor de la lista que corresponda, según la denominación que ostente la boleta.
D) se considerara voto de lista toda boleta que, aun careciendo de denominación partidaria, contenga la totalidad de los nombres de los candidatos de un partido o agrupación.
E) no se escrutaran y se computaran como votos anulados, las boletas con denominación de partidos o agrupaciones que no hayan sido sometidas al registro que prescribe el artículo 10 de esta ley.
Art. 61 – decididas las impugnaciones y observaciones existentes, y efectuando el recuento general de votos, se procederá a la suma de los resultados de las mesas, a la que se adicionaran los votos que hubieren sido indebidamente impugnados y observados, de los que se dejara constancia en el acta final.
Art. 62 – cuando la elección no se hubiese practicado en alguna o algunas de las mesas o se hubiese anulado parte de los comicios, se realizaran elecciones complementarias, salvo que la nulidad afecte a menos de la quinta parte de las mesas del distrito o sección electoral y estén de acuerdo todos los partidos participantes de la elección, en no realizar dichos comicios complementarios.
En caso de que la junta electoral resuelva la realización de elecciones complementarias, lo comunicara al poder ejecutivo para que convoque nuevamente a los electores de dicha mesa o mesas, para el segundo domingo siguiente al de la terminación del escrutinio, postergándose el resultado hasta después de efectuado y declarada válida la elección complementaria.
Art. 63 – es nula la elección del distrito o sección electoral cuando no haya habido elecciones validas en los dos tercios de sus respectivas mesas electorales. Declarada la nulidad de la elección por la junta electoral, esta remitirá, a más tardar dentro del tercer día, a la cámara o cuerpo que corresponda su resolución y antecedentes, a los efectos del juicio definitivo. En caso de conformidad por el cuerpo respectivo con la resolución de la junta, aquel lo comunicara al poder ejecutivo para que proceda a una nueva convocatoria de conformidad con esta ley.
Cuando la resolución de las cámaras legislativas, que deberá dictarse dentro de las cinco primeras sesiones, fuera expresa o tácitamente- te distinta a la de la junta electoral, cada cámara la comunicara al presidente de la legislatura, para que esta convoque a la asamblea legislativa, la cual resolverá, definitivamente.
*Art. 64 – hecho el cómputo general del distrito o sección electoral correspondiente, en relación a cada uno de los partidos o agrupaciones que hayan obtenido representación, preguntara el presidente si ha y alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiéndose hecho, o después de resueltas por la mayoría de la junta las que se presenten, anunciara en alta voz su resultado, proclamado aquellos candidatos titulares y suplentes que hayan sido elegidos.
Enseguida se inutilizaran, en presencia de los concurrentes, las boletas extraídas de las urnas, con excepción de aquellas a que se hubiesen negado validez o que hubiesen sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta a que se refiere el artículo siguiente, rubricadas por los miembros de la junta y por los candidatos o apoderados que quieran hacerlo (texto según ley 2633, art. 1).
Art. 65 – de todos los actos del escrutinio se levantara un acta general firmada por el presidente de la junta y el secretario respectivo, la cual, acompañada de las protestas y boletas a que se refiere el artículo anterior y de las actas, listas y protestas enviadas por cada una de las mesas del distrito electoral será remitido, en paquetes sellado y lacrados, al presidente de la cámara de diputados, o el de la cámara de senadores, o al de la convención constituyente, o al del concejo deliberante, según el caso.
En dicha acta, la junta señalara las causas que a su juicio fundan la validez o nulidad de la elección. A cada uno de los titulares electos se dará un duplicado de la antedicha acta general para que le sirva de diploma.

Capítulo III juicio de la elección por las cámaras
Art. 66 – es nula la elección de una sección electoral en donde no haya habido elecciones validas en los dos tercios de sus respectivas mesas electorales.
Declarada la nulidad de la elección por las causas antes mencionadas, la junta electoral remitirá a la cámara o cuerpo para cuya renovación o integración se hubiesen practicado las elecciones, su resolución y antecedentes, a los efectos de los prescripto en el art. 71 de esta ley.
En caso de conformidad de la cámara respectiva con la resolución de la junta, aquella lo comunicara al poder ejecutivo para que proceda a una nueva convocatoria de conformidad con esta ley. En el caso contrario se procederá en la forma del artículo siguiente.
Art. 67 – la cámara de diputados y el senado son jueces de la calidad y elección de sus respectivos miembros y de la validez de sus títulos provisorios otorgados por la junta electoral, pero cuando cualquiera de ellas este en disconformidad con los fallos de la junta. Dicha resolución deberá ser considerada por la asamblea legislativa, la que deberá resolver el caso inmediatamente de serlo sometido por la respectiva cámara. La cámara que hubiere producido la disidencia respecto de la anulación de las elecciones de alguna sección electoral, la comunicara inmediatamente al presidente de la legislatura para que este lo convoque y resuelva el caso.
Art. 68 – la asamblea legislativa resolverá en una sesión, los casos a que se refiere el artículo anterior, por mayoría de votos de los presentes y por votación nominal. Sus fallos serán definitivos y cumplidos sin más trámites.
Art. 69 – ambas cámaras se reunirán en sesiones preparatorias durante el mes de mayo, a fin de que para el treinta del mismo mes se encuentren ya constituidas.

Título VII de la junta electoral
Capítulo único
*Art. 70 – una junta electoral permanente compuesta de los ministros de la suprema corte, del presidente del senado y del presidente de la cámara de diputados o sus reemplazantes legales, tendrá a su cargo el nombramiento de los miembros de las mesas receptoras de votos, la organización y funcionamiento de los comicios y los escrutinios provisorios.
La junta electoral por faltas de respeto, dignidad o decoro que se cometan contra ella, o sus miembros individualmente, o cuando de algún modo se perturbe su debido funcionamiento, podrá aplicar a sus autores multas hasta de dos mil pesos argentinos ($ 2000) y arresto que no exceda de treinta días (texto según ley 4840, art. 7).
Art. 71 – la junta electoral juzgara en primera instancia, haciendo los escrutinios provisorios, de la validez o invalidez de cada miembro otorgando a los electos, con sujeción a esta ley, su respectivo diploma.
Su decisión, con todos los antecedentes será elevada a la cámara o cuerpo para cuya renovación o integración se hubieren practicado las elecciones, a los efectos de los juicios definitivos que correspondan con arreglo a las prescripciones de la constitución de la provincia.
Art. 72 – actuara como presidente de la junta electoral el presidente de la suprema corte, o en su defecto, el del senado o el de la cámara de diputados, y, en ausencia de todo estos, sus reemplazantes legales.
En todos los casos el presidente tendrá voz y voto en las deliberaciones y doble voto en caso de empate.
Art. 73 – la junta no podrá adoptar ninguna resolución sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, por lo menos. En caso de impedimento de alguno o de todos ellos, la junta se integrara con los reemplazantes legales respectivos.
Art. 74 – dos meses antes del día fijado por la convocatoria para el acto electoral, la junta se reunirá en el recinto que designe y nombrara un secretario y los empleados que crea necesarios y fijara el horario de su jornada, haciéndola conocer al público por medio de los diarios y demás medios de publicidad que estime convenientes.
El secretario y demás empleados gozaran, mientras duren en sus funciones, del sueldo o emolumento que los fija la junta electoral y sus nombramientos se comunicaran al ministerio de gobierno. Estas remuneraciones estarán exentas de descuentos jubilatorios, seguro mutual, mutualidad y demás leyes sociales cuyo cumplimiento será optativo para el interesado.
Art. 75 – la junta nombrara peritos identificadores para que ejerzan sus funciones cerca de ella, en los casos previstos por esta ley y después que cada cual haya prestado juramento ante el presidente de ejercer fielmente su cargo. El poder ejecutivo, con la debida oportunidad, entregara a la junta electoral los padrones de distrito electoral respectivo y los formularios, sobres, papeles especiales, sellos y urnas que esta debe distribuir a los presidentes de comicios.
Art. 76 – en los primeros treinta días a contar de su constitución, la junta procederá a hacer las designaciones que indica el artículo 74.

Título VIII de la elección de gobernador y vicegobernador de la fecha y forma de la elección
Art. 77 – la elección de gobernador y vicegobernador de la provincia, se practicara de conformidad a lo prescripto en la sección cuarta, capítulo segundo de la constitución de la provincia.
Art. 78 – a los efectos de esta elección se considera a todo el territorio de la provincia como una sola sección electoral.
*Art. 79 – derogado por art. 22, ley 7005.
Art. 80 – la junta electoral practicara el escrutinio y se pronunciara sobre la legalidad de las elecciones, de conformidad a lo dispuesto en la constitución de la provincia y en las disposiciones de la presente ley.
Art. 81– si la junta declarase nula la elección de gobernador y vicegobernador, la asamblea legislativa pronunciara su juicio definitivo sobre ella y en caso de confirmar la nulidad, se comunicara inmediatamente al poder ejecutivo para que haga nueva convocatoria a elecciones en la forma que determina esta ley.
*Art. 81 – bis – serán pasibles de una multa de dos mil pesos argentinos ($a 2.000), los electores que, sin causa justificada, no concurrieran a la reunión en que deba elegirse gobernador y vicegobernador. En la misma pena incurrirán los que se abstuvieran de votar (texto según ley 4840, art. 8).

Título IX de la elección de diputados, senadores, convencionales constituyentes y concejales municipales
Capítulo I
*Art. 82 – en las elecciones de convencionales constituyentes, senadores, diputados y concejales municipales, se seguirá el sistema de representación proporcional. A tal efecto cada elector votara por una sola lista oficializada de candidatos, cuyo número no podrá ser superior al número de cargos
a cubrir.
El escrutinio de la elección se efectuara de la siguiente forma:
A) se hará por listas sin tomar en cuenta las tachas o sustitución es que hubiere efectuado el elector (texto según ley 3130, art. 1).
* B) el total de votos que reúna cada lista se dividirá por uno, por dos, por tres, etc, hasta llegar al número que corresponda del total de cargos a cubrir. No serán consideradas las listas cuyos votos no alcancen el 3% del padrón electoral del distrito o municipio que corresponda (texto según ley 4840, art. 9).
C) los cocientes resultantes de la operación a que se refiere el inciso anterior, serán ordenados decrecientemente, cualquiera sea la lista de que provengan, hasta llegar al número de orden que corresponda a la cantidad de cargos a llenar.
D) el cociente que corresponda al último número de orden de acuerdo repartidora y determinara, por el número de veces que ella este contenida en el total de votos obtenidos por cada lista, la cantidad de cargos correspondientes a esta.
E) dentro de cada lista los cargos se asignaran según el orden en que figuren los candidatos en dicha lista oficializada.
F) en el supuesto que, de acuerdo a las operaciones detalladas precedentemente, un cargo corresponda por igual a candidatos de distintas listas, se adjudicara el de la lista que hubiere obtenido mayor número de votos y en caso de empate, se decidirá por sorteo ante la junta electoral.
*Art. 83 – la junta electoral procederá a proclamar a los candidatos que resultaren electos, de acuerdo al sistema detallado en el artículo anterior.
También proclamará como suplentes, en orden numerativo de la lista respectiva, a todos los restantes. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de los legisladores provinciales y concejales, los sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido. Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva. En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido al titular (texto modificado según ley 7576, art. 2) (his.: texto según ley 3130, art. 1).
Art. 84 – ninguna sección electoral de la provincia podrá ser convocada a elecciones de diputados y senadores integrantes por un número menor de tres, de acuerdo a los artículos 71 y 79 de la constitución.

Capítulo II de la fecha de elecciones
*Art. 85 – las elecciones primarias de precandidatos a cargos electivos provinciales y municipales se realizarán en la misma fecha que las elecciones nacionales.
Los municipios convocarán a elecciones generales para cargos electivos municipales mediante decreto del intendente, pudiendo celebrarse en la misma fecha que las elecciones generales provinciales.
(texto según ley 8619, art. 59)
(his.: texto según ley 7005, art. 22)
(his.: texto según ley 2633, art. 1)

Título X de las elecciones municipales
Capítulo único
Art. 86 – modifica art. 15 inc b ley 1079
Art. 87 – deroga art. 15 inc. C) ley 1079 deroga art. 1 inc. D ley 1300
Art. 88 – modifica art. 24 ley 1079.
Art. 89 – modifica art. 32 ley 1079.
Art. 90 – modifica art. 34 ley 1079.
Art. 91 – modifica art. 41 ley 1079.
Art. 92 – modifica art. 43 ley 1079.
Art. 93 – modifica art. 48 ley 1079.
Art. 94 – modifica art. 60 ley 1079.

Título XI de las secciones electorales
Capítulo único
*Art. 95 – dividase la provincia en cuatro secciones electorales distribuidas en la siguiente forma:
primera sección: capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle que elegirán dieciséis (16) diputados y doce (12) senadores.
Segunda sección: san Martin, Maipú, Rivadavia, Junín, santa rosa y la paz, que elegirán doce (12) diputados y diez (10) senadores.
Tercera sección: Godoy cruz, lujan, tunean, san Carlos y Tupungato, que elegirán diez (10) diputados y ocho (8) senadores.
Cuarta sección: San Rafael, General Alvear y Malargue, que elegirán diez (10) diputados y ocho (8) senadores
(texto según ley 4840, art. 15).
Art. 96 – cuando se produzca elección para integrar la representación
legislativa de una sección electoral, el mandato de los electos durara hasta completar el periodo de los representantes en ejercicio de la misma sección electoral.

Título XII prohición y penas
Capítulo I disposiciones prohibitivas
Art. 97 – durante las elecciones y en el radio del comicio, no habrá más fuerza pública que la de los respectivos presidentes del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir la fuerza pública.
Art. 98 – queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquiera ostentación de fuerza armada en el día del sufragio. Las fuerzas provinciales, con excepción de la policial destinada a guardar el orden, que se encontrase en la localidad en que tenga lugar la elección, se conservaran acuarteladas durante el tiempo de ellas.
Art. 99 – está prohibido a los funcionarios públicos imponer a sus subalternos que se afilien a partidos, o que voten por partidos determinados. Queda prohibido también utilizar vehículos de propiedad del estado, cualquiera sea su naturaleza, en la campaña pre electoral como asimismo el día del comicio, en tareas no oficiales. La misma prohibición se extiende a los vehículos pertenecientes a reparticiones autárquicas o descentralizadas.
Art. 100 – queda prohibida a los jefes y oficiales superiores de líneas armadas y autoridades policiales nacionales o provinciales, encabezar grupos de ciudadanos durante la elección y hacer valer en cualquier momento la influencia de sus cargos para contar la libertad de sufragio y, asimismo, hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.
Art. 101 – queda prohibida toda reunión de electorales o depósitos de armas en lugar situado dentro del radio de cien metros de la mesa receptora de votos. Si el local fuese tomado a viva fuerza, el propietario o inquilino deberá dar aviso inmediato a las autoridades policiales.
Art. 102 – durante las horas de comicio, quedan prohibidos los espectáculos populares al aire libre, o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas.
*Art. 103 – durante el día del comicio, hasta pasada dos horas de las clausura del mismo, no será permitido tener abiertas las casas destinadas a expendió de bebidas alcohólicas de cualquier clase.
Desde el día de la convocatoria, hasta el día de la elección a la hora fijada para la clausura de los comicios, queda prohibido en los comités políticos y locales de reunión de electores, el uso y suministro de cualquier bebida alcohólica o que contenga alcohol, así como también el reparto de dinero o efectos y la realización de toda clase de juegos de azar.
*exceptuase de la prohibición de venta de alcohol a los establecimientos que vendan comidas para consumir en el mismo local, en cuyo caso podrá suministrarse bebidas alcohólicas para acompañar las comidas. (Último párrafo incorporado por art. 23, ley 7005).
Art. 104 – es prohibido a los electores la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos desde la diez y ocho horas del día anterior de la elección hasta la terminación de los comicios.

Capítulo II violación de la ley electoral
Art. 105 – toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación, ejercitados por los empleados o funcionarios públicos de cualquier categoría, como también por cualquier persona contra los electores antes del acto eleccionario o durante el mismo, serán considerados como un atentado contra el derecho y libertad electoral y penados con prisión o arresto inconmutables conforme a lo establecido en esta ley.
Art. 106 – comete violación contra el ejercicio del sufragio, toda persona particular o publica que, por hechos u omisiones y de un modo directo o indirecto, impida o contribuya a impedir que las elecciones y actos conexos no se realicen con arreglo a la constitución y a la presente ley.
La intención delictuosa se presume siempre en las violaciones de las leyes electorales.
Art. 107 – tanto los funcionarios públicos como los particulares que falsificasen, adulterasen, destruyesen, sustrajesen, sustituyesen o modificasen cualquiera de los registros, actas, documentos y otros actos electorales, antes, durante o después de la elección, o que se cooperen, concurran o faciliten aquellos actos, sufrirán la pena que para cada uno de estos casos establece el código penal. El juicio sobre estos delitos será absolutamente independiente de la aprobación o desaprobación del acto electoral por las cámaras o cuerpos correspondientes.
*Art. 108 – serán penados:
*1) con multa de mil pesos argentinos ($1000) por la primera infracción y de tres mil pesos argentinos ($ 3000) en caso de reincidencia, los presidentes o encargados de comités o locales de reunión de electores que infringieran la segunda parte del art. 103. Si la infracción se cometiera el día de la elección entre la apertura y clausura de los comicios, las multas serán el doble de las ya establecidas anteriormente. Establecerse equivalencia de diez y treinta mil pesos argentinos respectivamente, de veinte y sesenta días de arresto respectivamente, en caso de que por violación de este articulo el día del comicio hubiera de aplicarse el doble de dichas multas
(texto según ley 4840, art. 16).
2) iguales multas se aplicaran a los presidentes de partidos y a los presidentes y encargados de comités o locales de reunión de afiliados
que infrinjan la disposición del art. 16 de esta ley.
3) con quince días de arresto, los que hicieren uso de banderas, divisas y otros distintivos, desde la diez y ocho horas del día anterior a la elección hasta la terminación de los comicios.
4) con tres meses de arresto los que portasen armas durante el mismo tiempo.
5) con la misma pena los que con dicterios, amenazas, injurias o cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del su fragante.
6) también con la misma pena los dueños de las casas en que se expendan bebidas si burlasen la prohibición de la primera parte del art. 103 y con la misma pena los infractores del art. 102.
7) con cuatro meses de arresto los que venden votos; con seis meses de arresto los que compren votos.
8) con seis meses de arresto los que pretendan votar o voten con nombre supuesto.
9) con las mismas penas los que con cualquier ardid, engaño o seducción secuestrasen al elector durante las horas del comicio impidiéndole dar su voto; con ocho meses si para ello usasen violencia.
10) con un año de prisión los dueños o inquilinos principales de las casas a que se refiere el art. 102, si no diesen aviso a la autoridad al conocer el hecho.
11) con la misma pena los que detuviesen, demorasen, o estorbasen con cualquier medio a los mensajeros, chasques o agentes encargados de la conducción de los pliegos de cualquiera de las autoridades de la ejecución de la ley.
*12) todo acto que importe una infracción o cualquiera de las disposiciones de la presente ley y que no tenga especificada en la misma una sanción especial, será penada con multa de cien a mil pesos argentinos, o arresto de dos días a tres meses. (texto según ley 4840, art. 16)
Art. 109 – serán penados con prisión de una año a diez y ocho meses, los particulares que realicen los siguientes hechos:
1) el secuestro de funcionarios a quienes esta ley encomienda los actos preparatorios y ejecutivos de las elecciones privándolos del ejercicio de sus funciones.
2) la promoción de desórdenes que tenga por objeto suspender la votación o impedirla por la fuerza.
3) el apoderarse de casas situadas dentro de un radio de cien metros
alrededor de un recinto del comicio, como lo prevé el artículo 102.
Art. 110 – serán igualmente penados con prisión de un año a diez y ocho meses, los funcionarios públicos que, en violación de esta ley, contribuyan a uno de los actos o una de las omisiones siguientes:
1) a que las listas electorales, ya preparatorias, ya definitivas no sean formadas con exactitud o no permanezcan expuestas al público por el tiempo y en los lugares prescriptos.
2) a todo cambio de día, horas o lugares, preestablecidos para las distintas formalidades de la ley.
3) a toda práctica fraudulenta de las operaciones de formación de las listas y demás documentos y actas escritas.
4) a que las actas, formulas o informes de cualquier clase que la ley prevé no sean redactadas en su forma legal o no sean firmadas o transmitidas en tiempo oportuno o por las personas que deban suscribirlas.
5) a proclamar un falso resultado de una votación y hacer cualquier otra declaración falsa u otro hecho que importe ocultar la verdad en el curso de la operación electoral.
Art. 111 – están sujetos a la pena de uno a diez y ocho meses de prisión los autores y cooperadores de los siguientes hechos;
1) el presidente del comicio que, debiendo prestar amparo a un elector según lo dispuesto en el art. 4o, no lo hiciese.
2) el empleado agente de policía que estando a las órdenes del presiente del comicio, no le obedeciese.
3) el que debiendo recibir o conducir listas o actas de una elección y los que estando encargados de su conservación y custodia, quebrantasen los sellos o rompiesen los sobres que las contengan.
4) los empleados civiles, militares o policiales que interviniesen para dejar sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales y los que teniendo a sus órdenes fuerzas armadas hiciesen reuniones para influir en las elecciones.
5) los que desempeñando alguna autoridad, privasen por cualesquiera otros medios de recurso, de la libertad personal de un elector, impidiéndole dar su voto.
6) todos los funcionarios creados por esta ley, cuando no concurran al ejercicio de su mandato o injustificadamente lo abandonen, después
de entrar en el o impidiesen o influyesen para que otros no cumplan con su deber.
7) los autores de intimidación y cohecho, consistiendo la primera en actos que hayan debido infundir temor de daño y perjuicio a un espíritu de ordinaria firmeza y el segundo, en el pago o promesa de pago de algo apreciable en dinero y por parte del que desempeña funciones públicas, la promesa de dar o de conservar un empleo.
*Art. 112 – el elector que sin causa legítima dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en el distrito donde se encuentre inscripto, será penado:
1) con la publicación de su nombre por la junta electoral, como censura por haber dejado de cumplir su deber electoral. (texto según ley 4840, art. 17)
2) con multa de cien pesos argentinos ($ a 100) y en caso de reincidencia con el doble de la multa que se le haya impuesto por la infracción anterior.
(texto según ley 4840, art. 17)
3) las autoridades policiales o militares de cualquier categoría que sean, no tendrán injerencia alguna en la iniciación de estos juicios ni podrán, con el pretexto de hacer efectivo el voto obligatorio, compeler a los ciudadanos a concurrir a los comicios, so pena de multa de cien a dos mil pesos argentinos, que será impuesta con sujeción a lo dispuesto en la última parte del inciso anterior. (texto según ley 4840, art. 17)
Art. 113 – no incurrirán en dicha pena los que dejaren de votar por
residir a más de quinientos kilómetros de la mesa, o haber tomado nuevo domicilio en otro colegio electoral, lo que deberán constar en el mismo día de la elección, ante el juez de paz o autoridad más cercana. Tampoco incurrirá en ella los impedidos por enfermedad, por ausencia del país o por causa justificada o por otro impedimento legitimo debidamente comprobado ante el juez competente.
*Art. 114 – el o los apoderados y/o fiscales de los partidos que hicieren la falsa impugnación de identidad contra algún lector estarán obligados a pagar a este, una indemnización de dos mil pesos argentinos ($a 2000) si hubiere quedado arrestado hasta la comprobación a que se refiere el artículo 59, salvo prueba de haber procedido de buena fe. El interesado podrá hacer efectivo el cobro de la multa por la vía ejecutiva ante la justicia provincial
(texto según ley 4840, art. 18).
Art. 115 – la acción para acusar por falta o delitos definitivos en esta ley será pública y se podrá ejercer hasta dos meses después de cometidos aquellos. El procedimiento será sumario y el juicio deberá sustanciarse y fallarse en el término de treinta días a instancia fiscal o de cualquier ciudadano.
*Art. 116– todos los juicios motivados por infracción a esta ley serán sustanciados ante los jueces correccionales.
Cuando recaiga contra funcionarios que por la constitución nacional o provincial gocen de inmunidades para estar en juicio, este no podrá llevarse adelante sin que previamente se hayan levantado las inmunidades por quien corresponda. (texto según ley 4840, art. 19).
Art. 117 – todos los juicios que se sustancien ante cualquier autoridad o tribunal singular o colegiado, por infracciones a esta ley o en sostenimiento, defensa o garantía del ejercicio del sufragio, serán breves y sumarios.
No son admisibles en ellos cuestiones previas, pues deben ventilarse y quedar resueltas en un solo y mismo acto.
Art. 118 – todas las faltas y delitos electorales podrán ser acusados por cualquier elector, con tal que pertenezca a la misma sección electoral o departamento, en su caso, según la naturaleza de la elección, sin que el demandante este obligado a dar fianza ni caución alguna, sin perjuicio de las acciones y derechos del acusado si la acusación es maliciosa.
*Art. 119 – las reglas a observar en estos juicios son las siguientes:
1) presentada la denuncia el tribunal citara al acusador y el acusado a juicio verbal dentro de los diez días posteriores a la acusación.
2) si se ofreciere prueba y resultase necesaria su producción, se podrá fijar un término de tres días, durante los cuales deberán practicarse todas las diligencias conducentes a tal fin.
3) los jueces, a petición de parte podrán solicitar de quien corresponda la remisión del documento que se denuncia como falsificado o adulterado a los efectos del juicio y vencido los tres días fijados en el inciso anterior y recibido el documento o documentos pedidos,
se citara inmediatamente a una nueva audiencia en la cual depondrán los testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, levantándose acta de lo actuado todo y se citara en el mismo acto a las partes para sentencia, la que se dictara dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al comparendo, previa lista fiscal.
*4) el retardo de justicia en estos casos será penado con multas de doscientos a quinientos pesos argentinos. (texto según ley 4840, art. 20)
5) el procedimiento de las causas electorales continuara aunque el querellante desista y la sentencia que se diese producirá ejecutoria no obstante se dicte en rebeldía del acusado.
Art. 120 – derogado x ley 4840 – art. 21
Art. 121 – a objeto de asegurar la libertad, seguridad e inmunidad individual o colectiva de los electores, las autoridades respectivas mantendrán abiertas sus oficinas durante las horas de la elección para recibir y resolver verbal e inmediatamente las reclamaciones de los electores que se viesen amenazados o privados del ejercicio del voto por cualquier causa.
A ese efecto, el elector por si u otro ciudadano en su nombre, por escrito o verbalmente, podrá denunciar el hecho ante el juez respectivo y las resoluciones de este funcionario se cumplirán sin más trámites, por medio de la fuerza pública si fuera necesario.
*Art. 122 – cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una multa por falta de recursos del condenado, este sufrirá arresto de un día por cada cincuenta pesos argentinos ($a 50) (texto según ley 4840, art.22).
Art. 123 – todas las multas que por esta ley se establecen, serán a beneficio de la dirección general de escuelas, siendo parte su representante legal en los juicios respectivos al solo efecto de perseguir el cobro, una vez aplicada por sentencia firme de los jueces correspondientes.

Disposiciones transitorias
Art. 124 – dejase sin efecto, por esta sola vez, la disposición contenida en el primer apartado del art. 85 de esta ley en cuanto determina que las elecciones de diputados, senadores y concejales, tendrán lugar el primer domingo de abril, estableciéndose que las próximas elecciones de dicho carácter, se realizaran el último domingo del mes de abril de 1959.
Art. 125 – por esta sola vez, la junta electoral podrá ejercer las facultades que le acuerda el art. 74o de esta ley, con veinte días de anticipación a la fecha fijada por la convocatoria para el acto eleccionario.
Art. 126 – por esta sola vez, las municipalidades harán entrega de las libretas cívicas a los interesados, en el plazo de diez días de publicado el padrón definitivo, quedando a estos efectos suspendido el plazo de treinta días que exige el art. 24 de la ley no 1079.
En caso de que alguna comuna considere imposible el cumplimiento de la previsión de la libreta cívica municipal, podrá expedir un instrumento supletorio, para cuyo otorgamiento el interesado deberá acreditar su identidad con alguno de los siguientes documentos:
a) cedula de identidad expedida por la policía de cualquier provincia argentina o por la policía federal;
b) pasaporte debidamente visado;
las municipalidades entregaran a los electores extranjeros, un certificado en el cual constara su carácter de tales y quedara libre un espacio adecuado para que las autoridades comiciales anoten el cumplimiento de los deberes del sufragio.
El elector extranjero deberá exigir al presidente de la mesa receptora de votos ambas constancias, la de identidad y la de inscripción.
Art. 127 – para las elecciones municipales del último domingo del mes de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, se utilizara el padrón de extranjero, con la inclusión de los electores de ambos sexos, sean o no contribuyentes, confeccionado de acuerdo con el decreto-ley no 5924/57.
*Art. 128 – los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se tomaran de rentas generales, con imputación a la misma. (texto según ley 2633, art. 2)
Art. 129 – derogase toda disposición que se oponga a la presente.
Art. 130 – comuníquese al poder ejecutivo.

LEY 8.619 – Ley PASO
MENDOZA, 19 de Noviembre de 2013
(LEY GENERAL VIGENTE)
(NDR.: VER SUSPENSION INCORPORADA POR DECRETO 2075/2014)

B.O. : 18/12/2013
NRO. ARTS. : 0065
TEMA : ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTANEAS OBLIGATORIAS LEMAS PASO
CÓDIGO ELECTORAL PARTIDOS POLÍTICOS JUNTA

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TÍTULO I
ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS.

CAPÍTULO I
ELECCIONES PRIMARIAS

Artículo 1º – Elecciones Primarias: Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar a sus candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales mediante elecciones primarias, abiertas, en forma simultánea, en todo el territorio provincial, en un solo acto electivo, mediante voto secreto y obligatorio, conforme las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2º – Definiciones: Entiéndase por agrupaciones políticas a los partidos políticos, alianzas y confederaciones conformados de acuerdo a la Ley 4.746.

En adelante, se denomina elecciones primarias a las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias por las cuales las agrupaciones políticas deberán seleccionar a todos sus candidatos a cargos electivos provinciales y municipales.

Entiéndase por Junta Electoral Provincial a la Junta Electoral Permanente prevista en el Artículo 55 de la Constitución de la Provincia.

Artículo 3º – Fecha de convocatoria y realización de las elecciones primarias:
La convocatoria a elecciones primarias deberá realizarla el Poder Ejecutivo Provincial con una antelación no menor a los noventa (90) días corridos previos a su realización.

Las elecciones primarias y generales podrán celebrarse en la misma fecha que las elecciones primarias y generales nacionales. Para las elecciones del año 2.017 en adelante el Poder Ejecutivo Provincial no podrá adherir a lo dispuesto por la Ley Nacional 15.262 y su Decreto Reglamentario 17.265/59, debiendo aplicarse la
legislación provincial electoral para la elección de cargos provinciales y municipales para elecciones primarias y generales.

Artículo 4º – Autoridad de Aplicación, Competencia y Facultades: La Junta Electoral Provincial será autoridad de aplicación del presente régimen de elecciones primarias. A tal efecto acordará con la Junta Electoral Nacional todas las medidas tendientes para la realización del acto electoral en conjunto dentro de las limitaciones establecidas en el Art. 122 de la Constitución Nacional y la Sección II de la Constitución de la Provincia.

En todo lo que no se encuentre modificado por la presente Ley y resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto por la Ley Electoral Provincial Ley 2.551 y sus modificatorias, la Ley de Partidos Políticos 4.746 y sus modificatorias y en la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 y sus modificatorias.

Artículo 5º – Designación de pre candidatos: La designación de los pre candidatos es una facultad exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo respetar las respectivas Cartas Orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Provincial, la Ley Electoral 2.551, y sus modificatorias, de Partidos Políticos 4.746 y sus modificatorias y la presente. Los partidos pueden reglamentar la participación de extra partidarios en sus cartas orgánicas.

Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas, debiendo respetar la normativa general que resulte de aplicación.

Artículo 6º – Avales: Las listas de pre candidatos a Concejales, Intendentes, Senadores y Diputados Provinciales, Convencionales Constituyentes, Gobernador y Vicegobernador, deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al tres por ciento (3%) del padrón de afiliados a la agrupación, en la Provincia, Distrito o Municipio, según corresponda.

Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista. En caso que un afiliado hubiera avalado más de una lista, dichos avales se tendrán por inexistentes.

Artículo 7º – Pre candidatos: Los pre candidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en la lista de una (1) sola agrupación
política y para una (1) sola categoría de cargos electivos.

CAPÍTULO II
ELECTORES

Artículo 8º – Obligatoriedad: En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al Registro Nacional de Electores confeccionado por la Justicia Nacional Electoral para la elección general respectiva, utilizándose el mismo padrón que para la elección general, donde constarán todas las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección general (art.7 Ley 26.774). El incumplimiento de este deber no implicará sanción para los menores de dieciocho (18) años.

El elector votará en el mismo lugar en las dos elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente por los medios masivos de comunicación.

Artículo 9º – Voto: Los electores deben emitir un (1) solo voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.

Se dejará constancia de la emisión del voto de la misma manera que para las elecciones generales.

CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE LISTAS PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS

Artículo 10° – Solicitud. Plazo: Hasta cincuenta y cinco (55) días antes de las elecciones primarias las agrupaciones políticas deberán solicitar a la Junta Electoral Provincial la asignación de colores para las boletas a utilizar en las elecciones primarias y la elección general.

Las boletas de todas las listas de una misma agrupación tendrán el mismo color o número, los que no podrán repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el blanco. Aquellas que no hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color blanco.

Cuando para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a los cargos nacionales, prevista en la Ley Nacional 26.571, el Juzgado Federal con competencia electoral asigne colores a las agrupaciones nacionales, los mismos serán utilizados también por las agrupaciones de distrito de cada agrupación nacional para la postulación de pre candidatos para cargos electivos provinciales y municipales.

Artículo 11° – Presentación. Plazo. Requisitos: Las listas de pre candidatos se deben presentar ante la Junta Electoral de cada agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas deben cumplir con los siguientes requisitos:

1) Número de pre candidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de pre candidatos de cada sexo de conformidad con lo dispuesto por la legislación provincial vigente.

2) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de
documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales
pertinentes.

3) Designación de apoderado y responsable económico-financiero de lista y constitución de domicilio especial en la ciudad asiento de la junta electoral de
la agrupación.

4) Denominación de la lista, mediante nombre. No podrán utilizar el nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integraren.

5) Avales conforme lo establecido en el Artículo 6 de la presente Ley.

6) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar la plataforma electoral de la lista.

7) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá.

Las listas podrán presentar copia de la documentación descripta anteriormente ante la justicia electoral.

Artículo 12 – Oficialización. Recursos: Presentada la solicitud de oficialización, la Junta Electoral de cada agrupación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral Provincial 2.551 y modificatorias, la Carta Orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la información necesaria a la Junta Electoral Provincial, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización la Junta Electoral partidaria dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y deberá notificarla a las listas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas.

Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse por escrito y fundada ante la Junta Electoral partidaria dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada. La misma deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación.

La solicitud de revocatoria podrá acompañarse del recurso de apelación en forma subsidiaria en base a los mismos fundamentos.

Ante el rechazo de la revocatoria planteada, la Junta Electoral partidaria elevará el expediente sin más a la autoridad electoral competente dentro de las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución confirmatoria, la resolución de la junta electoral de la agrupación puede ser apelada por cualquiera de las listas de la propia agrupación ante el juzgado con competencia electoral del distrito, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, fundándose en el mismo acto.

El juzgado electoral deberá expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas.

Los recursos de revocatoria y apelación interpuestos contra las resoluciones que rechacen la oficialización de listas serán concedidos con efecto suspensivo.

Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse indistintamente en forma personal ante ella, por acta notarial, por telegrama con copia certificada y aviso de entrega, por carta documento con aviso de entrega, o por publicación en el sitio web oficial de cada agrupación política.

Artículo 13 – Comunicación: La resolución de oficialización de las listas una vez que se encuentra firme, será comunicada por la Junta Electoral de la agrupación, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la Junta Electoral de la Provincia, la que deberá informar a la autoridad electoral pertinente a los efectos de la asignación de los espacios publicitarios, haciéndose también la comunicación al Gobierno de la Provincia a los mismos fines.

CAPÍTULO IV
BOLETA DE SUFRAGIO

Artículo 14 – Requisitos. Oficialización: Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en la Ley Electoral Provincial y en la reglamentación que a tal efecto se dicte.

Además de los requisitos establecidos en la Ley Electoral Provincial, cada sección deberá contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.

Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la Junta Electoral de la agrupación política dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación.

Producida la oficialización la Junta Electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de la autoridad electoral, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de la realización de las elecciones primarias. Podrán insertarse fotografías de candidatos en las boletas.

Las juntas electorales de las agrupaciones políticas podrán autorizar en el reglamento electoral la adhesión de boletas.

CAPÍTULO V
CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 15 – Inicio. Finalización: La campaña electoral de las elecciones primarias sólo podrá iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de los comicios. La publicidad electoral audiovisual solo podrá realizarse desde los veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones primarias.

En ambos casos finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.

Artículo 16 – Límite de gasto de campaña: Los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del límite de gastos de campaña para las elecciones generales.

Cada una de las listas dentro de cada una de las agrupaciones políticas tendrá el mismo límite de gastos, los que en su conjunto no podrán superar lo establecido precedentemente.

La junta electoral de la agrupación establecerá dicho límite para cada lista en forma equitativa.

Por la lista interna que excediere el límite de gastos dispuesto precedentemente, serán responsables solidariamente y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del monto en que se hubiere excedido, los precandidatos y el responsable económico-financiero designado.

Artículo 17 – Prohibición de contratación: Las agrupaciones políticas, y sus listas internas, tanto para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como para la elección General, no pueden contratar en forma privada, por sí o por terceros, publicidad en emisoras de radiodifusión
televisiva o sonora abierta o por suscripción, en vía pública ni en medios gráficos.

Si una lista interna o agrupación política contratara por si, o terceros contrataran en su favor, publicidad en violación de dicha prohibición, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente.

Asimismo, detectada la irregularidad, la Junta Electoral deberá ordenar el cese inmediato de la publicidad contratada fuera del marco de la presente Ley.

Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, se notificará de ello a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a efectos de aplicar las sanciones previstas por el Artículo 106 de la Ley 26.522.

Si una empresa difundiera publicidad gráfica o en vía pública en violación del presente artículo, la misma no podrá contratar con la Provincia ni con los Municipios por el plazo de dos (2) años.

Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna o agrupación que contrataren publicidad en violación al primer párrafo del presente artículo, serán solidariamente responsables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada.

Artículo 18 – Espacios publicitarios. Distribución: Los espacios de publicidad  electoral en medios audiovisuales asignados por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de conformidad con lo dispuesto en el régimen del Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nacional 26.215 y al Artículo 35 de la Ley Nacional 26.571 y sus respectivas modificatorias y complementarias a los que se adhiere por la presente, serán distribuidos entre las agrupaciones de conformidad a los criterios establecidos en dicha normativa tanto para las elecciones primarias como generales. A su vez serán distribuidos por cada agrupación entre las listas oficializadas por sorteo público y en partes iguales.

El Estado Provincial, por Ley de Presupuesto, deberá prever una partida específica destinada a financiar la contratación de espacios de publicidad electoral en medios gráficos y vía pública. En caso que la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior no asignara los cupos previstos en el párrafo anterior, el Estado Provincial deberá contratar espacios de publicidad también en los medios audiovisuales de la Provincia. Asimismo se deberá asignar espacios en la señal oficial de la Provincia y se podrá celebrar convenio con la Universidad Nacional de Cuyo así como con otros titulares de señales audiovisuales al mismo fin.

Todos los espacios de publicidad contratados por el Poder Ejecutivo se distribuirán entre las agrupaciones, tanto para las elecciones primarias como para las generales, el cincuenta por ciento (50%) en forma igualitaria entre las agrupaciones y el resto en proporción a los votos obtenidos en la última elección para Senadores Provinciales.

Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la última elección conformando una alianza o confederación, la última suma correspondiente al mismo se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los referidos partidos al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.

Al menos el veinte por ciento (20%) de los espacios de publicidad que reciban los partidos políticos deberá destinarse a la difusión de las precandidaturas y candidaturas a cargos municipales.

Artículo 19 – Sanciones al incumplimiento en las contrataciones: Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos o espacios de difusión para las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que no cumplieran con lo prescripto en el artículo anterior. La gradualidad de las sanciones será
establecida por la autoridad de aplicación sobre la base del monto, gravedad o reincidencia del incumplimiento. Asimismo, el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a cinco (5) años, para el ejercicio de sus derechos de ser elegido en las elecciones a cargos públicos, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios. Idénticas sanciones serán aplicables a los responsables de las alianzas y de cada uno de los partidos políticos que las integran.

Serán sujetos a multas todos aquellos partidos políticos que contrataren publicidad y/o publicitaren en radio y televisión fuera de los tiempos y criterios que establece la presente ley; así como también serán multadas las empresas que hicieren publicidad fuera de los tiempos y criterios establecidos en esta ley.

En el supuesto de incumplimiento o transgresión de lo establecido en esta Ley en relación a los tiempos y criterios estipulados para la publicidad electoral por parte de los partidos políticos las multas aplicables a estos irán desde el doble del monto del gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto.

Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna que contrataren publicidad en violación a lo dispuesto por el artículo anterior serán solidariamente responsables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada.

En el supuesto de incumplimiento o transgresión de lo establecido en esta Ley en relación a los tiempos y criterios estipulados para la publicidad electoral, las empresas serán sujetos de sanción con multa desde el doble del monto del gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto según corresponda. Asimismo la conducta será considerada falta grave y comunicada para su tratamiento a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por la Ley 26.522 y sancionada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 106 de dicha ley.
Los importes de todas las multas aplicadas en virtud de esta ley integrarán el Fondo Permanente.

Artículo 20 – Autoridad de aplicación: Establézcase que el órgano de Fiscalización y Control en materia de rendición de cuentas en todos los rubros expresados en la presente Ley será la Junta Electoral Provincial.

El control del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 18 y la aplicación de las sanciones correspondientes será realizado por la Junta Electoral Provincial en base al informe de una auditoría independiente que se realizará sobre todos los medios de publicidad de campaña. En caso de incumplimiento por parte de un partido de distrito, el mismo deberá ser comunicado a la Justicia Federal con competencia electoral en la Provincia a efectos de la aplicación de
las sanciones pertinentes.

La contratación y realización de dicha auditoría será supervisada por la Comisión creada por el Artículo 62 de la presente.

Artículo 21 – Presentación informe final. Sanciones: Veinte (20) días después de finalizada la elección primaria, el responsable económico-financiero de cada lista interna que haya participado de la misma, deberá presentar ante el responsable económico-financiero de la agrupación política, un informe final detallado sobre todos los aportes recibidos, con indicación de origen, monto, nombre y número de documento cívico del donante, número de CUIL para el caso de personas jurídicas, así como los gastos realizados durante la campaña electoral.
El informe debe contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para las campañas generales, y consignar al menos los siguientes rubros:

1) Gastos de administración.

2) Gastos de oficina y adquisiciones.

3) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política
incluyendo publicaciones.

4) Gastos de realización de actos de campaña.

5) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión.

6) Servicios de transporte.

7) Gastos judiciales y de rendición de cuentas.

8) Gastos de impresión.

La no presentación del informe previsto en el párrafo anterior, hará pasible solidariamente a los precandidatos y al responsable económico-financiero de la lista interna, de una multa equivalente cinco por ciento (5%) límite de gastos de la agrupación para la primaria.

Una vez efectuada la presentación del informe final por la agrupación política en los términos del siguiente artículo, el responsable económico-financiero de la lista interna deberá presentar el informe final ante la Junta Electoral Provincial, para su correspondiente evaluación y aprobación.

Los partidos que presenten listas en elecciones municipales desdobladas, también deberán presentar el informe final.

Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo para la presentación del informe final por el responsable económico-financiero de la lista interna ante la agrupación política, la Junta Electoral de la Provincia podrá disponer la aplicación de una multa a los precandidatos y al responsable económico- financiero, en forma solidaria, equivalente al cinco por ciento (5%) límite de gastos de la agrupación para la elección primaria y la inhabilitación de los candidatos por hasta dos (2) elecciones. La determinación de la autoridad competente a los efectos de la recaudación de las multas establecidas en el presente artículo será establecida por la reglamentación pertinente.

Artículo 22 – Informe de Campaña. Sanciones: Treinta (30) días después de finalizada la elección primaria, cada agrupación política que haya participado de la misma debe realizar y presentar ante la Junta Electoral de la Provincia, un informe final detallado sobre los aportes públicos y privados recibidos, discriminados por lista interna con indicación de origen y monto, así como los gastos realizados por cada lista, durante la campaña electoral.

El informe debe contener lo dispuesto para las campañas generales regulado en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y al menos los rubros consignados en el artículo anterior, y será confeccionado en base a la información rendida por las listas internas que cumplieren con lo dispuesto en el artículo precedente, indicándose asimismo las que no lo hubieren hecho.

El incumplimiento de la presentación del informe final de campaña, en la fecha establecida, facultará a la Junta Electoral a aplicar una multa equivalente al uno por ciento (1%) del límite de gastos de la agrupación para la primaria, por cada día de mora en la presentación.

Transcurridos noventa (90) días, desde el vencimiento del plazo de que se trata, podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución a la Autoridad Competente nacional o provincial según corresponda.

CAPÍTULO VI
ELECCIÓN Y ESCRUTINIO

Artículo 23 – Mesas de votación y autoridades: los lugares de ubicación de las mesas de votación y las autoridades de las mismas deberán ser coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año, salvo modificaciones imprescindibles.

La reglamentación establecerá el modelo de actas de escrutinio que serán utilizadas en las elecciones primarias provinciales y municipales. En ellos deberán distinguirse sectores con el color asignado a cada agrupación política, subdivididos a su vez de acuerdo a las listas internas que se hayan presentado, consignándose los resultados por lista y por agrupación para cada categoría.

Artículo 24 – Elección Conjunta: Las elecciones primarias para candidatos a cargos electivos provinciales y municipales se podrán realizar en la misma fecha y en forma conjunta con las elecciones primarias nacionales, pudiendo realizarse bajo las mismas autoridades de los comicios y de escrutinio, en la forma que establezca la legislación provincial.

Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la compensación en concepto de viático por su desempeño, la realización del escrutinio y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, resultarán de aplicación las normas pertinentes del régimen electoral vigente para la elección general.

Además se tendrá en cuenta que:

1) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas oficializadas correspondientes a la misma lista y categoría, se computará sólo una de ellas, destruyéndose las restantes.

2) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de distintas listas, en la misma categoría, aunque pertenezcan a la misma agrupación política.

Artículo 25 – Fiscales: Las listas internas de cada agrupación política reconocida pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También podrán designar fiscales generales por sección que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permitirá la actuación simultánea en una mesa de más de un (1) fiscal por lista interna de cada agrupación política. Respecto a la misión, requisitos y otorgamiento de poderes a fiscales y fiscales generales resultarán de aplicación las normas pertinentes del régimen electoral vigente para la elección general.

Artículo 26 – Acta de Cierre: Concluida la tarea del escrutinio provisorio por las autoridades de mesa se consignará en el acta de cierre, la hora de finalización de los comicios, número de sobres, número total de sufragios emitidos, y el número de sufragios para cada lista interna de cada agrupación política en letras y números.

Asimismo deberá contener:

1) Cantidad, en letras y números, de votos totales emitidos para cada agrupación política y los logrados por cada una de las listas internas por categorías de cargos, el número de votos nulos, así como los recurridos, impugnados y en blanco;

2) El nombre del presidente, el suplente y fiscales por las listas que actuaron en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acta del escrutinio o las razones de su ausencia;

3) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.

El acta de escrutinio debe ser firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno de éstos no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente dejará constancia circunstanciada de estos hechos. Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio que será suscripto por él, por los suplentes y los fiscales, dejándose constancia circunstanciada si alguien se negara a firmarlo.

El fiscal que se ausente antes de la clausura de los comicios señalará la hora y motivo del retiro y en caso de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales presentes o la autoridad electoral.
Asimismo, se dejará constancia de su reintegro en caso de que éste se produzca.

Artículo 27 – Resultado. Comunicación: una vez suscritas el acta de cierre, las actas de escrutinio y los certificados de escrutinio para los fiscales, el presidente de mesa comunicará el resultado del escrutinio de su mesa a la autoridad electoral mediante un telegrama consignando los resultados de cada lista interna de cada respectiva agrupación política según el modelo que confeccione el correo oficial y apruebe dicha autoridad, a efectos de su difusión preliminar.

CAPÍTULO VII
PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS

Artículo 28 – Escrutinio definitivo: para integrar la lista definitiva de candidatos a todos los cargos electivos, las agrupaciones políticas aplicarán el sistema de distribución de cargos que establezca en su carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria, debiendo garantizarse siempre la representación de las minorías.

Deberá asimismo garantizarse en las listas de senadores y diputados provinciales, convencionales constituyentes y concejales, un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en proporciones con posibilidad de resultar electas; lo que se materializará dividiendo cada lista en tercios, asegurando como mínimo la participación de una mujer en cada tercio.

La autoridad electoral pertinente efectuará el escrutinio definitivo de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas y comunicarán los resultados a las juntas electorales de las respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la lista definitiva.

Las juntas electorales de las agrupaciones políticas notificadas de acuerdo a lo establecido precedentemente, efectuarán la proclamación de quienes resulten electos, y la notificarán a la Junta Electoral Provincial, la que tomará razón de los candidatos así proclamados, a nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos.

Los candidatos electos en las elecciones primarias que renuncien a su candidatura sin una causa de fuerza mayor debidamente justificada serán inhabilitados por el término de cinco (5) años, para el ejercicio de su derecho a ser elegido y al ejercicio de cargos públicos y partidarios.

Artículo 29 – Porcentaje para postulación de candidatos:

Las agrupaciones políticas sólo podrán participar de la elección general postulando candidatos para convencionales constituyentes, senadores y diputados provinciales cuando hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas, igual o superior al tres por ciento (3%) de los votos afirmativos válidamente emitidos en el distrito de que se trate.

Para las categorías de concejales e Intendente dicho porcentaje se computará en cada Municipio y para gobernador y vicegobernador en el territorio de toda la Provincia.

Artículo 30 – Postulación de Candidatos. Plazo: hasta cincuenta (50) días antes de la elección general, las agrupaciones políticas que hubieren alcanzado los votos establecidos en el artículo anterior deberán registrar ante la autoridad electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

Las listas que se presenten para candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y convencionales constituyentes, deben contener un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en proporciones con posibilidad de resultar electas; lo que se materializará dividiendo cada lista en tercios, asegurando como mínimo la participación de una mujer en cada tercio. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos requisitos.

Las agrupaciones políticas sólo podrán postular como candidatos a los comicios generales a los que resultaron electos y por las respectivas categorías en la elección primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.

TÍTULO II
REFORMAS A LA LEY 4.746 – ORGÁNICA DE PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 31 – Modifícase el Artículo 8 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 8:

1. Partidos políticos provinciales son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a Concejales, Senadores y Diputados Provinciales, Convencionales Constituyentes, Intendentes y Gobernador y Vicegobernador; y se constituyen de acuerdo a lo establecido en la presente.

2. Partidos políticos municipales son aquellos que se encuentran habilitados para postular candidatos a Concejales e Intendente, dentro del ámbito del municipio en que hubieren sido reconocidos como tales, y se constituyen de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

3. El reconocimiento a un conjunto de ciudadanos asociados para actuar como partido político deberá ser solicitado ante la autoridad de aplicación cumpliendo los requisitos que seguidamente se indican:

a) Acta de fundación y constitución aprobada por la asamblea de fundación y constitución, conteniendo lo siguiente.

–Nombre y domicilio del partido.

–Declaración de principios y bases de acción política.

–Carta Orgánica.

–Designación de autoridades promotoras y apoderados.

–Constancia de adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores correspondiente, hasta el máximo de diez mil (10.000).

El documento que acredite la adhesión del número mínimo de electores que habilita para iniciar el trámite contendrá nombre y apellido, domicilio y documento nacional de identidad de los adherentes así como la certificación de sus firmas por la autoridad promotora.

4. Cumplido el trámite precedente, el partido quedará habilitado para realizar la afiliación mediante las fichas que entregará la autoridad de aplicación.

Hasta tanto la agrupación no obtenga el reconocimiento definitivo como partido político, será considerada como partido político en formación, no pudiendo presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias ni generales. Mientras dure tal condición, no tendrán derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios.

5. El reconocimiento definitivo será obtenido al acreditar la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores correspondiente, hasta un máximo de diez mil (10.000).

6. Dentro de los sesenta (60) días de la notificación del reconocimiento, las autoridades promotoras deberán hacer rubricar por la Autoridad de Aplicación los libros que establece el artículo 39.

7. Dentro de los noventa (90) días de la notificación del reconocimiento, las autoridades promotoras deberán convocar y haber realizado las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas del partido conforme a las disposiciones de su respectiva carta orgánica. Realizada la elección en el plazo precedentemente establecido, el acto de la misma será presentada a la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) días de celebrada la elección.

Todos los trámites ante la autoridad de aplicación hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias, serán efectuados por las autoridades promotoras o apoderados, quienes serán solidariamente responsables por la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones”.

Artículo 32 – Incorpórase como artículo 8 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 8 bis:
Para conservar la personería jurídico política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados exigido en el artículo anterior. La Junta Electoral Provincial verificará el cumplimiento del presente requisito cada año e impulsará la declaración de caducidad de la personería jurídico política cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad se intimará el cumplimiento del requisito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla. La Autoridad de Aplicación publicará antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual, el número mínimo de afiliados requerido para el mantenimiento de la personería jurídico política de los partidos provinciales y municipales.”

Artículo 33 – Modifícase el Artículo 11 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 11: El nuevo partido que resulte de la fusión, deberá solicitar su reconocimiento como tal a la autoridad de aplicación, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 8 apartado 3, inc, a), de esta Ley; y presentando además:

1) El acuerdo de fusión suscrito que sé complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;

2) Actas de los órganos competentes de los partidos que se fusionan de las que surja la voluntad de la fusión;

3) Constancia de la publicación del acuerdo de fusión en el Boletín Oficial, por tres (3) días, y en la que conste que, en caso de oposición, la misma deberá presentarse ante la autoridad de aplicación dentro de los veinte (20) días de la publicación.

La autoridad de aplicación verificará que la suma de los afiliados a los partidos que se fusionan alcanza el mínimo establecido del cuatro por mil (4‰) de los electores inscritos en el padrón electoral correspondiente.

El partido político resultante de la fusión, gozará de personería jurídico política desde su reconocimiento definitivo por la autoridad de aplicación, y se constituirá a todo efecto legal como sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus derechos, como obligaciones patrimoniales, sin perjuicio de subsistir la responsabilidad personal que les corresponda a las autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o hechos anteriores a la
fusión.

Se considerarán afiliados al nuevo partido político, todos los electores que a la fecha de la resolución de la autoridad de aplicación que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos políticos fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido precedentemente”.

Artículo 34 – Modifícase el Artículo 12 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 12: Los partidos políticos municipales y provinciales pueden constituir alianzas municipales o provinciales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.

Asimismo, los partidos municipales pueden integrar una alianza con al menos un (1) partido político provincial a nivel departamental”.

Artículo 35 – Modifícase el Artículo 13 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 13: La autoridad de aplicación admitirá la alianza de partidos políticos, siempre y cuando sea puesta en su conocimiento con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, y se cumplan los siguientes requisitos:

1) Acreditar que las Cartas Orgánicas de los respectivos partidos los autorizan a constituir alianzas.

2) Acreditar que la alianza fue decidida por los órganos competentes de cada partido.

3) Acompañar el acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el nombre adoptado, el acuerdo financiero correspondiente conforme al cual se distribuirán
los aportes correspondientes al fondo permanente y el texto de la plataforma electoral común.

4) Constitución de la junta electoral de la alianza y el reglamento electoral.

5) Constitución de domicilio legal y actas de designación de los apoderados comunes.

Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que integran la alianza, deberán conformar una confederación.”

Artículo 36 – Modifícase el Artículo 30 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 30:

1. La calidad de afiliado se adquirirá a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprobaren la solicitud respectiva, los que deberán expedirse dentro de los quince (15) días a contar de la fecha de su presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que mediare decisión en contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible ante la autoridad de aplicación. Una ficha de afiliación se entregará al interesado debiendo constar en ella la autoridad partidaria que la recibió y la fecha, otra será conservada por el partido y las dos restantes se remitirán a la autoridad de aplicación.

2. No podrá haber más de una afiliación. Es condición para la afiliación a un partido la renuncia previa expresa a toda otra afiliación.

La afiliación se extinguirá por renuncia, por expulsión, por incumplimiento o por violación de lo dispuesto en los Artículos 28 y 29 o por lo previsto en el Art. 56.

La extinción de la afiliación, por cualquier causa, será comunicada a la autoridad de aplicación por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) días de haberse conocido.”

Artículo 37 – Modifícase el Artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 33: El funcionamiento interno de los partidos deberán respetar las siguientes pautas:

1) Los partidos practicarán en su vida interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante la participación de los afiliados de conformidad con las prescripciones de su Carta Orgánica. Para la designación de candidatos a cargos electivos públicos provinciales y municipales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la legislación respectiva.

2) En los procesos de elecciones primarias deberán establecer un sistema de reparto de los cargos entre las listas que postulen candidatos que garantice la representación proporcional de las minorías y un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en proporciones, con posibilidad de resultar electas; lo que se materializará dividiendo cada lista en tercios, asegurando como mínimo la participación de una mujer en cada tercio.

3) En caso de oficializarse una sola lista para la elección de candidatos a cargos electivos, no podrá prescindirse del acto eleccionario.”

Artículo 38 – Modifícase el Artículo 37 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 37: No podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos, los que no puedan ser afiliados según el artículo 29 de esta Ley, ni aquellas personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas  concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, Provincias, Municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.

2) Las personas con auto de procesamiento o condena por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional.

Artículo 39 – Modifícase el Artículo 55 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 55: Son causas de caducidad de la personería jurídico política de los partidos:

1) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años.

2) La no presentación en dos (2) elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada.

3) No obtener en alguna de las dos (2) elecciones generales inmediatas anteriores una cantidad de votos equivalentes al tres por ciento (3%) de los
votos afirmativos válidamente emitidos.

4) La violación de lo determinado en el artículo 8° apartados 6 y 7 y artículo 39, previa intimación judicial.

5) No mantener la cantidad de afiliados mínimos prevista por los Artículos 8 inc. 5) y 8 bis.

6) La violación a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del Artículo 37 de la presente ley.”

Artículo 40 – Modifícase el inc. 3) del Artículo 58 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 4.746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 58: 3. Por el mismo término la autoridad de aplicación no podrán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político declarado caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones requeridas para la constitución del nuevo partido.”

TÍTULO III
REFORMAS A LA LEY 7005 DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 41 – Modifícase el Artículo 1° de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 1º: Campaña electoral. Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes o proyectos, y debates, que tenga por finalidad captar la voluntad política del electorado respecto a una candidatura, debiendo desarrollarse en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas y de capacitación, las conferencias y la relización de simposios no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.”

Artículo 42 – Modifícase el Artículo 2º de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 2°: La campaña electoral no podrá iniciarse antes de treinta y cinco (35) días a contar de la fecha fijada para la elección ni extenderse más allá de cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio de los comicios.

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo, aunque haya sido contratada con anterioridad.”

Artículo 43 – Incorpórase el Artículo 2 bis a la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 2 bis: Publicidad. Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales, gráficos y en vía pública con el fin de promover la captación del sufragio para precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para los comicios.

Dicha prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos provinciales y municipales, tanto ejecutivos como legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones.

Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada ni recibir de terceros, donación de espacios de publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, en vía pública ni en medios gráficos, para las elecciones primarias o generales.”

Artículo 44 – Incorpórase el Artículo 2° ter a la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2° ter: “Establézcase que el Poder Ejecutivo otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen pre candidaturas y candidaturas para cargos electivos provinciales y/o municipales, los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a dos boletas (2) por elector registrado en cada distrito. La Ley de presupuesto del año correspondiente deberá prever una partida específica para ello.

Con la gradualidad de aplicación del voto electrónico, esta disposición quedará sin efecto.

La Junta Electoral Provincial informará al Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno la cantidad de listas oficializadas para la elección correspondiente a fin que efectúe la distribución correspondiente por distrito electoral y categoría.”

Artículo 45 – Modifícase el Artículo 3° de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 3°: Publicidad de los actos de Gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de Gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales”.

Artículo 46 – Modifícase el Artículo 7° de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 7°: Los gastos máximos de la campaña de cada agrupación política en las elecciones generales no podrán superar la suma resultante de Multiplicar el número de electores habilitados por el valor de una vez y media (1,5) la Unidad Fija (U.F.) establecida por la Ley Impositiva para multas de tránsito, dividiéndose proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de las categorías oficializadas, conforme el padrón correspondiente a cada una de ellas.”

Artículo 47 – Incorpórase el Artículo 7 bis dentro del Capítulo III de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 7 bis: Financiamiento de los partidos políticos: Los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante financiamiento público y privado a través de:
Financiamiento Público:

1) El Fondo Permanente.

2) El aporte previsto para la impresión de boletas en los años en que se realicen elecciones.

3) Los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado provincial.

4) Los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas.

Financiamiento Privado:

1) Los aportes de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas.

2) Donaciones de otras personas físicas -no afiliados- y personas jurídicas.

3) El rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades.”

Artículo 48 – Incorpórase el Artículo 7° ter dentro del Capítulo III de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 7° ter – Fondo Permanente: Créase un Fondo Permanente para el desenvolvimiento institucional de los partidos políticos, cuyo financiamiento deberá estar previsto en el presupuesto de cada año. Dicha previsión presupuestaria deberá ser, al menos, el equivalente a multiplicar la Unidad Fija (U.F.) establecida por la Ley Impositiva para multas de tránsito por la cantidad de electores del padrón de la Provincia en la última elección y se repartirá entre los partidos que tengan una antigüedad mínima de dos (2) años y que hayan presentado listas a candidatos provinciales, por sí o integrando alianzas o confederaciones, al menos en una elección.

En los años en que haya elecciones, dicho aporte mínimo se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) con destino al financiamiento de campaña.

El mismo se integrará también con las donaciones recibidas por el Estado destinadas específicamente al mismo.

La distribución de este Fondo se hará entre dichos partidos políticos, el cincuenta por ciento (50%) en forma igualitaria y el resto en forma proporcional a los votos obtenidos para senadores provinciales en la última elección.

El monto mínimo asignable a cada uno de dichos partidos será de pesos cincuenta mil ($ 50.000), monto que podrá ser actualizado anualmente a través del Presupuesto Provincial.

En el primer mes de cada año el Poder Ejecutivo provincial informará a los partidos políticos el monto asignado por el presupuesto provincial conforme lo antes establecido, debiendo depositarse el mismo en un plazo máximo de tres meses de aprobado el presupuesto.

Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la última elección conformando una alianza o confederación, la suma correspondiente a la misma se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los mismos al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.”

Artículo 49 – Incorpórase el Artículo 7 quater dentro del Capítulo III de la Ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales 7.005 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 7° quater – Capacitación: Los partidos deberán destinar por lo menos el cuarenta por ciento (40%) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.

Por lo menos el treinta por ciento (30%) del monto destinado a capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.”

TÍTULO IV
REFORMAS A LA LEY 2.551 ELECTORAL DE LA PROVINCIA

Artículo 50 – Modifícase el Artículo 1º de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 1º: Son electores para todas las elecciones primarias y generales a nivel provincial, municipal y de convencionales constituyentes, quienes lo sean del Registro Nacional de las Personas de ambos sexos, nativos desde los dieciséis (16) años y naturalizados desde los dieciocho (18) años, siempre que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Electores y que no se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas por la Constitución de la Provincia y la presente ley. El Poder Ejecutivo solicitará oportunamente del Juzgado Federal, copia autorizada del padrón, la que deberá remitir a la Junta Electoral. El incumplimiento de este deber no implicará sanción para los menores de dieciocho (18) años.

A los efectos de la debida acreditación de los electores, la libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica y el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en cualquiera de sus formatos son documentos habilitantes a los fines de esta ley, de conformidad al Código Electoral Nacional (Art. 10 de la Ley 26741)”.

Artículo 51 – Modificase el Artículo 2° de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 2°: El sufragio electoral es un derecho y una función política que los ciudadanos tienen el deber de ejercer con arreglo a las disposiciones de la presente Ley.

Para la emisión y el escrutinio del voto podrán incorporarse nuevas tecnologías que procuren la seguridad y celeridad del proceso electoral. La incorporación de las nuevas tecnologías al proceso electoral, podrá ser progresiva y gradual.”

Artículo 52 – Incorpórase el Artículo 4 bis de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Art. 4 bis: Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos. A tal fin la Junta Electoral Provincial como autoridad de aplicación confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en los distintos establecimientos penitenciarios de acuerdo a la información que deberán remitir los jueces competentes. Se habilitarán mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y se designarán sus autoridades de conformidad a la reglamentación que se efectúe.
Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que corresponda podrán votar en el establecimiento en que se encuentran alojados y sus votos se adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados.”

Artículo 53 – Modifícase el Artículo 17 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 17: Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado el tres por ciento (3%) de los votos afirmativos válidamente emitidos en las elecciones primarias, registrarán ante la Junta Electoral, por lo menos cincuenta (50) días antes de las elecciones generales, las listas de los candidatos proclamados, expresando para ser registrada la denominación que llevarán las boletas respectivas.

Hasta treinta (30) días antes deberán presentar un modelo de dichas boletas, en la que podrán ir impresos los símbolos o emblemas partidarios, monograma y la denominación de la agrupación, así como fotografía de los candidatos.

Podrán tener fondo del color asignado.

En el proceso de transición al voto electrónico, el modelo de boleta en papel, deberá separar entre sí los tramos de boleta correspondientes a candidaturas a cargos nacionales, provinciales y municipales con una doble línea negra. Asimismo en la base, todas las boletas deberán tener una franja de dos centímetros, separada por una línea negra que indique y diferencie claramente las categorías de cargos electivos Provinciales y Municipales”, según
corresponda.

Las listas que se presenten para candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y convencionales constituyentes, deben contener un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres y en proporciones con posibilidad de resultar electas, lo que se materializará dividiendo cada lista en tercios, asegurando como mínimo la participación de una mujer en cada tercio.

No se admitirá la participación de ningún candidato en las listas de más de una agrupación ni para más de un cargo.

Las agrupaciones sólo podrán adherir sus boletas a las de otra agrupación en aquellas categorías en las que no tengan listas de candidatos propios, no pudiendo adherir a más de una lista.”

Artículo 54 – Modifícase el Artículo 20 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 20: La convocatoria a elecciones de autoridades provinciales será hecha por el Poder Ejecutivo y la de autoridades municipales, por los respectivos intendentes. La convocatoria se hará, por lo menos, con noventa (90) días de anticipación al acto electoral y expresará: 1) fecha de la elección. 2) autoridades que deban elegirse en cada sección electoral o municipio. 3) números de candidatos por los que puede votar el elector.

En el caso de que el Ejecutivo Provincial y/o los Ejecutivos Municipales decidieren la utilización de nuevas tecnologías para la emisión y escrutinio de los sufragios, deberán en el acto de convocatoria disponer su aplicación, estableciendo las características técnicas y condiciones generales de funcionamiento a que deberán ajustarse todos los dispositivos y equipamientos necesarios para la votación y el escrutinio.

La Junta Electoral de la Provincia deberá aprobar y controlar la aplicación de estos sistemas, con participación de la Comisión creada por el Artículo 62 de la presente Ley, garantizando el acceso a toda la información por parte de las listas intervinientes en el proceso electoral”.

Artículo 55 – Modifícanse los incisos 3 y 5 del Artículo 29 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“3. Sobres para el voto. Los mismos deberán ser opacos.”

“5. Boletas, en el caso de que los partidos políticos las hubieren suministrado para distribuirlas. La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de los partidos a sus efectos serán establecidas por la Junta Electoral Provincial en sus respectivos distritos, conforme a las posibilidades en consulta con el servicio oficial de correos. La Junta Electoral Provincial deberá además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de
votación boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos, alianzas o confederaciones que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán entregadas a las autoridades de mesa que las requieran.”

Artículo 56 – Incorpórase como inciso 8 al Artículo 29 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el siguiente: Inc. 8: Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral.”

Artículo 57 – Modifícase el inciso 5 del Artículo 31 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Inc. 5: A depositar, en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos remitidos por la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquéllas, ordenándolas por número de menor a mayor y de izquierda a derecha.

Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas por la Junta Electoral.”

Artículo 58 – Deróguese el Artículo 44 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551.

Artículo 59 – Modifícase el Artículo 85 de la Ley Electoral de la Provincia 2.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 85: Las elecciones primarias de precandidatos a cargos electivos provinciales y municipales se realizarán en la misma fecha que las elecciones nacionales.

Los Municipios convocarán a elecciones generales para cargos electivos municipales mediante Decreto del Intendente, pudiendo celebrarse en la misma fecha que las elecciones generales provinciales.”

TÍTULO V
VOTO ELECTRÓNICO

Artículo 60 – Voto electrónico: A partir de las elecciones del año 2.019 inclusive el estado provincial implementará el sistema de voto electrónico para la emisión y escrutinio de votos, en las elecciones primarias y generales y para todas las categorías provinciales y municipales.

Artículo 61 – En las elecciones correspondientes al año 2.015 el Estado Provincial promoverá la implementación del voto electrónico para la elección de autoridades municipales en todos los departamentos que lo requieran, facilitando la logística y asignando el financiamiento necesario a tal fin en el presupuesto del año correspondiente. Para las elecciones del año 2.017 se aplicará por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del total de electores del padrón provincial.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

Artículo 62 – Créase la “Comisión de Seguimiento de la Reforma Electoral e Implementación de Nuevas Tecnologías”, la que estará compuesta por cuatro diputados provinciales, cuatro senadores provinciales, en ambos casos representantes de los distintos partidos políticos, un representante del Poder Ejecutivo, Presidente y Secretario de la Junta Electoral Provincial y dos representantes de los Intendentes de la Provincia, a propuesta de los dieciocho
(18) intendentes, debiendo pertenecer a distintas agrupaciones políticas.

La misma tendrá a su cargo el seguimiento de la implementación de las disposiciones de la presente Ley, pudiendo a tal efecto requerir informes y realizar sugerencias a todos los órganos intervinientes.

La Comisión dictará su reglamentación de funcionamiento.

Artículo 63 – Los partidos políticos provinciales y municipales definitivamente reconocidos en virtud de las normas aplicables hasta la entrada en vigencia de la presente ley mantendrán su personería jurídico política bajo condición de cumplir los requisitos exigidos por las modificaciones introducidas por la presente a la Ley 4.746 en un plazo no superior a seis (6) meses.

A tal fin deberán presentarse dentro de los treinta (30) días de vigencia de la presente ante la Junta Electoral Provincial a fin de iniciar el trámite de adecuación pertinente.

La no presentación en dicho plazo, así como la no adecuación en el plazo antes mencionado producirá la caducidad de pleno derecho, de la personería jurídico política del partido.

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los partidos políticos que se hubieren adecuado a las modificaciones introducidas por la Ley 26.571 a la Ley Nacional 23.298, en cuyo caso deberán presentar ante la Junta Electoral Provincial testimonio de la sentencia que así lo establezca. Cumplido este requisito la autoridad de aplicación les reconocerá, sin más trámite, aptitud para actuar plenamente en el ámbito provincial.

Artículo 64 – Las normas referidas al proceso electoral previstas en la presente serán de aplicación a las elecciones de autoridades cuyos mandatos se inicien a partir del año 2.015.

Artículo 65 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil trece.

Miriam Gallardo
Sebastián Pedro Brizuela
Jorge Tanus
Jorge Manzitti

PREÁMBULO

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Mendoza, reunidos en Convención, por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer a la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución

SECCION I – Sancionada el 11 de febrero de 1916

Artículo 1° – La Provincia de Mendoza es parte integrante e inseparable de la Nación Argentina y la Constitución Nacional es su Ley Suprema.

Su autonomía es de la esencia de su gobierno y lo organiza bajo la forma republicana representativa, manteniendo en su integridad todos los poderes no conferidos por la Constitución Federal al Gobierno de la Nación.

Sus yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, como así también toda otra fuente natural de energía sólida, líquida o gaseosa, situada en subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado Provincial. Su explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

La Provincia podrá acordar con otras y con el Gobierno Nacional sistemas regionales o federales de explotación. (Texto según Ley 5557).

Art. 2° – La ciudad de Mendoza es la capital de la Provincia.

Art. 3° – Toda ley que modifique la jurisdicción pública actual de la Provincia, sobre parte de su territorio, ya sea por cesión, anexión o de cualquier otra manera, deberá ser sancionada por dos tercios de votos del número de miembros que componen cada Cámara.

Art. 4° – La soberanía reside esencialmente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes.

Art. 5° – Un registro del estado civil de las personas será uniformemente llevado en toda la Provincia, por las autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas.

Art. 6° – Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene de rendir culto a Dios o profesar cualquier religión, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia, sin otras restricciones que las que prescriben la moral y el orden público.

Art. 7° – Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley y ésta debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes.

Art. 8° – Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad y de ser protegidos en estos goces. Nadie puede ser privado de ellos sino por vía de penalidad con arreglo a ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal de juez competente.

Art. 9° – El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades establecidas con arreglo a esta Constitución.

Art. 10 – Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho de reunirse para tratar asuntos públicos o privados con tal que no turben el orden público; así como el de peticionar individual o colectivamente, ante todas y cada una de las autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, sea para instruir a sus representantes o para pedir la reparación de agravios, pero ninguna reunión podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo.

El derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza arma- da, ni individualmente por los que formen parte de ella, sino con arreglo a las leyes.

Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o de una reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jamás podrá tener efecto.

Art. 11 – Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones de palabra o por escrito, valiéndose de la imprenta u otro procedimiento semejante, sin otra responsabilidad que las que resulte del abuso que pueda hacerse de este derecho, por delito o contravención, y ninguna ley, ni disposición se dictarán estableciendo a su respecto medidas preventivas, o restringiéndolo o limitándolo de manera alguna. Tampoco podrá dictarse ley ni disposición que exija en el director o editor, otras condiciones que el pleno goce de su capacidad civil.

En los juicios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la prensa, se admitirá como descargo la prueba de los hechos denunciados, siempre que se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos y en general en caso de calumnia.

A los tribunales ordinarios les corresponderá exclusivamente entender en esta clase de juicios.

Art. 12 – El gobierno de la Provincia será dividido en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Ninguno de éstos podrá arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le están conferidas por esta Constitución, ni delegar las que le correspondan.

Art. 13 – Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles.

Art. 14 – El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado en virtud de orden escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por razón de salubridad pública.

La ley determinará los casos y forma de practicarse el allanamiento.

La orden deberá ser motivada y determinada, haciéndose responsable en caso contrario, tanto al que la expida, como al que la ejecute.

Art.15 – La correspondencia epistolar, telegráfica o por otro medio de comunicación análogo, es inviolable y no puede ser ocupada o intervenida sino por autoridad judicial competente y en los casos designados por las leyes.

Art. 16 – La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado ni desposeído de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, o por causa de utilidad pública, calificada en cada caso por la Legislatura y previa indemnización.

Art. 17 – Nadie puede ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo el caso in fraganti, en que todo delincuente puede ser detenido por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez o de la autoridad policial próxima, ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente.

Art. 18 – Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas, o embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, individualizando el lugar que debe ser registrado y no se expedirá mandato de esa clase sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación sin cuyos requisitos, la orden o mandato no será exequible.

Art. 19 – Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención dentro de veinticuatro horas y desde entonces, no se le podrá tener incomunicado más de tres días de un modo absoluto.

Art. 20 – Todo alcaide o guardián de presos, al recibirse de alguno, deberá bajo su responsabilidad, exigir y conservar en su poder la orden motivada de su prisión. Incumbe exigir la misma orden, bajo la propia responsabilidad, al ejecutor del arresto o prisión.

Art. 21 – Toda persona detenida podrá pedir por sí, u otra en su nombre, que se le haga comparecer ante el juez más inmediato, y expedido que sea el auto por autoridad competente, no podrá ser detenida contra su voluntad, si pasadas las veinticuatro horas no se le hubiese notificado por juez igualmente competente, la causa de su detención. Todo juez, aunque lo sea de un tribunal colegiado, a quien se le hiciera esta petición, o se le reclamase la garantía del artículo 19, deberá proceder en el término de veinticuatro horas, contadas desde su presentación, con cargo auténtico, bajo multa de mil pesos nacionales. Proveída la petición, el funcionario que retuviese al detenido o dejase de cumplir dentro del término señalado por el juez, el requerimiento de éste, incurrirá en la misma multa, sin perjuicio de hacerse efectivo el auto.

Art. 22 – Cuando el hecho que motivó la detención de un procesado, tenga sólo pena pecuniaria o corporal cuyo promedio no exceda de dos años de prisión, o una y otra conjuntamente, podrá decretarse la libertad provisoria, salvo limitaciones que la ley establezca para los casos de reincidencia o reiteración y siempre que presente algunas de las cauciones que ella determine.

Art. 23 – Las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos, y tanto éstas como las colonias penales, serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralizacióny moralización. Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan.

Art. 24 – Ninguna detención o arresto se hará en cárceles de penados, sino en locales destinados especialmente a ese objeto.

Los presos no serán sacados de la Provincia para cumplir sus condenas en otras cárceles, ni se admitirán en las suyas, presos de fuera de ella, salvo las excepciones que establezca la ley.

Art. 25 – Nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho por que se le procesa, ni juzgado por comisiones o tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé.

Art. 26 – Nadie puede ser obligado a declarar ni a prestar juramento contra sí mismo en materia criminal, ni encausado dos veces por un mismo hecho delictuoso. La sentencia en causa criminal debe ser definitiva, absolviendo o condenando al acusado.

Art. 27 – Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deuda, salvo el caso de delito.

Art. 28 – Ningún reclutamiento forzoso podrá hacerse en la Provincia a objeto del servicio policial o de guarnición, el cual será desempeñado por alistados o contratados a expensas del Tesoro Provincial.

Art. 29 – El Poder Legislativo no podrá dictar leyes que priven de derechos adquiridos, o alteren las obligaciones de los contratos.

Art. 30 – Todos los argentinos son admisibles a los empleos públicos de la Provincia, sin otras condiciones que su buena conducta y capacidad, en todos aquellos casos en que esta Constitución o la ley no exijan calidades especiales. La remoción del empleado deberá obedecer a causa justificada,y se dictará una ley especial que rija en materia de empleo, su duración, estabilidad, retribución y promoción o ascenso.

Art. 31 – Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia, de todos los derechos civiles del ciudadano y de los que la Constitución y las leyes les acuerden.

Art. 32 – La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Art. 33 – Esta Constitución garantiza a todos los habitantes de la Provincia, la libertad de trabajo, industria y comercio, siempre que no se opongan a la moral, seguridad, salubridad pública, las leyes del país o derechos de tercero.

La Legislatura no podrá establecer impuestos que graven en cualquier forma, los artículos de primera necesidad, salvo cuando ellos respondiesen a exigencias de la salubridad pública.

Art. 34 – Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni será privado de lo que ella no prohíbe.

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral y al orden público, ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados.

Art. 35 – Todos los habitantes de la Provincia, podrán fundar y mantener establecimientos de enseñanza sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente, por razones de higiene, moralidad y orden público.

Art. 36 – Los actos oficiales de todas las reparticiones de la administración, en especial los que se relacionan con la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse en la forma y modo que la ley determine.

Art. 37 – Toda enajenación de bienes del fisco, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esa forma y de un modo público, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad por defraudación si la hubiere, salvo las excepciones que la ley determine en cuanto se refiere a la licitación.

Art. 38 – Todos los empleados públicos de la Provincia, no sujetos a juicio político, son enjuiciables antes los tribunales ordinarios, por delitos que cometan en el desempeño de sus funciones, sin necesidad de autorización previa, cualquiera que sea el delito que cometieren y sin que puedan excusarse de contestar o declinar jurisdicción, alegando órdenes o aprobación superior.

Art. 39 – No podrá dictarse ley ni disposición que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ningún funcionario o empleado de los poderes públicos, mientras lo sean, por

servicios hechos o que les encarguen en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias.

Art. 40 – El Estado como persona jurídica, podrá ser demandado ante la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización previa del Poder Legislativo y sin que el juicio deba gozar de privilegio alguno. Sin embargo, siendo condenado al pago de alguna deuda, no podrá ser ejecutado en la forma ordinaria, ni embargados sus bienes, salvo el caso de hallarse asegurado aquella con prenda, hipoteca o anticresis, en que podrá llevarse ejecución sobre los bienes que constituyan la garantía.

En los demás casos corresponde a la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar el pago. Los trámites de esta decisión, no excederán de tres meses, so pena de quedar sin efecto, por la sola expiración del término, la excepción concedida por este artículo.

Art. 41 – No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.

Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización.

No podrán aplicarse los recursos que se obtenga por empréstito, sino a los objetos determinados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos.

Art. 42 – Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos a los determinados en la ley de su creación, ni durará más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.

Art. 43 – Los nombramientos de funcionarios y empleados que hagan los poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, son nulos, y en cualquier tiempo podrán esos empleados ser removidos de sus puestos.

Art. 44 – En el territorio de la Provincia, es obligatorio el descanso dominical o hebdomadario, con las excepciones que la ley establezca por razones de interés público.

Art. 45 – La Legislatura dictará una ley de amparo y reglamentaria del trabajo de las mujeres y niños menores de dieciocho años, en las fábricas, talleres, casas de comercio, y demás establecimientos industriales, asegurando en general, para el obrero, las condiciones de salubridad en el trabajo y la habitación.

También se dictará la reglamentación de la jornada de trabajo. Respecto de las obras o servicios públicos en establecimientos del Estado, queda fijada la jornada de ocho horas, con las excepciones que establezca la ley.

Art. 46 – Serán demás feriados en la Provincia los determinados por ley del Congreso, o por el Poder Ejecutivo de la Nación y los que decrete el Poder Ejecutivo de aquélla. El Poder Ejecutivo y el Judicial podrán habilitar los días feriados, en caso de urgencia y por necesidades de un mejor y más rápido servicio público.

El feriado judicial, será de un mes por año, en la forma que la ley establezca.

Art. 47 – La enumeración y reconocimiento de derechos que contiene esta Constitución, no importa denegación de los demás que se derivan de la forma republicana de gobierno y de la condición natural del hombre.

Art. 48 – Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a las prescripciones de esta Constitución o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ella, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los habitantes de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces.

Las personas que sufran sus efectos, además de la acción de nulidad, tendrán derecho a reclamar las indemnizaciones por los juicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado

SECCIÓN II

Art. 49 – La representación política tiene por base la población.

Art. 50 – El sufragio electoral es un derecho que le corresponde a todo ciudadano argentino mayor de dieciocho años y a la vez una función política que tiene el deber de desempeñar con arreglo a esta Constitución y a la ley.

Art. 51 – No podrá votar la tropa de línea, la Guardia Nacional movilizada, ni la policía de seguridad.

Art. 52 – El voto será secreto y obligatorio, y el escrutinio público, en la forma que la ley determine.

Art. 53 – En ningún caso la ley electoral dejará de dar representación a la minoría.

Art. 54 – El Registro Cívico Nacional regirá para todas las elecciones de la Provincia, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución.

Art. 55 – Una Junta Electoral permanente compuesta de la Suprema Corte, del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, o sus reemplazantes legales, tendrá a su cargo el nombramiento de los miembros de las mesas receptoras de votos, la organización y funcionamiento de los comicios y los escrutinios provisorios.

Art. 56 – La Junta Electoral permanente juzgará en primera instancia, haciendo los escrutinios provisorios, de la validez de cada comicio, otorgando a los electos, con sujeción a la ley, sus respectivos diplomas.

Su decisión, con todos los antecedentes, será elevada a la Cámara o cuerpo para cuya renovación o integración se hubieren practicado las elecciones, a los efectos de los juicios definitivos que correspondan con arreglo a esta Constitución.

Art. 57 – Toda elección durará 8 horas por lo menos.

Art. 58 – Durante las elecciones y en el radio del comicio, no habrá más autoridad policial que la de los respectivos presidentes del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberá cumplir la fuerza pública.

Art. 59 – Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación, ejercitados por los empleados o funcionarios públicos de cualquier categoría, como también por cualquier persona, contra los electores, antes del acto eleccionario o durante él, serán considerados como un atentado contra el derecho y la libertad electoral y penados con prisión o arresto inconmutables que fijará la ley.

Art. 60 – La acción para acusar por faltas o delitos definidos en la ley electoral, será popular y se podrá ejercer hasta dos meses después de cometidos aquéllos.

El procedimiento será sumario y el juicio deberá substanciarse y fallarse en el término de treinta días, a instancia fiscal o de cualquier ciudadano.

Art. 61 – Las elecciones se practicarán en días fijos determinados por ley, y toda convocatoria a elección ordinaria o extraordinaria se hará públicamente y por lo menos con un mes de anticipación a la fecha señalada.

Exceptúanse de esta disposición las elecciones complementarias, que se harán en la forma que establezca la ley.

Art. 62 – El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria para elecciones, en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias o cualquier accidente o calamidad pública que las haga imposibles, y esto, dando cuenta a la Legislatura dentro del tercer día, para cuyo conocimiento la convocará si se hallare en receso.

Art. 63 – La ley determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio, respetando los principios fundamentales establecidos en esta Constitución.

SECCION III – CAP. I

Art. 64 – El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por secciones electorales con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de elecciones.

Art. 65 – No pueden ser miembros de las Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral.

Art. 66 – En ninguna de las Cámaras podrá haber más de la quinta parte de sus miembros con ciudadanía legal.

En caso de resultar elegido mayor número, se determinará por sorteo los que deban ser reemplazados.

SECCION III – CAP. II

Art. 67 – La Cámara de Diputados se compondrá de representantes del pueblo, a base de la población de cada sección electoral en que se divida, mediante elección directa, no pudiendo exceder de cincuenta la totalidad de los diputados.

Art. 68 – Ninguna sección electoral podrá elegir un número menor de 8 diputados.

Art. 69 – La Legislatura determinará después de cada censo nacional, el número de diputados que corresponda elegir a cada seccional electoral, en proporción a su población y a fin de que en ningún caso el total de diputados exceda del número fijado en el artículo 67.

Art. 70 – Los diputados durarán en su representación 4 años; son reelegibles, renovándose la Cámara por mitades cada 2 años.

Art. 71 – En ninguna sección electoral de la Provincia podrá convocarse a elecciones de diputados integrantes por un número menor de tres diputados.

Art. 72 – Para ser electo diputado se requiere: ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida; ser mayor de edad; tener dos años de residencia en la Provincia, los que no hubiesen nacido en ella.

Art. 73 – Es incompatible el cargo de diputado con el de funcionario o empleado público a sueldo de la Nación o de la Provincia, o de diputado o de senador de la Nación, con excepción del profesorado nacional y de las comisiones honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el consentimiento previo de la Cámara.

Todo diputado que aceptase un cargo o empleo público rentado de la Nación o de la Provincia, cesará de hecho, de ser miembro de la Cámara.

Art. 74 – Será de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:

Ser Cámara iniciadora de las leyes de impuestos y presupuesto.

Acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político por la Legislatura.

SECCIÓN III – CAP. III

Art. 75 – La Cámara de Senadores se compondrá de representantes del pueblo a base de la población de cada sección electoral en que se divida, mediante elección directa, no pudiendo exceder de 40 la totalidad de los senadores.

Art. 76 – Ninguna sección electoral podrá elegir un número menor de 6 senadores.

Art. 77 – Para ser elegido senador, se requiere tener la edad de treinta años cumplidos y demás condiciones establecidas respecto a los diputados.

Son también aplicables al cargo de senador, las incompatibilidades establecidas para ser diputado.

Art. 78 – Los senadores durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. Esta Cámara se renovará por mitades cada 2 años.

Art. 79 – En ninguna sección electoral de la Provincia podrá convocarse a elecciones de Senadores integrantes por un número menor de tres senadores.

Art. 80 – El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en los casos de ausencia del vicegobernador o cuando éste ejerza las funciones de gobernador.

Art. 81 – Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados.

Art. 82 – Su fallo en dicho juicio no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero éste quedará, no obstante, sujeto a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios si fuere algún delito común el que motivó el juicio político.

Art. 83 – Corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que por esta Constitución o por la ley deban hacerse con este requisito.

El voto será secreto.

El acuerdo se considerará prestado si el Senado no se pronuncia sobre la propuesta del Poder Ejecutivo dentro del término de treinta días a contar desde aquel en que el mensaje entró en Secretaría y estando la Cámara en funciones. En caso de ser rechazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá insistir en él durante dos años, y deberá proponer el nuevo candidato dentro de los treinta días siguientes. En todos los casos, la propuesta deberá tener entrada en sesión pública y ser tratada con dos días de intervalo por lo menos.

SECCIÓN III – CAP. IV

Art. 84 – Las cámaras funcionarán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de mayo al 30 de setiembre y podrán prorrogar sus sesiones por propia iniciativa hasta 30 días. En la prórroga sólo podrán ocuparse del asunto o asuntos que le hayan dado origen y de las que el Poder Ejecutivo incluyese durante ella.

Art. 85 – Abren y cierran sus sesiones ordinarias y extraordinarias, por sí mismas, reunidas en Asamblea y presididas por el presidente del Senado, debiendo dar conocimiento anticipadamente al Poder Ejecutivo.

Funcionarán en la capital de la Provincia y en el recinto de la Legislatura, pero, podrán hacerlo en otro punto, por causa grave, previa resolución de ambas Cámaras.

Art. 86 – Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, como asimismo por el presidente de la Asamblea General, en virtud de petición escrita firmada por la cuarta parte de los miembros de cada Cámara, cuando un grave interés de orden o conveniencia pública lo requiera y en tales casos, se ocuparán sólo del asunto o asuntos que motiven la convocatoria.

Art. 87 – Cada Cámara es juez de la calidad y elección de sus miembros y de la validez de sus títulos provisorios otorgados por la Junta Electoral; pero cuando cualquiera de ellas esté en disconformidad con el fallo de la Junta, dicha resolución deberá ser considerada por la Asamblea Legislativa.

La Cámara que hubiera producido la disidencia, lo comunicará inmediatamente al presidente de la Legislatura para que éste la convoque y resuelva el caso.

Art. 88 – Ninguna Cámara podrá sesionar sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero después de tres citaciones especiales sin poderse reunir por falta de quórum, podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros, con excepción de los casos en que por esta Constitución se exija quórum especial.

Las citaciones especiales a que se refiere este artículo se harán con un intervalo no menor de tres días y en dichas sesiones no se podrá tratar sino los asuntos a la orden del día.

Art. 89 – En los casos en que por renovación u otra causa no exista en ejercicio el número necesario de miembros para hacer quórum, la minoría existente bastará para juzgar de los títulos de los nuevamente electos, siempre que se halle en mayoría absoluta respecto de sí misma, pero sólo hasta poderse constituir en mayoría.

Art. 90 – Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente el período de sus sesiones, y ninguna de ellas podrá suspenderlas por más de tres días sin el consentimiento de la otra.

Art. 91 – Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones.

Art. 92 – Cada Cámara nombrará a sus autoridades y propondrá su respectivo presupuesto de gastos al Poder Ejecutivo para ser incluido en el proyecto general de presupuesto de la Provincia.

Art. 93 – Cada Cámara o sus respectivas comisiones, podrán examinar el estado del Tesoro, y para el mejor desempeño de las atribuciones que les conciernen, pedir a los jefes de repartición de la administración y por su conducto a sus subalternos, los informes que crean convenientes.

Art. 94 – Cada Cámara podrá hacer venir a su recinto a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes, citándolos con un día de anticipación por lo menos, salvo los casos de urgencia y comunicándoles en la citación los puntos sobre los cuales deban informar.

Esta facultad podrá ejercerla aún cuando se trate de sesiones de prórroga o extraordinarias.

Podrá también, cada Cámara, pedir al Poder Ejecutivo o al Judicial, los datos e informes que crea necesarios.

Cada Cámara podrá expresar su opinión por medio de resoluciones o declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte a los intereses generales de la Nación o de la Provincia.

Art. 95 – Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un grave interés declarado por ellas mismas, exigiera lo contrario, o cuando así se determine en casos especiales en sus respectivos reglamentos.

Art. 96 – Los miembros del Poder Legislativo, son inviolables por las opiniones que manifiesten y por los votos que emitan en el desempeño de su cargo. Ninguna autoridad podrá reconvenirles ni procesarles, en ningún tiempo, por tales causas. Gozarán de completa inmunidad en su persona, desde el día de su elección hasta el de su cese, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad, sino en caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena de prisión, en cuyo caso debe darse cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, para que ésta resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad personal.

Art. 97 – Cada Cámara tendrá jurisdicción para corregir con arresto que no pase de un mes, a toda persona de fuera de su seno, que viole sus prerrogativas o privilegios, pudiendo, cuando el caso fuere grave pedir su enjuiciamiento a los tribunales ordinarios.

Art. 98 – Los senadores y diputados, prestarán en el acto de su incorporación, juramento por Dios y por la Patria, o por la Patria y por su honor, de desempeñar fielmente su cargo.

SECCIÓN III – CAP. V

Art. 99 – Corresponde al Poder Legislativo:

Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrare con otras Provincias, de acuerdo con las prescripciones de la Constitución Nacional.

Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos del servicio público.

Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos, no pudiendo aumentar los gastos ordinarios y sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo.

Si el Poder Ejecutivo no presentase el proyecto de presupuesto en el penúltimo mes del período ordinario de sesiones, corresponderá la iniciativa a la Legislatura, tomando por base el presupuesto vigente.

Si la Legislatura no sancionare el presupuesto general de gastos hasta el 31 de diciembre, continuará el vigente en sus partidas ordinarias.

Disponer el uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la Provincia.

Legislar sobre organización de las municipalidades y policías de acuerdo con lo establecido en esta Constitución.

Determinar las divisiones territoriales para el régimen administrativo de la Provincia.

Dictar leyes sobre la educación pública.

Dictar una ley general de jubilaciones y pensiones civiles por servicios prestados a la Provincia, creando un fondo a base del descuento forzoso de los haberes correspondientes a los empleados que hubieren de gozar de sus beneficios.

En ningún caso podrán acordarse jubilaciones por leyes especiales.

Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, determinando sus atribuciones y responsabilidades, y dictar la ley general de sueldos.

Admitir y desechar las renuncias que hicieren de sus cargos el gobernador y vicegobernador o la persona que ejerza el Poder Ejecutivo, y declarar con dos tercios de votos de los miembros que componen cada Cámara, los casos de inhabilidad física o moral de los mismos, para continuar en su desempeño, llamando al funcionario que corresponda según esta Constitución.

Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios y empleados públicos.

Dictar las leyes de organización de los tribunales y de procedimientos judiciales.

Reglamentar la administración del Crédito Público.

Autorizar la movilización de la milicia provincial o parte de ella, en los casos a que se refiere el artículo 108 de la Constitución Nacional, y aprobar o desechar la medida cuando el Poder Ejecutivo la hubiese dictado de por sí, en el receso de las Cámaras.

Conceder privilegios por un tiempo limitado, o recompensas de estímulos a los autores o inventores, perfeccionadores o primeros introductores de nuevas industrias a explotarse en la Provincia.

Nombrar senadores al Congreso Nacional.

Conceder indultos o amnistías por delitos políticos.

Legislar sobre el registro del estado civil de las personas.

Autorizar el establecimiento de bancos, dentro de las prescripciones de la Constitución Nacional.

Facultar al Poder Ejecutivo para contratar empréstitos o emitir fondos públicos como lo determina esta Constitución.

Dictar la ley general de elecciones.

Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los poderes y autoridades que establece esta Constitución, así como las conducentes al mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, que por su naturaleza y objeto, no corresponda privativamente a los otros poderes provinciales o a los nacionales.

SECCIÓN III – CAP. VI

Art. 100 – Las leyes pueden tener principio, salvo los casos que esta Constitución exceptúa, en cualquiera de las dos Cámaras, por proyecto presentado por alguno o algunos de sus miembros, o por el Poder Ejecutivo.

Art. 101 – Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará en revisión a la otra, y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Se reputa promulgado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto en el término de 10 días.

Art. 102 – Desechado en todo o en parte el proyecto por el Poder Ejecutivo, lo devolverá con sus observaciones y será reconsiderado, primero en la Cámara de su origen y después en la revisora; y si ambas insistiesen en su sanción por dos tercios de los miembros presentes, el proyecto será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su inmediata promulgación.

No insistiendo la Legislatura en su sanción, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones del año.

En cuanto a la ley de presupuesto y a las leyes de impuestos que fuesen observadas por el Poder Ejecutivo, sólo serán reconsideradas en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ellas. De hecho se considerarán prorrogadas las sesiones hasta terminar la sanción de las mismas.

Art. 103 – Ningún proyecto de ley, rechazado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones del año.

Pero, si sólo fuese adicional lo corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen, y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo.

Si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si ella no tuviese dos tercios de votos para insistir, prevalecerá la sanción de la iniciadora; pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyectos pasará de nuevo a la Cámara de su origen y no se entenderá que ésta reprueba las correcciones o adiciones, si no concurre para ello, el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Art. 104 – En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula:

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley, etcétera.

SECCIÓN III – CAP. VII

Art. 105 – Ambas Cámaras sólo se reunirán en Asamblea para el desempeño de las funciones siguientes:

Apertura de las sesiones.

Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia.

Para tomar en consideración la renuncia de los mismos funcionarios.

Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional.

Para considerar en última instancia las elecciones de diputados y senadores en el caso previsto en el artículo 87 de esta Constitución.

Para los demás actos determinados en esta Constitución y en las leyes que dicte la Legislatura.

Art. 106 – De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo a un nuevo nombramiento en caso de aceptación de aquellas.

Art. 107 – Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el presidente del Senado o en su defecto por el presidente provisorio del mismo, o por el presidente de la Cámara de Diputados, o por los vices de cada Cámara en su orden.

En el caso de no concurrir a la Asamblea ninguno de los presidentes determinados en este artículo, la Asamblea designará uno, ad hoc, por mayoría de votos.

Art. 108 – No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

SECCIÓN III – CAP. VIII

Art. 109 – El gobernador de la Provincia y sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la Suprema Corte y el procurador de ésta, son acusables en juicio político ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Cualquier habitante de la Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, puede presentar su acusación a los efectos de provocar el enjuiciamiento.

Toda acusación contra un funcionario sujeto a juicio político por la Legislatura, deberá presentarse a la Cámara de Diputados, donde se observarán los trámites y formalidades siguientes:

La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que le sirvan de fundamento.

Una vez presentada, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará de hecho desestimada. Si fuere en sentido afirmativo, pasará a la comisión a que se refiere el inciso siguiente.

En una de sus primeras sesiones ordinarias la Cámara de Diputados nombrará anualmente, por votación directa, una comisión encargada de investigar la verdad de los hechos en que se funden las acusaciones que se promuevan, quedando a este fin revestida de amplias facultades.

El acusado tendrá derecho de ser oído por la Comisión de Investigación, de interrogar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de descargo que tuviere y hacer uso de todos los medios de prueba admitidos por la ley.

La Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaraciones y demás pruebas relativas al proceso, el que elevará a la Cámara con un informe escrito, en que expresará su dictamen fundado, en favor o en contra de la acusación. La comisión deberá terminar su cometido en el perentorio término de 30 días hábiles.

La Cámara decidirá si se acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para aceptarlo, cuando el dictamen fuese favorable a la acusación, el voto de dos tercios de los miembros que la componen. Para aceptar el dictamen favorable al acusado, bastará la mayoría de los miembros presentes en sesión.

Desde el momento en que la Cámara haya aceptado la acusación contra un funcionario público, éste quedará suspendido en sus funciones.

En la misma sesión en que se admite la acusación, la Cámara nombrará de su seno, una comisión de tres miembros para que la sostenga ante el Senado, al cual será comunicado inmediatamente dicho nombramiento y la acusación formulada.

El Senado se constituirá en Cámara de Justicia y en seguida señalará el término dentro del cual deba el acusado contestar la acusación, citándosele al efecto y entregándosele en el acto de la citación copia de la acusación y de los documentos con que haya sido instruida. El acusado podrá comparecer por sí o por apoderado y si no compareciese será juzgado en rebeldía. El término para responder a la acusación no será menor de 9 días ni mayor de 20.

Se leerán en sesión pública tanto la acusación como la defensa. Luego se recibirá la causa a prueba, fijando previamente el Senado, los hechos a que debe concretarse y señalando también un término suficiente para producirla.

Vencido el término de prueba, el Senado designará un día para oír en sesión pública a la comisión acusadora y al acusado, sobre el mérito de la información producida. Se garantiza en este juicio la libre defensa y la libre representación.

Concluida la causa, los senadores discutirán en sesión secreta, el mérito de la acusación y la defensa, como asimismo de las pruebas producidas en relación a sus fundamentos. Terminada esta discusión, se designará un día para pronunciar en sesión pública el veredicto definitivo, lo que se efectuará por votación nominal sobre cada cargo, por sí o por no.

Ningún acusado podría ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios de votos de los miembros del Senado presentes en sesión. Si de la votación resultase que no hay números suficientes para condenar al acusado, se le declarará absuelto. En caso contrario, el Senado procederá a redactar la sentencia, que no podrá tener más efectos que los determinados en el artículo 165, inciso 10 de esta Constitución.

Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido en la posesión del empleo y reintegrado en todos sus derechos con efecto al día de la suspensión.

La duración del trámite en cada Cámara no excederá de 60 días hábiles, so pena de quedar sin efecto el juicio.

Art. 110 – La ley reglamentará el trámite de este juicio de modo que se ajuste a los términos y bases precedentes

SECCIÓN IV – CAP. I

Art. 111 – El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la Provincia.

Art. 112 – Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija gobernador, será elegido un vicegobernador.

Art. 113 – Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:

Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la ciudadanía de sus padres si hubiera nacido en territorio extranjero.

Haber cumplido 30 años de edad.

Haber residido en la Provincia durante 5 años con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella.

Art. 114 – El gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en ellas el mismo día en que expire el período legal, sin que evento alguno determine su prorrogación por un día más, ni tampoco se lo complete más tarde.

El gobernador y el vicegobernador gozarán del sueldo que la ley determine, el cual podrá ser aumentado, durante el período de su nombramiento, con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara.

No podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.

Art. 115 – El gobernador y el vicegobernador no podrán ser reelegidos para el período siguiente al de su ejercicio.

Tampoco podrá el gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador podrá ser nombrado gobernador.

No podrán ser electos para ninguno de estos cargos, los parientes de los funcionarios salientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato.

Art. 116 – En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia, las funciones del gobernador serán desempeñadas por el vicegobernador, por todo el resto del período legal, en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabilidad accidental, en los tres últimos.

Art. 117 – En caso de separación u otro impedimento simultáneo de los que determina el artículo anterior, del gobernador y vicegobernador, las funciones del Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el presidente provisorio del Senado y en defecto de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados, cada uno de los que, en su caso, convocará dentro de 3 días a la Provincia a una nueva elección para llenar el período de que se trate, siempre que de éste falte cuando menos un año y que la separación o impedimento del gobernador y vicegobernador sean absolutos.

En caso de ausencia de los funcionarios determinados en este artículo, ejercerá provisoriamente las funciones de gobernador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 118 – El gobernador y vicegobernador en ejercicio de sus funciones, residirán en la capital de la Provincia, y no podrán ausentarse de ella por más de 30 días sin permiso de las Cámaras y por más de 10 días del territorio de la Provincia, sin el mismo requisito.

Art. 119 – El gobernador y vicegobernador prestarán ante la Asamblea Legislativa en el acto de tomar posesión de sus cargos, juramento por Dios y por la Patria o por la Patria y por su honor, de desempeñarlos fielmente. En caso de que la Asamblea no consiguiera quórum, el juramento será presentado ante la Suprema Corte de Justicia.

SECCIÓN IV – CAP. II

Art. 120 – El gobernador y vicegobernador serán elegidos simultáneamente y directamente por el pueblo de la Provincia, cuyo territorio a ese efecto formará un distrito único, mediante una fórmula que presentarán los partidos políticos habilitados, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral Provincial. Se proclamará electa la fórmula de candidatos que obtuviere simple mayoría de los votos emitidos.

El presente artículo no será aplicado para la elección de intendente la que se regirá por las normas del art. 198 y concordantes de esta Constitución.

Art. 121 – La elección de electores se efectuará en la fecha y forma que determine la ley electoral, y deberá serlo entre los 180 y los 60 días anteriores a la renovación gubernativa. La convocatoria se hará por el Poder Ejecutivo, con 60 días, al menos, de anticipación.

Art. 122 – Dentro de los 15 y 30 días posteriores a su proclamación, se reunirán los electores en la sede de la Honorable Legislatura y procederán a designar de entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario.

Inmediatamente después elegirán gobernador y vicegobernador por cédulas firmadas, expresando en una la persona por quien votan para gobernador y en otra distinta la persona que eligen para vicegobernador. Los que reúnan, en ambos casos, la mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados de inmediato gobernador y vicegobernador por el presidente de la Junta de Electores.

Art. 123 – En caso de que por dividirse la votación no hubiese mayoría absoluta, se reunirá la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 15 días y elegirá entre las dos personas que hubiesen obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría que resultare, hubiese cabido a más de dos personas, elegirá la Asamblea entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido a una sola persona, y la segunda a dos o más, elegirá la Asamblea entre to- das las personas que hayan obtenido la primera y la segunda mayoría.

Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios y por votación nominal.

La Asamblea Legislativa será convocada por su presidente ante la comunicación de la Junta de Electores, quien la formulará dentro de las 48 horas. En caso de que ésta no lo hiciese, o no se hubiese pronunciado, la convocatoria se hará a pedido de cualquier elector.

Tanto en la Junta de Electores como en la Asamblea Legislativa no se podrán computar votos a favor de ningún candidato que no hubiere sido proclamado antes del comicio por alguno de los partidos políticos representados en la Junta de Electores. No regirá esta limitación para la Junta de Electores o la Asamblea, en su caso, si se produjese el fallecimiento o renuncia de cualquier candidato a gobernador o vicegobernador de los partidos representados en la Junta de Electores.

Art. 124 – Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará por segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios.

En caso de empate, se repetirá la votación y si resultare nuevo empate, decidirá con su voto el presidente de la Asamblea Legislativa, la que no podrá funcionar sin el quórum previsto por el art. 108 de esta Constitución.

Art. 125 – En el supuesto de que la Junta de Electores no se reuniese en el plazo previsto en el art. 122, la Asamblea Legislativa, elegirá gobernador y vicegobernador por mayoría absoluta de todos los votos.

Si no obtuviese esa mayoría en la primera votación, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos precedentes, para el caso de dividirse la votación en la Junta de Electores. El resultado de la elección practicada por la Junta de Electores o por la Asamblea Legislativa, en su caso, deberá publicarse de inmediato y comunicarse al Poder Ejecutivo.

Art. 126 – Si antes de recibirse el ciudadano nombrado gobernador muriese, renunciase o por cualquier otro impedimento no pudiese ocupar ese cargo, se procederá a nueva elección, a cuyo efecto la Junta Electoral de la Provincia lo comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo, para que haga la convocatoria en los plazos que determina el art. 121 de esta Constitución.

Si en ese caso llegase el día en que debe cesar el gobernador saliente sin que se haya hecho la elección y Octubre 2, 2000.

Art. 127 – Si antes o después de recibirse ocurriese respecto del vicegobernador alguno de los casos designados en el artículo anterior, se procederá a elegirlo nuevamente para completar período, en la siguiente elección de renovación legislativa, haciéndose la convocatoria en los plazos que determina el art. 121 de esta Constitución, salvo lo dispuesto en el art. 117

SECCIÓN IV – CAP. III

Art. 128 – El gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo y tiene las siguientes atribuciones y

deberes:

Tiene a su cargo la administración general de la Provincia.

Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y expide decretos, instrumentos o reglamentos para su ejecución, sin alterar su espíritu.

Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes, por proyectos presentados a las Cámaras.

Hace la convocatoria para las elecciones populares conforme a esta Constitución.

Podrá indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte sobre la oportunidad y conveniencia del indulto o conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse. El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Celebra y firma tratados parciales con las demás Provincias, para fines de interés público, dando cuenta al Poder Legislativo para su aprobación y oportunamente conforme al artículo 107 de la Constitución Nacional.

Representa a la Provincia en las relaciones oficiales con los poderes federales y demás autoridades nacionales y provinciales.

Hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia y decreta su inversión con sujeción a las leyes de presupuesto y contabilidad, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería.

Nombra con acuerdo del Senado, o a propuesta de la Suprema Corte, a todos los funcionarios que esta Constitución determina, y por sí solo, a los funcionarios y empleados para los cuales la ley no establezca otra forma de nombramiento.

Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley.

Prorroga las sesiones ordinarias de las Cámaras y convoca a extraordinarias en los casos previstos en esta Constitución.

Organiza la Guardia Nacional de la Provincia con arreglo a las leyes militares de la Nación.

Informa a las Cámaras con un mensaje escrito, a la apertura de sus sesiones, sobre el estado general de la administración.

Presenta a la Legislatura el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente, acompañado del plan de recursos y da cuenta del uso y ejercicio del presupuesto anterior.

Presta el auxilio de la fuerza pública, cuando le sea solicitado por los tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por la Constitución y la ley están autorizados para hacer uso de ella.

Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes.

Es el jefe de las milicias de la Provincia.

Moviliza la milicia de uno o varios departamentos de la Provincia, durante el receso de las Cámaras, cuando un grave motivo de seguridad o de orden lo requiera, dando cuenta de ello, y aun estando en sesiones, podrá usar de las mismas atribuciones siempre que el caso no admita dilación, dando cuenta inmediatamente a las Cámaras y al Gobierno de la Nación.

Tiene bajo su vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes y la de las reparticiones y establecimientos públicos de la Provincia.

Conoce y resuelve en los asuntos contencioso-administrativos con arreglo a la ley.

Provee en el receso de las Cámaras por medio de nombramientos en comisión que cesarán 30 días después de estar la Legislatura en funciones, las vacantes de empleos que requieren el acuerdo del Senado.

Suspende o remueve a los funcionarios administrativos para cuyo nombramiento sea necesario el acuerdo del Senado, y llena interinamente sus puestos, debiendo darle cuenta del hecho inmediatamente de reunido, para que falle sobre la justicia de la medida, aprobándola o dejándola sin efecto; entendiéndose que no podrá desaprobarla sino con el voto de los dos tercios de los miembros presentes.

Es agente inmediato y directo del Gobierno nacional para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación.

Art. 129 – El gobernador no puede expedir resoluciones ni decretos sin la firma del ministro respectivo, con excepción del nombramiento y remoción de éstos.

Art. 130 – Sólo podrán decretarse erogaciones en acuerdo de ministros, durante el receso de la Legislatura, en los casos de los incisos 16 y 18 del art. 128 de esta Constitución y en aquellos de necesidad imperiosa e impostergable con cargo de dar cuenta a la Legislatura en sus primeras sesiones.

SECCIÓN IV – CAP. IV

Art. 131 – El despacho de los asuntos administrativos estará a cargo de tres o más ministros secretarios.

Una ley fijará el número de ellos, así como las funciones y los ramos adscriptos al despacho respectivo.

Art. 132 – Para ser nombrado ministro se requieren las condiciones que esta Constitución exige para ser elegido diputado.

Art. 133 – Los ministros despacharán de acuerdo con el gobernador y refrendarán con sus firmas los actos gubernativos, sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.

Podrán, no obstante, resolver por sí solos, en todo lo referente al régimen interno y disciplinario de sus respectivos departamentos y dictar providencias o resoluciones de trámite.

Art. 134 – Son responsables de todas las resoluciones y órdenes que autoricen, sin que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.

Art. 135 – Los ministros podrán concurrir a todas las sesiones públicas y secretas de las Cámaras y tomar parte en sus deliberaciones; pero no tendrán voto.

Sin embargo, no podrán concurrir a las sesiones que celebren las Cámaras para tratar de los asuntos a que se refieren los artículos 74, inciso 2), 87, 91, 97, 105 y 167 de esta Constitución y en los demás casos que son privativos de ellas.

Art. 136 – Los ministros gozarán de un sueldo establecido por la ley, el cual podrá ser aumentado durante el período de sus nombramientos, con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara.

Art. 137 – Los ministros están obligados a remitir a cualquiera de las Cámaras, los informes, memorias, etcétera, que éstas les soliciten sobre lo relativo a los asuntos de sus respectivos departamentos.

SECCIÓN IV – CAP. V

Art. 138 – El contador y tesorero de la Provincia serán nombrados por el gobernador con acuerdo del Senado.

Art. 139 – El contador observará todas las órdenes de pago que no estén arregladas a la ley general de presupuesto o leyes especiales o a los acuerdos del Poder Ejecutivo dictados en los casos del artículo 130.

Art. 140 – El tesorero no podrá ejecutar pago que no haya sido previamente autorizado por el contador, con arreglo a lo que dispone el artículo anterior.

En caso de contravención, el tesorero y el contador responderán personalmente.

Art. 141 – La ley de contabilidad determinará las calidades del contador y tesoreros, las causas por que pueden ser removidos y las responsabilidades a que están sujetos.

SECCION V – CAP. I

Art. 142 – El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una Suprema Corte, Cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia y demás juzgados, tribunales y funcionarios inferiores creados por ley.

Art. 143 – La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 7 miembros por lo menos y habrá un procurador para ella, pudiendo dividirse en salas para conocer en los recursos determinados por esta Constitución y la ley.

La composición de los restantes tribunales indicados en el artículo anterior, será fijada también por la ley.

Las antigüedades profesionales requeridas por los art. 152 a 155 de esta Constitución, para ser magistrados o funcionarios del Poder Judicial, salvo el caso de los nativos de la Provincia, deben referirse al ejercicio de la abogacía o a servicios prestados en la magistratura local.

Art. 144 – La Suprema Corte tendrá las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás que determine la ley:

1. La superintendencia sobre toda la administración de justicia y la facultad de establecer correcciones y medidas disciplinarias que considere conveniente de acuerdo con la ley, dictando su reglamento interno y el de todas las oficinas del Poder Judicial.

2. Debe pasar anualmente a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, una memoria sobre el movimiento y estado de la administración de justicia, y podrá proponer proyectos de reforma del procedimiento y organización que sean compatibles con esta Constitución.

3. Ejerce jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan por parte interesada.

4. Conoce y resuelve originariamente en las causas y competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en los conflictos internos entre las diversas ramas de éstos, y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su respectiva jurisdicción.

5. Decide las causas contencioso-administrativas en única instancia, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos gestionados por parte interesada. Se entenderá que hay denegación tácita por la autoridad administrativa, cuando no se resolviera definitivamente, dentro de los 60 días de estar el expediente en estado de sentencia.

6. Conoce en grado de apelación o en consulta, en tribunal pleno, de las causas en que se impone la pena capital, siendo necesario el voto unánime de sus miembros para confirmar la sentencia condenatoria.

7. Conoce privadamente de los casos de reducción de pena, autorizados por el Código Penal.

8. Ejerce jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de detenidos.

9. Conocerá como tribunal de revisión en los casos en que después de pronunciada la sentencia definitiva de segunda instancia, la parte perjudicada obtuviere o recobrare documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor, por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado la sentencia o por otra causa análoga; cuando la sentencia se hubiere dictado en virtud de documentos o de prueba testimonial y se declarase en juicio posterior que fueron falsas dichas pruebas o documentos; cuando la sentencia firme recayese sobre cosas no pedidas por las partes u omitiese resolver sobre alguno de los capítulos de la demanda, contestación o reconvención; y cuando la sentencia firme se hubiere dictado u obtenido en virtud de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.

10. Hará todos los nombramientos de los empleados inferiores del Poder Judicial con arreglo a la ley.

11. Será competente para enjuiciar, suspender o separar de sus cargos a los empleados inferiores del Poder Judicial, por delitos o faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones o por incapacidad. En estos casos, cuando resultasen comprobados delitos o faltas punibles por ley, remitirá los antecedentes a la justicia criminal para el proceso correspondiente.

12. Formará la matrícula de abogados, escribanos, procuradores y peritos judiciales con arreglo de la ley.

13. Conoce del recurso de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales y jueces de la Provincia, con sujeción a la forma y trámite que la ley de procedimientos establezca.

Art. 145 – La Ley Orgánica de Tribunales determinará su ubicación, su número y su jurisdicción territorial, como asimismo las materias de su competencia.

Art. 146 – Los procedimientos ante todos los tribunales de la Provincia serán públicos, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral, la seguridad o el orden social.

Art. 147 – Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre defensa en causa propia y libre representación, con las restricciones que establezca la ley de la materia.

Art. 148 – Los tribunales y jueces deben resolver siempre según la ley, y en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución, las leyes y tratados nacionales como ley suprema en todos los casos, y la Constitución de la Provincia como ley suprema respecto de las leyes que haya sancionado o sancionare la Legislatura.

Art. 149 – Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces letrados se fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

SECCIÓN V – CAP. II

Art. 150 – Los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador General, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los Jueces de Los tribunales inferiores y los representantes del Ministerio Público, serán propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por éste con acuerdo del H.Senado.

El Consejo estará integrado por un miembro de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá; un representante del Poder Ejecutivo; un representante de los magistrados en ejercicio; dos abogados de la matrícula de diferente Circunscripción Judicial y dos diputados provinciales de distintos partidos políticos.

Conjuntamente serán elegidos igual número de miembros suplentes, que reemplazarán a los titulares ante cualquier circunstancia que les impida asistir a las sesiones del Consejo, o en los supuestos de excusación o recusación con causa que la ley establezca.

Los representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Ejecutivo y los Diputados Provinciales, serán designados y removidos por sus representados. Cualquier ciudadano podrá requerir su remoción, ante quien lo designó, por las causales establecidas en el artículo 109. Los representantes de los magistrados y de los abogados serán elegidos por el voto directo de sus pares y podrán ser removidos a pedido de cualquier ciudadano, por las causales enumeradas en el apartado anterior, en la forma prevista en los artículos 164 y siguientes de esta Constitución.

Los miembros del Consejo durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos con intervalo de un período.

El desempeño del cargo de miembro del Consejo de la Magistratura tendrá carácter honorario y no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 151.

El Consejo de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:

1. Proponer al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes, el nombramiento de Jueces y representantes del Ministerio Público, con excepción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador General.

2. Seleccionar mediante concursos públicos, los postulantes a los cargos referidos en el apartado anterior.

El Consejo tomará todas sus decisiones por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros. (Texto según ley 6524 del 17-9-1997).

Art. 151- Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, serán inamovibles mientras dure

su buena conducta y gozarán de una compensación pecuniaria que no podrá disminuírseles.

Art. 152 – Para ser miembro de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere:

1. Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la

ciudadanía de sus padres, si hubiere nacido en territorio extranjero.

2. Haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70.

3. Ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión

u 8 de magistratura.

Art. 153 – Para ser miembro de las Cámaras de apelaciones, de los tribunales colegiados de única

instancia y fiscal de ellos, se requiere:

1. Ciudadanía en ejercicio.

2. Haber cumplido 28 años y no tener más de 65.

3. Ser abogado con título universitario de facultad nacional, con 8 años de ejercicio en la

profesión o 5 en la magistratura, habiendo ejercido la profesión durante 5 años o algún

cargo en la magistratura durante 2 años, para el que se requiera la calidad de abogado.

Art. 154 – Para ser juez letrado en primera instancia, se requiere:

1. Ciudadanía en ejercicio.

2. Tener más de 25 años y menos de 70.

3. Ser abogado con título universitario de facultad nacional, habiendo ejercido la profesión

durante 5 años o algún cargo en la magistratura durante 2 años, para el que se requiere

la calidad de abogado.

Art. 155 – Para ser fiscal de primera instancia, asesor de menores, defensor de pobres y ausentes

y juez de paz letrado se requiere: ciudadanía en ejercicio, título de abogado de facultad nacional

y un año de ejercicio en la profesión o empleo en la magistratura, para el que se requiere la

calidad de abogado.

Art. 156 – La presidencia de la Suprema Corte y de las Cámaras de apelaciones, se turnará entre

sus miembros en la forma que la ley determine.

Art. 157 – Los miembros de la Suprema Corte prestarán juramento por Dios y la Patria o por la

Patria y por su honor, ante el Poder Ejecutivo, de desempeñar fielmente su cargo. Los de las

Cámaras y demás miembros del Poder Judicial, prestarán igual juramento ante la Suprema Corte.

Art. 158 – Los miembros del Poder Judicial serán personalmente recusables por las causales que

fijará la ley.

Art. 159 – Corresponde a la Suprema Corte, Cámaras de apelaciones y juzgados de primera

instancia, el conocimiento y decisión de las causas que se susciten en la Provincia, sin más

excepciones que las que fluyen de la Constitución y leyes nacionales y de esta Constitución.

Art. 160 – Para el pronunciamiento de las sentencias definitivas, los jueces y tribunales

establecerán las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho sometidas a su decisión.

Art. 161 – Todo juicio o recurso debe ser fallado por la Suprema Corte, tribunales o juzgados, en

los términos que fije la ley de procedimientos. En caso de infracción, sin causa legalmente

justificada, los magistrados que contravinieren a esta prescripción, son responsables no sólo de

los perjuicios que causen a las partes, sino del mal desempeño de sus funciones. Un número

reiterado de estas infracciones, que determinará la ley, será considerado como mal desempeño

de sus funciones y podrá motivar el juicio de remoción contra el respectivo funcionario.

Art. 162 – En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte tendrá facultad de

mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la

autoridad administrativa no lo hiciese dentro de los 60 días de notificada la sentencia, salvo lo

dispuesto en el artículo 40 de esta Constitución. Los empleados a que alude este artículo serán

responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte.

Art. 163 – Los miembros de la Suprema Corte y el procurador de ella serán enjuiciables en la

misma forma que el gobernador de la Provincia y pueden ser acusados por cualquier habitante de

ésta, que goce de la plenitud de sus derechos civiles.

Art. 164 – Los jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los fiscales,

asesores y defensores, pueden ser acusados por las mismas causas a que se refiere el artículo

109, ante un Jury de Enjuiciamiento compuesto de los miembros de la Suprema Corte y un

número igual de senadores y un número también igual de diputados que serán nombrados

anualmente por votación nominal en la primera sesión que celebren las respectivas Cámaras. Este

Jury será presidido por el presidente de la Suprema Corte o por su reemplazante legal y no podrá

funcionar con menos de la mitad más uno de sus miembros. En caso de empate decidirá el

presidente del Jury, aun cuando ya hubiese votado al pronunciarse el fallo.

Art. 165 – La acusación será presentada al presidente del Jury, quien deberá citar a los demás

miembros que los componen, dentro de las 48 horas, observando las siguientes reglas que la

Legislatura podrá ampliar, por medio de una ley reglamentaria, pero sin restringirlas ni

alterarlas:

1. La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que le

sirven de fundamento.

2. El presidente del Jury, dará traslado al acusado por el término de 10 días, dándole copia

de la acusación y de los documentos que la instruyan. Contestada la acusación o en

rebeldía del acusado, si no hubiera contestado dentro del término establecido, el Jury

decidirá por votación nominal y por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros, si

procede la continuación del juicio o si debe desestimarse la acusación. En el primer caso,

el juicio se abrirá a prueba por el término de 30 días y el acusado quedará suspendido en

el ejercicio de sus funciones.

3. Desde el momento en que el Jury declare que procede la acusación, intervendrá el

procurador de la Corte en representación del ministerio público y sin perjuicio de la

participación del acusador particular.

4. Los miembros del Jury no son recusables, pero el acusado tendrá derecho a recusar sin

causa a uno de ellos.

5. En este juicio las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba admitidos por la

ley.

6. El acusado podrá comparecer por sí o por apoderado y si no compareciese será juzgado

en rebeldía.

7. Se garantiza en este juicio la libre defensa y la libre representación.

8. Concluido el proceso, el Jury discutirá en sesión secreta, el mérito de la prueba y

terminada esta discusión, se designará día para pronunciar en sesión pública, el veredicto

definitivo, lo que se efectuará por votación nominal, sobre cada cargo, por sí o por no.

9. Ningún acusado podrá ser declarado culpable por menos de la mayoría absoluta de los

miembros que componen el Jury.

10. El fallo condenatorio no tendrá más efecto que la destitución del acusado, salvo el caso

de que el motivo de la condenatoria fuere la perpetración de delitos, que estuvieren

sujetos a la justicia ordinaria, en cuyo caso el Jury deberá pasar los antecedentes al

ministerio fiscal.

11. Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido en la posesión de su

empleo y a salvo las acciones civiles o criminales a que hubiere lugar.

Art. 166 – La absolución de un funcionario, por fallo de la Legislatura o del Jury de

Enjuiciamiento, no impedirá las acusaciones o acciones que por delitos puedan instaurarse ante

los tribunales ordinarios, ni será en modo alguno, requisito previo para ejercitarlas antes o

después de cesar en sus funciones.

Art. 167 – Producida acusación por delitos comunes, contra un miembro de la Legislatura o

contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury de

Enjuiciamiento y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la

prisión preventiva, comunicados los antecedentes a petición de parte, a instancia fiscal o de

oficio por el juez, a la Cámara legislativa a que pertenezca el acusado, a la Cámara de Diputados

o al Jury, en los respectivos casos, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado,

a los efectos de la sustanciación formal de la causa, proveyéndose la acefalía con arreglo a esta

Constitución y a la ley.

No podrá allanarse la inmunidad ni resolverse el desafuero sino por el voto de la mitad más uno

de los miembros que componen la Cámara respectiva, o la Cámara de Diputados, o el Jury.

Art. 168 – Si el desafuero no se produjera contra un miembro de la Legislatura o contra uno de

los funcionarios acusables ante ésta o ante el Jury de Enjuiciamiento, la acción de los tribunales

se paralizará temporariamente contra sus personas, suspendiéndose los términos para continuar

el juicio una vez terminado el mandato del funcionario.

El pedido del desafuero podrá repetirse por la autoridad competente, cada vez que se produzcan

nuevas pruebas contra el acusado.

Art. 169 – No podrán los funcionarios judiciales intervenir en política en forma alguna, directa ni

indirectamente, salvo la emisión del voto; ni ejecutar o participar en actos que afecten su

circunspección y la imparcialidad de sus funciones o las menoscaben en público o en privado del

buen concepto que debe rodear su persona y el cargo que desempeñan.

Art. 170 – En ningún caso el gobernador ni funcionario alguno ajeno al Poder Judicial, podrán

ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, ni restablecer las

fenecidas.

Art. 171 – La Suprema Corte propondrá al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos de la

administración de justicia, un mes antes de la época en que deba ser remitido a la Legislatura el

presupuesto general de la administración.

Art. 172 – Todos los funcionarios sujetos a juicio político por esta Constitución, que formen parte

de los poderes Ejecutivo y Judicial, gozarán de las mismas inmunidades que los miembros del

Poder Legislativo.

SECCION V – CAP. III

Art. 173 – La ley establecerá la justicia inferior o de paz en toda la Provincia, teniendo en

consideración la extensión territorial de cada departamento y su población.

Art. 174 – Los funcionarios de la justicia inferior o de paz, serán nombrados por el Poder

Ejecutivo a propuesta en terna de la Suprema Corte de Justicia y permanecerán en el ejercicio de

sus funciones mientras dure su buena conducta.

Art. 175 – Estos funcionarios podrán ser destituidos o suspendidos por la Suprema Corte, por

faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por cualquier otra causa que comprometa el

prestigio de la administración de justicia.

Mientras la ley no determine el procedimiento para los casos de acusación ante la Corte, se

aplicará en lo que sea pertinente, lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución, que

servirá de base a la ley reglamentaria.

Art. 176 – Para ser funcionario de la justicia inferior o de paz, se requiere:

1. Ciudadanía en ejercicio y un año de residencia para los que no hubieren nacido en la

Provincia.

2. Ser mayor de edad y tener menos de 65 años y las demás condiciones que establezca la

ley.

SECCION V – CAP. IV

Art. 177 – Habrá un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del fisco, que será

parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se afecten

intereses del Estado.

Tendrá también personería para demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la

Provincia, la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución, contrarios a las prescripciones

de esta Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia.

Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas de la

administración pública, al cual servirá de asesor.

Gestionará el cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que haya intervenido como parte.

Art. 178 – Habrá un solo asesor de Gobierno para todas las reparticiones dependientes del Poder

Ejecutivo, con excepción de aquellas que tienen un carácter autónomo por esta Constitución.

Art. 179 – Para ser fiscal de Estado o asesor de Gobierno se requieren las mismas condiciones que

para ser miembro de la Suprema Corte. Este funcionario y el fiscal de Estado no podrá ejercer la

profesión de abogado.

Art. 180 – El fiscal de Estado y el asesor de Gobierno serán nombrados por el Poder Ejecutivo con

acuerdo del Senado, les será aplicable lo dispuesto en el art. 151 de esta Constitución y serán

enjuiciables ante el Jury creado por el artículo 164 de la misma.

SECCION V – CAP. V

Art. 181 – Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y con poder

bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por

todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia.

Art. 182 – Todos los poderes públicos, las municipalidades y cuantos empleados y personas

administren caudales de la Provincia u otras corporaciones, estarán obligados a remitir

anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieran invertido o percibido, para su

aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal pronunciarse sobre ellas en el término de un

año desde su presentación, so pena de quedar de hecho aprobadas, sin perjuicio de la

responsabilidad de aquél.

Sus fallos serán sólo susceptibles de los recursos que esta Constitución y las leyes establezcan

para ante la Suprema Corte de la Provincia.

Art. 183 – Los fallos del Tribunal de Cuentas quedarán ejecutoriados 30 días después de su

notificación y las acciones a que dieren lugar serán deducidas por el fiscal de Estado, ante quien

corresponda.

Art. 184 – El Tribunal de Cuentas lo compondrá un presidente letrado que deberá reunir las

condiciones que se requieren para ser miembro de la Suprema Corte y por lo menos dos vocales

contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en ejercicio que tengan 30 años de edad y

menos de 65.

Estos funcionarios no podrán ejercer su profesión respectiva.

Art. 185 – Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con

acuerdo del Senado, siéndoles aplicable la disposición del artículo 180.

SECCION VI

Art. 186 – El uso del agua del dominio público de la Provincia es un derecho inherente a los

predios, a los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por el Código Civil y

leyes locales.

Art. 187 – Las leyes sobre irrigación que dicte la Legislatura, en ningún caso privarán a los

interesados de los canales, hijuelas y desagues, de la facultad de elegir sus autoridades y

administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades superiores de

irrigación.

Art. 188 – Todos los asuntos que se refieran a la irrigación en la Provincia, que no sean de

competencia de la justicia ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un Departamento

General de Irrigación compuesto de un superintendente nombrado por el Poder Ejecutivo con

acuerdo del Senado, de un consejo compuesto de 5 miembros designados en la misma forma y de

las demás autoridades que determine la ley.

Art. 189 – El superintendente de irrigación y los miembros del consejo durarán 5 años en sus

funciones y podrán ser reelectos, debiendo renovarse estos últimos, uno cada año, a cuyo efecto

se practicará la primera vez el correspondiente sorteo.

Durante dicho término, podrán, sin embargo, ser removidos, en la forma y por el Jury creado por

los artículos 164 y 165 de esta Constitución.

Art. 190 – Para ser superintendente de irrigación o miembro del consejo, se requiere: ciudadanía

en ejercicio, ser mayor de 30 años y tener 5 de residencia en la Provincia.

Art. 191 – La ley sobre irrigación que deberá dictar la Legislatura, reglamentará las atribuciones

y deberes del superintendente, del consejo, y demás autoridades del ramo.

Art. 192 – Las obras fundamentales que proyecte el Poder Ejecutivo, como diques distribuidores y

de embalse, grandes canales, etc., deberán ser autorizadas por la ley. Las que proyecte el

Departamento de Irrigación necesitarán también sanción legislativa cuando sean de la clase y

magnitud determinadas en este artículo.

Art. 193 – La Ley de Irrigación, al reglamentar el gobierno y administración del agua de los ríos

de la Provincia, podrá dar a cada uno de aquéllos su dirección autónoma, sin perjuicio de su

dependencia del Departamento General de Irrigación, con arreglo a la misma.

Art. 194 – Mientras no se haga el aforo de los ríos de la Provincia y sus afluentes, no podrá

acordarse ninguna nueva concesión de agua sin una ley especial e informe previo del

Departamento de Irrigación, requiriéndose para su sanción el voto favorable de los dos tercios de

los miembros que componen cada Cámara.

Una vez efectuado el aforo, las concesiones de agua sólo necesitarán el voto de la mitad más uno

de los miembros que componen cada Cámara.

Las concesiones que se acuerden, mientras no se realice el aforo, tendrán forzosamente carácter

eventual.

Art. 195 – Una vez practicado el aforo de los ríos y arroyos, así como cada vez que se construyan

obras de embalse que permitan un mayor aprovechamiento del agua, el Departamento de

Irrigación, previo los estudios del caso, determinará las zonas en que convenga ampliar los

cultivos, remitiendo los antecedentes a la Legislatura, para que ésta resuelva por el voto de la

mitad más uno de los miembros que componen cada Cámara, si se autoriza o no la extensión de

los cultivos.

Art. 196 – El Departamento de Irrigación sancionará anualmente su presupuesto de gastos y

cálculo de recursos.

SECCION VII

Art. 197 – La administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los

departamentos de la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un

Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, cuyos miembros durarán 4 años en el ejercicio de

sus funciones, renovándose el Departamento Deliberativo por mitades cada 2 años.

Los integrantes del Departamento Deliberativo serán elegidos directamente por el pueblo de los

respectivos municipios, conforme con el sistema establecido para la elección de diputados.

Art. 198 – Los intendentes serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos

municipios por simple mayoría de los votos válidos emitidos, pudiendo ser reelectos. (Texto según

Ley N° 5499).

Art. 199 – La Ley Orgánica de las Municipalidades, deslindará las atribuciones y responsabilidades

de cada departamento, confiriéndole las facultades necesarias para que ellos puedan atender

eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases:

1. El número de miembros del Departamento Deliberativo no será menor de 10.

El intendente es el jefe del Departamento Ejecutivo. Para ejercer tal cargo se requiere

ser ciudadano argentino.

2. Serán electores los que lo sean del Registro Municipal en las condiciones que lo

establezca la ley.

El Registro de Extranjeros estará a cargo de la municipalidad y se formará como la ley lo

determine.

3. Serán elegibles los ciudadanos y extranjeros mayores de edad, del municipio respectivo, y

que sean electores. En los concejos municipales no podrá haber más de dos extranjeros.

4. Las elecciones se verificarán con el mismo sistema electoral establecido para la elección

de diputados a la Legislatura y con la reglamentación especial que determine la Ley

Orgánica de Municipalidades.

5. El cargo de intendente deberá ser rentado y también podrá serlo el de concejal (*).

6. Las municipalidades tendrán las rentas que determine la Ley Orgánica y en ningún caso

podrán dictar ordenanzas creando impuestos ni contribuciones de ninguna clase, salvo

respecto de los servicios municipales.

(*) Reformado de acuerdo con la Ley 1350, del 10 de octubre de 1939.

Art. 200 – Son atribuciones inherentes a las municipalidades:

1. Juzgar de la validez o nulidad de la elección de sus miembros y convocar a los electores

del municipio con arreglo a la ley, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes nacionales o

provinciales sobre la materia.

2. Nombrar los empleados municipales.

3. Tener a su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos de beneficencia que no

estén a cargo de sociedades particulares y la vialidad pública, respetando las leyes que

dicte la Legislatura sobre la materia.

4. Votar anualmente su presupuesto de gastos y los recursos para costearlos con arreglo a la

ley, administrar sus bienes raíces, examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido,

remitiéndola inmediatamente al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cuando se trate de

enajenar o gravar en cualquier forma los bienes raíces del municipio, se necesitarán dos

tercios de votos del total de los miembros del concejo.

5. Nombrar en los diferentes distritos más poblados de cada municipio, comisiones

honorarias para desempeñar las funciones que les sean encomendadas por el concejo y la

intendencia.

6. Dictar todas las ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones conferidas por la

Constitución y por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Art. 201 – Toda ordenanza sancionada por el concejo, que no fuere observada por el intendente

dentro del término de 5 días de haberse comunicado, se considerará promulgada y se inscribirá

en el Registro Municipal.

En caso de veto por la intendencia, se requerirá el voto de la mayoría absoluta de los miembros

que componen el concejo, para insistir en su sanción.

Art. 202 – Las atribuciones expresadas en los artículos anteriores tienen las siguientes

limitaciones:

1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, publicando mensualmente el balance de la

inversión de sus rentas y uno general a fin de cada año.

2. La convocatoria de los electores para toda elección municipal, deberá hacerse con 15

días de anticipación, por lo menos, y publicarse suficientemente.

3. No se podrá contraer empréstitos, ni enajenar ni gravar los edificios destinados a

servicios públicos municipales, sin autorización previa de la Legislatura.

4. Siempre que se haga uso del crédito para obras señaladas de mejoramiento o para casos

eventuales, se votará una suma anual para el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse

los fondos a otro objeto que el indicado.

5. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público anunciado con un mes, por lo

menos, de anticipación.

6. Siempre que hubiere de construirse una obra municipal de cualquier género que fuese, en

la que hubieran de invertirse fondos comunales, el concejo nombrará a dos de sus

miembros para que en asocio del intendente, la dirijan, dando cuenta del empleo de

fondos que se destine a ella.

7. Las obras públicas y las adquisiciones, deberán efectuarse de conformidad a lo

establecido en el art. 37.

8. El por ciento a invertirse en sueldos de sus empleados deberá ser fijado, en forma

general para todas las municipalidades, por la H. Legislatura con el voto de los dos

tercios de los componentes de cada Cámara.

9. No podrá trabarse embargo en los bienes y rentas municipales. Cuando haya sentencia

que condene a la municipalidad al pago de alguna deuda, ésta gestionará los recursos

para efectuar el pago dentro de los 3 meses, so pena de hacerse efectiva la ejecución.

Art. 203 – Los concejos municipales, los miembros de éstos y los empleados nombrados por ellos,

están sujetos a las siguientes responsabilidades:

1. Los cuerpos municipales responden ante los tribunales ordinarios de sus omisiones y de

sus transgresiones a la Constitución y a las leyes.

2. Los miembros de las municipalidades, responden personalmente, no sólo de cualquier

acto definido y penado por la ley, sino también de los daños y perjuicios que provengan

de la falta de cumplimiento de sus deberes.

3. Los intendentes municipales y los miembros del concejo pueden ser removidos de sus

cargos por mala conducta o abusos en el manejo de los fondos municipales, sin perjuicios

de las responsabilidades civiles o criminales en que incurran por estas causas. La

remoción sólo podrá ser resuelta por el voto de dos tercios del total de los miembros del

concejo.

Art. 204 – En los casos de acefalía de la intendencia, serán desempeñadas sus funciones por el

presidente del concejo. La remoción como intendente no importa la cesantía como concejal,

mientras no recaiga resolución en contrario.

Art. 205 – Todos los actos, resoluciones y contratos emanados de autoridades municipales que no

estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución, serán de ningún valor.

Art. 206 – Los conflictos internos de las municipalidades y los de éstas con otras municipalidades

o autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia. Cualquiera de las

partes interesadas podrá ocurrir directamente a la Corte.

Art. 207 – En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo podrá intervenir al solo

objeto de convocar a elecciones dentro del término de 30 días a contar desde el momento en que

la municipalidad sea intervenida.

Art. 208 – La Legislatura de la Provincia podrá aumentar el número de municipalidades,

subdividiendo los departamentos, cuando así lo requieran las necesidades de la población, con el

voto de la mayoría absoluta de los miembros que componen cada Cámara; pero en ningún caso

podrá disminuir el número de departamento existentes al promulgarse esta Constitución.

Art. 209 – Los poderes que esta Constitución confiere exclusivamente a las municipalidades, no

podrán ser limitados por ninguna autoridad de la Provincia.

Art. 210 – Los miembros del concejo municipal son inviolables, por las opiniones que manifiesten

y por los votos que emitan en el desempeño de su cargo. Ninguna autoridad podrá reconvenirlos

ni procesarlos en ningún tiempo, por tales causas.

SECCION VIII

Art. 211 – La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de

educación común, pudiendo también organizar la enseñanza secundaria, superior, normal,

industrial y universitaria, cuando lo juzgue conveniente.

Art. 212 – Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse a las bases

siguientes:

1. La educación será laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la

ley establezca.

2. La dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia

de la enseñanza común y especial, estará a cargo de un director general de la enseñanza,

de acuerdo con las reglas que la ley prescribe. El director general será también quien

haga cumplir por las familias la obligación en que están los niños de recibir la enseñanza

primaria y por las escuelas privadas, las leyes y reglamentos que rigen la higiene escolar.

3. El director general de escuelas será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del

Senado y durará en sus funciones 4 años, pudiendo ser reelecto.

4. La administración general de las escuelas, en cuanto no afecte su carácter técnico,

estará a cargo de un Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública, cuyas funciones

reglamentará la ley.

5. El Consejo General de Educación se compondrá, por lo menos, de cuatro miembros ad

honorem, además del director general, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del

Senado y se renovarán por mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos.

6. La renta escolar en ningún caso podrá ser distraída para otro objeto distinto al de su

creación.

7. Es obligatoria la enseñanza del idioma e historia nacional y de las Constituciones nacional

y provincial en todo establecimiento de educación, sea de carácter fiscal o particular.

8. La enseñanza pública y su dirección y administración, será costeada con las rentas

propias de la administración escolar y con el 20% de las rentas generales de la Provincia

como mínimum y con el producido de las subvenciones nacionales que correspondan. La

ley determinará los recursos que se asignen para la formación del tanto por ciento con

que debe concurrir la Provincia, prefiriendo los de carácter más permanente.

9. Las leyes de impuestos escolares serán permanentes y no dejarán de regir mientras no se

hayan promulgado otras que las sustituyan o modifiquen.

10. Ninguna parte de las rentas escolares podrá tener otra aplicación que la de pagar los

sueldos y demás gastos de la administración escolar y de las escuelas públicas que se

comprendan en el presupuesto del ramo.

11. Se formará un fondo permanente de las escuelas, depositado a premio en el

establecimiento bancario que determine la ley, o en fondos públicos, sin que pueda

disponerse más que de sus rentas para subvenir equitativa y concurrentemente con los

vecindarios, a la adquisición de terrenos y construcción de edificios para escuelas.

La base de este fondo permanente será del 50% del arrendamiento de las tierras públicas

y de los demás recursos que a este objeto determine la ley.

Art. 213 – Tanto el director general como los miembros del consejo podrán ser acusados por

cualquier habitante de la Provincia, por falta o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones

ante el Jury establecido por el artículo 164 de esta Constitución.

Art. 214 – La enseñanza especial deberá referirse principalmente a las industrias agrícolas, fabril

y de artes y oficios.

Art. 215 – La enseñanza normal propenderá en primer término a la formación de maestras y

maestros con aquellas especialidades agrícolas, ganaderas e industriales que puedan aplicarse a

las distintas regiones de la Provincia.

Art. 216 – Las leyes orgánicas que se dicten en adelante sobre instrucción secundaria y superior,

se ajustarán a las reglas siguientes:

1. La instrucción secundaria y superior estará a cargo de universidades, cuya organización

deberá dictarse teniendo por norma la de las universidades nacionales.

2. La enseñanza secundaria y superior será accesible para todos los habitantes de la

Provincia con arreglo a la ley.

Art. 217 – No podrá trabarse embargo en los bienes y rentas destinados a la educación. Cuando

haya sentencia que condene al consejo al pago de una deuda, éste gestionará los recursos

necesarios para efectuar el pago dentro de los 3 meses, so pena de hacerse efectiva la ejecución

SECCION IX

Art. 218 – Mientras el Banco de la Provincia de Mendoza subsista como Banco del Estado y no

se transforme en una institución en la cual la Provincia sea accionista, se regirá por una ley

orgánica cuyas bases fundamentales serán las siguientes:

1. El Banco conservará los privilegios, garantías y excepciones que le estén acordados por

las leyes vigentes al promulgarse esta Constitución.

2. La Provincia de Mendoza garante las operaciones del Banco, y todas las obligaciones a

favor y en contra de éste se considerarán de aquélla.

3. El Banco podrá realizar todas las operaciones que por su naturaleza pertenezcan al giro

ordinario de los establecimientos bancarios y que no estén prohibidas por leyes generales

de la Nación o de la Provincia.

4. El gobierno y administración general del Banco estarán a cargo de un directorio

compuesto de seis miembros y un director gerente nombrado por el Poder Ejecutivo con

acuerdo del Senado. Los directores durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y se

renovarán por mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos.

5. El director gerente será a la vez presidente del directorio con voz y voto en sus

deliberaciones, durará 5 años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelecto.

6. El directorio tendrá todas las atribuciones que sean propias a este género de instituciones

y que determine la ley.

7. El director gerente y los directores que con su voto concurriesen a la realización de

operaciones o actos contrarios a las disposiciones de las leyes, decretos y reglamentos

que rijan al Banco, serán personalmente responsables de los perjuicios que ocasionen,

siendo enjuiciables ante el Jury creado por el artículo 164 de esta Constitución.

8. El director gerente deberá ser ciudadano argentino, mayor de 30 años y menor de 70.

9. En el directorio podrá haber hasta dos extranjeros, siempre que tengan 5 años de

residencia inmediata en la Provincia.

SECCION X

Art. 219 – Esta Constitución podrá ser reformada en cualquier tiempo, total o parcialmente, en la

forma que ella misma determina.

Art. 220 – Podrá promoverse la reforma en cualquiera de las dos Cámaras o por iniciativa del

Poder Ejecutivo, pero la ley que declare la necesidad de la reforma deberá ser sancionada por

dos tercios de los miembros que componen cada Cámara y no podrá ser vetada.

Art. 221 – Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial de la

Constitución, se someterá al pueblo para que en la próxima elección de diputados, se vote en

todas las secciones electorales en pro o en contra de la convocatoria de una Convención

Constituyente.

Si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo

convocará a una Convención que se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que

componen la Legislatura.

Los convencionales serán elegidos en la misma forma que los diputados.

Art. 222 – La Convención se reunirá 10 días después que la Junta Electoral de la Provincia haya

practicado el escrutinio y otorgado el diploma provisorio a los convencionales electos, a fin de

pronunciar el juicio definitivo sobre las elecciones.

Una vez constituida la Convención procederá a llenar su cometido dentro del término de un año,

vencido el cual caducará su mandato.

Art. 223 – La necesidad de enmienda o de reforma de un solo artículo de esta Constitución, podrá

ser declarada y sancionada también por dos tercios de los miembros que componen cada Cámara.

Una vez dictada la ley que sancione la enmienda o reforma, se someterá al pueblo para que en la

próxima elección de diputados se vote en todas las secciones electorales, en pro o en contra de

la reforma sancionada.

Si la mayoría de los electores de la Provincia votase afirmativamente, la enmienda quedará

aprobada por el pueblo y deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo e incorporada al texto de

esta Constitución.

Art. 224 – Las reformas de la Constitución, a que se refiere el artículo anterior, no podrá votarse

por la Legislatura, sino con un intervalo de un año por lo menos.

Art. 225 – Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser diputado a la

Legislatura, no pudiendo ser electo el gobernador de la Provincia.

No podrán ser convencionales más de 10 ciudadanos naturalizados, y en caso de ser electo mayor

número, se eliminarán por sorteo que deberá efectuar la Junta Electoral.

Los convencionales gozarán de las mismas inmunidades que los miembros de la Legislatura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

I -La próxima elección para electores de gobernador y vicegobernador de la Provincia,

legisladores, electores de intendentes y miembros de los concejos deliberantes, se efectuará el

tercer domingo de abril de 1966.

II -Los diputados, hasta tanto no se modifique por ley el sistema que se da a continuación, se

nombrarán en las futuras renovaciones a través de 4 secciones electorales, compuestas del

siguiente modo:

• Primera Sección: Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle, con una representación de 16

diputados;

• Segunda Sección: San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, con una

representación de 12 diputados;

• Tercera Sección: Godoy Cruz, Luján, Tunuyán, San Carlos y Tupungato con una

representación de 10 diputados;

• Cuarta Sección: San Rafael, General Alvear y Malargue con una representación de 10

diputados.

Los actuales diputados por la primera sección electoral, terminarán su mandato el 30 de abril de

1966. Los actuales diputados por la segunda y tercera sección electoral, terminarán su mandato

el 30 de abril de 1967.

Los diputados por la primera y cuarta sección a elegirse para iniciar su mandato el 1 de mayo de

1966, durarán en el mismo hasta el 30 de abril de 1969.

Los diputados por la segunda y tercera sección, a elegirse para iniciar su mandato el 1 de mayo

de 1967, durarán en el mismo hasta el 30 de abril de 1969.

El 1 de mayo de 1969, se renovará íntegramente la Cámara, realizándose el sorteo entre los

electos dentro de la representación de cada sección, para determinar los que durarán 2 y 4 años

al efecto de las sucesivas renovaciones bianuales.

III – Los senadores, hasta tanto no se modifique por ley el sistema que se da a continuación, se

nombrarán a través de 4 secciones electorales, compuestas del modo establecido en el art. 68 y

con la siguiente representación, que se computará para las futuras renovaciones:

• Primera Sección: 12 senadores;

• Segunda Sección: 10 senadores;

• Tercera Sección: 8 senadores y

• Cuarta Sección: 8 senadores.

Los actuales senadores en ejercicio, que deben determinar su mandato el 31 de mayo de 1967, de

1969 y de 1971, cesarán el 30 de abril de esos años.

Los senadores por la cuarta sección electoral a elegir para iniciar sus mandatos el 1 de mayo de

1966, permanecerán en los mismos hasta el 30 de abril de 1971.

Los senadores que se elijan para iniciar sus mandatos el 1 de mayo de 1967 y 1969, durarán en los

mismos hasta el 30 de abril de 1971.

El 1 de mayo de 1971, se renovará íntegramente la Cámara, realizándose luego el sorteo dentro

de la representación de cada sección para determinar los que durarán 2 y 4 años, a efecto de las

sucesivas renovaciones bianuales.

IV – Las secciones electorales determinadas por los apartados precedentes, la presentación

establecida para cada uno de ellos, el régimen proporcional de elecciones actualmente vigente y

el término de los mandatos de los legisladores, no podrán ser modificados por la Legislatura hasta

el 30 de abril de 1971.

V – El gobernador y vicegobernador que resulten electos en la próxima elección, ejercerán su

mandato desde el 12 de octubre de 1966 hasta el 30 de abril de 1971. Los posteriores, se

ajustarán a lo dispuesto por el art. 114. Por el mismo término se extenderá el mandato de los

intendentes que resulten electos en la próxima elección, para adecuarse los sucesivos al termino

establecido en el art. 197.

VI – Los miembros de los concejos deliberantes terminarán su mandato el 30 de abril de 1967,

salvo que por las circunstancias de su elección deban terminar antes en su función. En este

último caso, se elegirán sus reemplazantes en el próximo comicio quienes durarán en sus

funciones hasta el 30 de abril de 1967. El 1 de mayo de 1967 se renovarán íntegramente los

concejos, sorteándose luego entre todos los electos el mandato por 2 y 4 años, al efecto de las

sucesivas renovaciones bianuales.

PREÁMBULO

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

Visualice desde aquí la Constitución Nacional

CODIGO ELECTORAL NACIONAL.

TITULO I. – Del Cuerpo Electoral CAPITULO I

De la calidad, derechos y deberes del elector

Artículo 1.- Electores. Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 2. – Prueba de esa condición. La calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio exclusivamente por su inclusión en el registro electoral.

 

Artículo 3. – Quiénes están excluidos. Están excluidos del padrón electoral:

 

a) Los dementes declarados tales en juicio; (Inciso sustituido por art. 72 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

b) (Inciso derogado por art. 73 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

c) (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 24.904, B.O.18/12/1997. Vigencia: a partir de su sanción. );

 

d) (Inciso derogado por art. 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

 

e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena;

 

f) Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis;

 

g) Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción;

 

h) (Inciso derogado por art. 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

 

i) Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción:

 

j) (Inciso derogado por art. 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

 

k) (Inciso derogado por art. 3° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004);

 

l) Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos;

 

m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

 

Artículo 3° bis.- Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

 

A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y designará a sus autoridades.

 

Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda podrán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados.

 

(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004. Vigencia: a partir de su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, la que deberá dictarse en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la publicación de la norma de referencia.).

 

Artículo 4. – Forma y plazo de las habilitaciones. El tiempo de la inhabilitación se contará desde la fecha de la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. La condena de ejecución condicional se computará a los efectos de la inhabilitación.

 

Las inhabilitaciones se determinarán en forma sumaria por el juez electoral, de oficio, por denuncia de cualquier elector o por querella fiscal. La que fuere dispuesta por sentencia será asentada una vez que se haya tomado conocimiento de la misma. Los magistrados de la causa, cuando el fallo quede firme, lo comunicarán al Registro Nacional de las Personas y juez electoral respectivo, con remisión de copia de la parte resolutiva y la individualización del nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, número y clase de documento cívico, y oficina enroladora del inhabilitado.

 

El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria evacuará los informes que le soliciten los jueces electorales.

 

Artículo 5. – Rehabilitación. La rehabilitación se decretará de oficio por el juez electoral, previa vista fiscal, siempre que la cesación de la causal inhabilitante surja de las constancias que se tuvieron al disponerla. De lo contrario, sólo podrá considerarse a petición del interesado.

 

Artículo 6. – Inmunidad del Elector. Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al elector desde veinticuatro (24) horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de estos supuestos no se le estorbará en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño de sus funciones.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 7. – Facilitación de la emisión del voto. Igualmente, ninguna autoridad obstaculizará la actividad de los partidos políticos reconocidos en lo que concierne a la instalación y funcionamiento de locales, suministro de información a los electores y facilitación de la emisión regular del voto, siempre que no contraríen las disposiciones de esta ley.

 

Artículo 8. – Electores que deben trabajar. Los que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario.

 

Artículo 9.- Carácter del sufragio. El sufragio es individual y ninguna autoridad ni personas, corporación, partido, o agrupación política, puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea.

 

Artículo 10. – Amparo del elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

 

Artículo 11. – Retención indebida de documento cívico. El elector también puede pedir amparo al juez electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.

 

Artículo 12. – Deber de votar. Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito.

Quedan exentos de esa obligación:

a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

b) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;

d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este artículo son de carácter optativo para el elector.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 13.- Secreto del voto. El elector tiene derecho a guardar el secreto del voto.

 

Artículo 14.- Funciones de los electores. Todas las funciones que esta ley atribuye a las autoridades de mesa son irrenunciables y serán compensadas en la forma que determina esta ley y su reglamentación.

 

(Artículo sustituido por art.1 de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002)

 

CAPITULO II

 

Del Registro Nacional de Electores

 

(Nombre del Capítulo sustituido por art. 74 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 15. – Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores es único y contiene los siguientes subregistros:

1. De electores por distrito;

2. De electores inhabilitados y excluidos;

3. De electores residentes en el exterior;

4. De electores privados de la libertad.

El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la firma original del elector, y la fotografía.

Corresponde a la justicia nacional electoral actualizar la profesión de los electores.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 16. – De los subregistros electorales por distrito. En cada secretaría electoral se organizará el subregistro de los electores de distrito, el cual contendrá los datos suministrados por medios informáticos por la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos que consten en el Registro Nacional de Electores.

 

(Artículo sustituido por art. 75 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 17. – Organización del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores será organizado por la Cámara Nacional Electoral, quien será la autoridad competente para disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho registro contendrá los datos de todos los electores del país y debe ser organizado por distrito.

 

Las modalidades de actualización que establezca comprenderán la modificación del asiento registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos por ellos o por las constancias obtenidas de tareas de fiscalización, de lo cual informará al Registro Nacional de las Personas con la constancia documental que acredite la modificación.

 

El Registro Nacional de las Personas deberá remitir al Registro Nacional de Electores, en forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores. Sin perjuicio de ello, debe remitir periódicamente las constancias documentales que acrediten cada asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única y centralizada, en la Cámara Nacional Electoral.

 

Estas constancias se utilizarán como medio de prueba supletorio en caso de controversia sobre los asientos registrales informáticos.

 

La Cámara Nacional Electoral podrá reglamentar las modalidades bajo las cuales el Registro Nacional de las Personas deberá remitir la información, así como también los mecanismos adecuados para su actualización y fiscalización permanente, conforme lo previsto en la presente ley, y de acuerdo a la posibilidad de contar con nuevas tecnologías que puedan mejorar el sistema de registro de electores.

 

Queda garantizado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso libre y permanente a la información contenida en el Registro Nacional de Electores, a los efectos electorales.

 

(Artículo sustituido por art. 76 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 17 bis — Actualización. La actualización y depuración de los registros es permanente, y tiene por objeto:

 

a) Incluir los datos de los nuevos electores inscritos;

 

b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un (1) registro válido para un mismo elector;

 

c) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los electores;

 

d) Actualizar la profesión de los electores;

 

e) Excluir a los electores fallecidos.

 

(Artículo incorporado por art. 77 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 18: Registro de infractores al deber de votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 12. Luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar a la Cámara el listado correspondiente a los electores de su distrito.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 19. – (Artículo derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 20. – (Artículo derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 21. – (Artículo derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 22. – Fallecimiento de electores. El Registro Nacional de las Personas cursará mensualmente a la Cámara Nacional Electoral, la nómina de los electores fallecidos, acompañando los respectivos documentos cívicos. A falta de ellos enviará la ficha dactiloscópica o constancia de la declaración de testigos o la certificación prevista por el artículo 46 de la Ley 17.671.

 

Una vez recibida la información, se ordenará la baja del registro correspondiente.

 

Los soportes documentales, se anularán de inmediato, para su posterior destrucción.

 

La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Nacional Electoral, en el sitio de Internet de la justicia nacional electoral al menos una (1) vez al año y, en todo los casos, diez (10) días antes de cada elección, en acto público y en presencia de un (1) delegado del Registro Nacional de las Personas, se procederá a destruir los documentos cívicos de los electores fallecidos hasta la fecha del cierre del movimiento de altas y bajas contemplado en esta norma.

 

El fallecimiento de los electores acaecido en el extranjero se acreditará con la comunicación que efectuará el consulado argentino del lugar donde ocurriere, al Registro Nacional de las Personas, y por conducto de éste a la Cámara Nacional Electoral.

 

(Artículo sustituido por art. 78 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 23. – (Artículo derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 24. – Comunicación de faltas o delitos. Las inscripciones múltiples, los errores o cualquier anomalía en las mismas y las faltas o delitos sancionados por esta ley, deberán ser puestos en conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.

 

El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral, enviarán semestralmente a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior la estadística detallada del movimiento de altas y bajas registrado en todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.

 

(Artículo sustituido por art. 79 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

CAPITULO III

 

(Capítulo sustituido por art. 80 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Padrones provisionales

 

Artículo 25: De los padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los electores inscritos en ellos. Los padrones provisionales están compuestos por los datos de los subregistros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta ciento ochenta (180) días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre y domicilio de los inscritos. Los mismos deberán estar ordenados por distrito y sección.

Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte para la impresión de las listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días después de la fecha de cierre del registro para cada elección, en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptible de correcciones por parte de los electores inscritos en él. Se deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas al padrón provisional.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 27: Reclamo de los electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figurasen en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante el juez electoral durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la publicación de aquéllos, personalmente, por vía postal en forma gratuita, o vía web. En estos últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos necesarios para verificar la información objeto del reclamo.

 

Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral, que se eliminen o tachen del padrón los electores fallecidos, los inscritos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al elector impugnado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional Electoral para que disponga la anotación de la inhabilitación en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez, se eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en papel.

El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

CAPITULO IV.

 

Padrón electoral

 

Artículo 29. – Padrón definitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que tendrá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.

El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.

Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector, un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que para los padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 30. – Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos serán publicados en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral y por otros medios que se consideren convenientes. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distribución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las elecciones primarias y generales, en los que se incluirán, además los datos requeridos por el artículo 25, para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada mesa, y una columna para la firma del elector. (Párrafo sustituido por art. 82 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral y llevarán impresas al dorso las actas de apertura y clausura.

 

En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares figurará con caracteres sobresalientes el distrito, la sección, el circuito y la mesa correspondiente. Los juzgados electorales conservarán por lo menos tres ejemplares del padrón.

 

Artículo 31. – Requisitos a cumplimentar en la impresión. La impresión de las listas y registros se realizará cumplimentando todas las formalidades complementarias y especiales que se dicten para cada acto comercial, bajo la responsabilidad y fiscalización del juez, auxiliado por el personal a sus órdenes, en la forma que prescribe esta ley.

 

Artículo 32. – Distribución de ejemplares. El padrón de electores se entregará:

 

1. A las Juntas Electorales, tres (3) ejemplares autenticados y además el número necesario para su posterior remisión a las autoridades de las mesas receptoras de votos.

 

2. Al Ministerio del Interior, tres (3) ejemplares autenticados

 

3. A los Partidos Políticos que los soliciten, en cantidad a determinar por el juez electoral de cada distrito.

 

4. A los Tribunales y Juntas Electorales de las Provincias, un ejemplar igualmente autenticado.

 

El Ministerio del Interior conservará en sus archivos durante (3) tres años los ejemplares autenticados del registro electoral.

 

La justicia nacional electoral distribuirá los padrones definitivos impresos de electores privados de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en forma electrónica a las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Párrafo incorporado por art. 83 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N°23.476, B.O. 3/3/1987)

 

Artículo 33. – Errores u omisiones. Plazos para subsanarlos. Los electores estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio.

No darán órdenes directas de inclusión de electores en los ejemplares ya enviados a los presidentes de mesa.

Las reclamaciones que autoriza este artículo se limitarán exclusivamente a la enmienda de erratas u omisiones. No serán admisibles las reclamaciones e impugnaciones a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley, las cuales tendrán que ser formuladas en las oportunidades allí señaladas.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 34. – Personal de las fuerzas de seguridad. Veinticinco (25) días antes de cada elección, los jefes de las fuerzas de seguridad comunicarán a los jueces electorales que correspondan la nómina de agentes que revistan a sus órdenes y los establecimientos de votación a los que estarán afectados. Los jueces electorales incorporarán al personal afectado a un padrón complementario de una de las mesas que se encuentren en tal lugar siempre que por su domicilio en el padrón electoral le corresponda votar por todas las categorías de la misma jurisdicción.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

 

Artículo 35. – Comunicación de autoridades civiles y militares respecto de electores inhabilitados. Las autoridades civiles y militares deberán formalizar, noventa (90) días antes de cada elección mediante comunicación a los jueces electorales la referencia de los electores inhabilitados en virtud de las prescripciones del artículo 3° y que se hallasen bajo sus órdenes o custodia o inscriptos en los registros a su cargo.

El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el presente artículo, pasados treinta (30) días del plazo fijado en ellos y sin necesidad de requerimiento alguno, hará incurrir a los funcionarios responsables en falta grave administrativa. Los jueces electorales comunicarán el hecho a los respectivos superiores jerárquicos a los fines que corresponda.

Si las autoridades que se mencionan aquí no tuviesen bajo sus órdenes o custodia a electores comprendidos en la prescripción del artículo 3°, igualmente lo harán saber a los jueces pertinentes en el plazo a que alude el primero de ellos.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 36. – Inhabilitaciones, ausencias con presunción de fallecimiento, delitos y faltas electorales. Comunicación. Todos los jueces de la República, dentro de los cinco días desde la fecha en que las sentencias que dicten pasen en autoridad de cosa juzgada, deben comunicar al Registro Nacional de las Personas y al juez electoral de distrito el nombre, apellido, número de documento cívico, clase y domicilio de los electores inhabilitados por algunas de las causales previstas en el artículo 3, como así también cursar copia autenticada de la parte dispositiva de tales sentencias, en igual forma que se hace al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria.

 

Los mismos requisitos deberán cumplir los magistrados que decreten ausencias con presunción de fallecimiento.

 

Los jueces electorales comunicarán a la Cámara Nacional Electoral, en igual plazo y forma, las sanciones impuestas en materia de delitos y faltas electorales.

 

Artículo 37. – Tacha de electores inhabilitados. Los jueces electorales dispondrán que sean tachados con una línea roja los electores comprendidos en el artículo 3 en los ejemplares de los padrones que se remitan a los presidentes de comicio y en uno de los que se entregan a cada partido político agregando además en la columna de observaciones la palabra “inhabilitado” y el artículo o inciso de la Ley que establezcan la causa de inhabilidad.

 

Artículo 38. – Copias para los partidos políticos. Los jueces electorales también entregarán copia de las nóminas que mencionan los artículos 30 y 36 a los representantes de los partidos políticos, los que podrán denunciar por escrito las comisiones, errores o anomalías que observaren.

 

TITULO II.

 

Divisiones Territoriales. Agrupación de Electores. Jueces y Juntas Electorales

 

CAPITULO I.

 

Divisiones territoriales y agrupación de electores

 

Artículo 39. – Divisiones territoriales. A los fines electorales la Nación se divide en:

 

1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada provincia, constituyen un distrito electoral.

 

2. Secciones. Que serán subdivisiones de los distritos. Cada uno de los partidos, departamentos de las provincias, constituyen una sección electoral. Igualmente cada comuna en que se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será una sección. Las secciones llevarán el nombre del partido o departamento de la provincia, o la denominación de la comuna correspondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

3. Circuitos, que serán subdivisiones de las secciones. Agruparán a los electores en razón de la proximidad de los domicilios, bastando una mesa electoral para constituir un circuito.

 

4. En la formación de los circuitos se tendrán particularmente en cuenta los caminos, ríos, arroyos y vías de comunicación entre poblaciones tratando de abreviar las distancias entre el domicilio de los electores, y los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos.

 

Los circuitos serán numerados correlativamente dentro del distrito.

 

La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones electorales del país.

 

(Artículo sustituido por art. 84 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 40. – Límites de los circuitos. Los límites de los circuitos en cada sección se fijarán con arreglo al siguiente procedimiento:

 

1. El juzgado federal con competencia electoral de cada distrito, con arreglo a las directivas sobre organización de los circuitos que dicte la Cámara Nacional Electoral, preparará un anteproyecto de demarcación, de oficio, por iniciativa de las autoridades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando intervención en el primer caso a estas últimas. El juzgado federal con competencia electoral elevará el anteproyecto y la opinión de las autoridades locales a la Cámara Nacional Electoral para su remisión a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. El anteproyecto deberá tener las características técnicas que establezca la reglamentación.

 

2. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto, notificará el inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados en el distrito de que se trate, considerará la pertinencia del mismo, efectuará un informe técnico descriptivo de la demarcación propuesta; lo publicará en el Boletín Oficial por dos (2) días; si hubiera observaciones dentro de los veinte (20) días de publicados, las considerará y, en su caso, efectuará una nueva consulta a las autoridades locales y a la Justicia Nacional Electoral; incorporadas o desechadas las observaciones, elevará a la consideración del Ministerio del Interior para su aprobación el proyecto definitivo.

 

3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de los circuitos se mantendrán las divisiones actuales.

 

4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán a la Justicia Nacional Electoral, con una antelación no menor de ciento ochenta (180) días a la fecha prevista para la elección y en el formato y soporte que establezca la reglamentación, mapas de cada una de las secciones en que se divide el distrito señalando en ellos los grupos demográficos de población electoral con relación a los centros poblados y medios de comunicación. En planilla aparte se consignarán el número de electores que forman cada una de esas agrupaciones.

 

(Artículo sustituido por art. 85 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 41. Mesas electorales. Cada circuito se dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.

Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta (60), se incorporará a la mesa que el juez determine. Si restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces electorales pueden constituir mesas electorales, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los electores al comicio, agrupando a los electores considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez realizada esta operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

CAPITULO II.

 

Jueces electorales

 

Artículo 42. – Jueces electorales. En la Capital de la República, y en la de cada provincia y territorio, desempeñarán las funciones de jueces electorales, hasta tanto éstos sean designados, los jueces federales que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren a cargo de los registros electorales.

 

En caso de ausencia, excusación o impedimento, tales magistrados serán subrogados en la forma que establece la ley de organización de la justicia nacional.

 

Artículo 43. – Atribuciones y deberes. Tienen las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de lo establecido en la ley 19.108 y reglamento para la justicia nacional:

1. Proponer a las personas que deban ocupar el cargo de secretario, prosecretario y demás empleos.

2. Aplicar sanciones disciplinarias, inclusive arresto de hasta quince (15) días, a quienes incurrieren en falta respecto a su autoridad o investidura o a la de los demás funcionarios de la Secretaría Electoral, u obstruyeren su normal ejercicio.

3. Imponer al secretario, prosecretario o empleados sanciones disciplinarias con sujeción a lo previsto en el reglamento para la justicia nacional. Además, en casos graves, podrán solicitar la remoción de éstos a la Cámara Nacional Electoral.

4. Recibir y atender las reclamaciones interpuestas por cualquier elector y por los apoderados de los partidos políticos, sobre los datos consignados en los aludidos registros.

5. Designar auxiliares ad-hoc, para la realización de tareas electorales, a funcionarios nacionales, provinciales o municipales. Las designaciones se considerarán carga pública.

6. Cumplimentar las demás funciones que esta ley les encomienda específicamente.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 44. – Competencia. Los jueces electorales conocerán a pedido de parte o de oficio:

 

1. En primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales.

 

2. En primera instancia, y con apelación ante la Cámara Nacional Electoral, en todas las cuestiones relacionadas con:

 

a) La aplicación de la Ley Electoral, Ley Orgánica de los Partidos Políticos y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido expresamente a las juntas electorales;

 

b) La fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos políticos de su distrito; y, en su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones;

 

c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos mediante examen y aprobación o desaprobación de los estados contables que deben presentarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, previo dictamen fiscal;

 

d) La organización y fiscalización de las faltas electorales, nombres, símbolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos y de afiliados de los mismos en el distrito pertinente. (Inciso sustituido por art. 87 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

e) La elección, escrutinio y proclamación de las autoridades partidarias de su distrito.

 

Artículo 45. – Organización de las secretarías electorales. Cada juzgado contará con una secretaría electoral, que estará a cargo de un funcionario que deberá reunir las calidades exigidas por la ley de organización de la justicia nacional.

 

El secretario electoral será auxiliado por un prosecretario, quien también reunirá sus mismas calidades.

 

El secretario y prosecretario no podrán estar vinculados con el juez por parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 

En caso de vacancia, ausencia o impedimento, el secretario será subrogado por el prosecretario, con iguales deberes y atribuciones.

 

Por vacancia, ausencia o impedimento del secretario y prosecretario electoral, sus funciones serán desempeñadas en cada distrito por los secretarios de actuación del juzgado federal respectivo, que designe la pertinente cámara de apelaciones.

 

Artículo 46. – Remuneración de los secretarios. Los secretarios electorales gozarán de una asignación mensual que nunca será inferior a la de los secretarios de actuación aludidos en el artículo anterior.

 

Artículo 47. – Comunicación sobre caducidad o extinción de partidos políticos. Los secretarios electorales comunicarán a la Cámara Nacional Electoral y a los restantes secretarios electorales del país la caducidad o extinción de los partidos políticos.

 

CAPITULO III

 

Juntas Electorales Nacionales

 

Artículo 48. – Dónde funcionan las juntas electorales nacionales. En cada capital de provincia y territorio y en la capital de la República, funcionará una junta electoral nacional, la que se constituirá y comenzará sus tareas sesenta días antes de la elección.

 

Al constituirse, la junta se dirigirá a las autoridades correspondientes solicitando pongan a su disposición el recinto y dependencias necesarias de la Cámara de Diputados de la Nación y los de las legislaturas de las provincias. En caso contrario les serán facilitados otros locales adecuados a sus tareas.

 

Artículo 49. – Composición. En la Capital Federal la Junta estará compuesta por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y el juez electoral y, hasta tanto se designe a este último, por el juez federal con competencia electoral. En las capitales de provincia se formará con el presidente de la Cámara Federal, el juez electoral y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

 

En aquellas provincias que no tuvieren Cámara Federal, se integrará con el juez Federal de sección y, mientras no sean designados los jueces electorales, por el procurador fiscal federal. Del mismo modo se integrará, en lo pertinente, la junta electoral del territorio.

 

En los casos de ausencia, excusación o impedimento de algunos de los miembros de la junta, será sustituido por el subrogante legal respectivo.

 

Mientras no exista Cámara Federal de Apelaciones en las ciudades de Santa Fe y Rawson, integrarán las juntas electorales de esos distritos los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones con sede en las ciudades de Rosario y Comodoro Rivadavia, respectivamente.

 

El secretario electoral del distrito actuará como secretario de la junta y esta podrá utilizar para sus tareas al personal de la secretaría electoral.

 

Artículo 50. – Presidencia de las Juntas. En la capital de la República la presidencia de la Junta será ejercida por el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y en las provincia por el presidente de la Cámara Federal o por el juez electoral, cuando no existiere este último tribunal.

 

Artículo 51. – Resoluciones de las Juntas Electorales Nacionales. Las resoluciones de la Junta son apelables ante la Cámara Nacional Electoral. La jurisprudencia de la Cámara prevalecerá sobre los criterios de las Juntas Electorales y tendrá respecto de éstas el alcance previsto por el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

La secretaría electoral pondrá a disposición de la Junta la documentación y antecedentes de actos eleccionarios anteriores, como así también de los impresos y útiles de que es depositaria.

 

Artículo 52. – Atribuciones. Son atribuciones de las Juntas Electorales;

 

1. Aprobar las boletas de sufragio.

 

2. (Inciso derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

3. Decidir sobre las impugnaciones, votos recurridos y protestas que se sometan a su consideración.

 

4. Resolver respecto de las causas que a su juicio fundan la validez o nulidad de la elección.

 

5. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos otorgarles sus diplomas.

 

6. Nombrar al personal transitorio y afectar al de la secretaría electoral con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

 

7. Realizar las además tareas que le asigne esta ley, para lo cual podrá:

 

a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea nacional, provincial o municipal, la colaboración que estime necesaria;

 

b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas a documentos, urnas, efectos o locales sujetos a su disposición o autoridad, las que serán cumplidas directamente y de inmediato por la policía u otro organismo que cuente con efectivos para ello.

 

8. Llevar un libro especial de actas en el que se consignará todo lo actuado en cada elección.

 

TITULO III.

 

De los actos preelectorales

 

CAPITULO I.

 

Convocatoria.

 

Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales será hecha por el Poder Ejecutivo nacional.

 

La elección se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148.

 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.983 B.O. 30/12/2004).

 

(Nota Infoleg: por art. 5° de la Ley N° 26.495 B.O. 27/3/2009 se suspende, por única vez, lo dispuesto en el último párrafo del presente artículo, para la elección de diputados y senadores nacionales a celebrarse el 28 de junio de 2009. Vigencia: desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial)

 

Artículo 54: Plazo y Forma. La convocatoria deberá hacerse con NOVENTA (90) días, por lo menos, de anticipación y expresará:

 

1. Día de elección;

 

2. Distrito electoral;

 

3. Clase y número de cargos a elegir;

 

4. Número de candidatos por los que podrá votar el elector;

 

5. Indicación del sistema electoral aplicable.

 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.983 B.O. 30/12/2004).

 

CAPITULO II.

 

Apoderados y fiscales de los partidos políticos

 

Artículo 55. – Apoderados de los partidos políticos. Constituidas las juntas, los jueces electorales respectivos y los tribunales electorales provinciales, en su caso, les remitirán inmediatamente nómina de los partidos políticos reconocidos y la de sus apoderados, con indicación de sus domicilios. Dichos apoderados serán sus representantes a todos los fines establecidos por esta ley. Los partidos sólo podrán designar un apoderado general por cada distrito y un suplente, que actuará únicamente en caso de ausencia o impedimento del titular. En defecto de designación especial, las juntas considerarán apoderado general titular al primero de la nómina que le envíen los jueces y suplente al que le siga en el orden.

 

Artículo 56. – Fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos políticos. Los partidos políticos, reconocidos en el distrito respectivo y que se presenten a la elección, pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También podrán designar fiscales generales de la sección. que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permitirá la actuación simultánea en una mesa de más de un fiscal por partido.

 

Artículo 57. – Misión de los fiscales. Será la de fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar los reclamos que estimaren correspondan.

 

Artículo 58. – Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales generales de los partidos políticos deberán saber leer y escribir y ser electores del distrito en que pretendan actuar.

 

(Segundo párrarfo derogado por art. 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

 

(Ultimo párrafo derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 59. – Otorgamiento de poderes a los fiscales. Los poderes de los fiscales y fiscales generales serán otorgados bajo la firma de las autoridades directivas del partido, y contendrán nombre y apellido completo, número de documento cívico y su firma al pie del mismo.

 

Estos poderes deberán ser presentados a los presidentes de mesa para su reconocimiento, desde tres días antes del fijado para la elección.

 

La designación de fiscal general será comunicada a la Junta Electoral Nacional de distrito, por el apoderado general del partido, hasta veinticuatro horas antes del acto eleccionario.

 

CAPITULO III.

 

Oficialización de las listas de candidatos

 

Artículo 60.- Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

 

En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.

 

Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30%) de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas deberán estar conformadas por dos personas de diferente sexo, tanto para candidatos titulares como suplentes.

 

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no hayan resultado electos en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

 

(Artículo sustituido por art. 88 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 61.- Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de lista de los titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución. En la misma forma se sustanciarán las nuevas sustituciones.

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente la agrupación política que lo haya registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal designación debe recaer en un elector que haya participado en las elecciones primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la vacante.

Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.

La lista oficializada de candidatos será comunicada por el Juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

CAPITULO IV.

 

Oficialización de las boletas de sufragio

 

Artículo 62. – Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas que hubieren proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos exactos de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en los comicios.

 

I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel de diario u obra común de sesenta (60) gramos como máximo, impresas en colores. Serán de doce por diecinueve centímetros (12 x 19 cm.) para cada categoría de candidatos. Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio.

 

Para una más notoria diferenciación se podrán usar distintas tipografías en cada sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.

 

II. En las boletas se incluirán la nómina de candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de cinco milímetros (5 mm.) como mínimo. Se admitirá también la sigla, monograma o logotipo, escudo o símbolo o emblema, fotografías y número de identificación de la agrupación política.

 

III. Los ejemplares de boletas a oficializar se entregarán ante la Junta Electoral Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a los presidentes de mesa serán autenticadas por la Junta Electoral Nacional, con un sello que diga: “Oficializada por la Junta Electoral de la Nación para la elección de fecha…”, y rubricada por la secretaría de la misma.

 

(Artículo sustituido por art. 90 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 63. – Verificación de los candidatos. La Junta Electoral Nacional verificará, en primer término, si los nombres y orden de los candidatos concuerdan con la lista registrada por el juez electoral y tribunales provinciales en su caso.

 

Artículo 64. – Aprobación de las boletas. Cumplido este trámite, la Junta convocará a los apoderados de los partidos políticos y oídos éstos aprobarán los modelos de boletas si a su juicio reunieran las condiciones determinadas por esta ley.

 

Cuando entre los modelos presentados no existan diferencias tipográficas que los hagan inconfundibles entre sí a simple vista, aun para los electores analfabetos, la Junta requerirá de los apoderados de los partidos la reforma inmediata de los mismos, hecho lo cual dictará resolución.

 

CAPITULO IV bis.

 

De la campaña electoral

 

Artículo 64 bis.- Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

 

La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

 

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo.

 

(Artículo sustituido por art. 91 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 64 ter. Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio.

 

La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por la ley.

 

(Artículo sustituido por art. 92 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 64 quater. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

 

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

 

(Artículo sustituido por art. 93 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

CAPITULO V

 

Distribución de equipos y útiles electorales

 

Artículo 65. – Su provisión. El Poder Ejecutivo adoptará las providencias que fueran necesarias para remitir con la debida antelación a las Juntas Electorales las urnas, formularios, sobres, papeles especiales y sellos que éstas deban hacer llegar a los presidentes de comicio.

 

Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del servicio oficial de Correos.

 

Artículo 66. – Nómina de documentos y útiles. La Junta Electoral entregará a la oficina superior de correos que exista en el asiento de la misma, con destino al presidente de cada mesa, los siguientes documentos y útiles:

 

1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además de la dirección de la mesa, tendrá una atestación notable que diga: “Ejemplares del Padrón Electoral”.

 

2. Una urna que deberá hallarse identificada con un número, para determinar su lugar de destino, de lo cual llevará registro la Junta.

 

3. Sobres para el voto. Los mismos deberán ser opacos. (Inciso sustituido por art. 94 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

4. Un ejemplar de cada una de las boletas oficializadas, rubricado y sellado por el Secretario de la Junta.

 

La firma de este funcionario y el sello a que se hace mención en el presente inciso se consignará en todas las boletas oficializadas.

 

5. Boletas, en el caso de que los partidos políticos las hubieren suministrado para distribuirlas. La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de los partidos a sus efectos serán establecidas por la Junta Nacional Electoral en sus respectivos distritos, conforme a las posibilidades en consulta con el servicio oficial de correos. La Junta Nacional Electoral deberá además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de votación boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos, alianzas o confederaciones que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán entregadas a las autoridades de mesa que las requieran. (Inciso sustituido por art. 94 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

6. Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, impresos, papel, etc., en la cantidad que fuere menester.

 

7. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.

 

8. Un ejemplar de esta ley.

 

9. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral. (Inciso incorporado por art. 95 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

La entrega se efectuará con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidos en el lugar en que funcionará la mesa a la apertura del acto electoral.

 

TITULO IV

 

EL ACTO ELECTORAL

 

CAPITULO I

 

Normas especiales para su celebración

 

Artículo 67. – Reunión de tropas. Prohibición. Sin perjuicio de lo que especialmente se establezca en cuanto a la custodia y seguridad de cada comicio, el día de la elección queda prohibido la aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada. Sólo los presidentes de mesas receptoras de votos tendrán a su disposición la fuerza policial necesaria para atender el mejor cumplimiento de esta ley.

 

Excepto la policía destinada a guardar el orden, las fuerzas que se encontrasen en la localidad en que tenga lugar la elección se mantendrán acuarteladas mientras se realice la misma.

 

Artículo 68. – Miembros de las fuerzas armadas. Limitaciones de su actuación durante el acto electoral. Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas y autoridades policiales nacionales, provinciales, territoriales y municipales, no podrán encabezar grupos de electores durante la elección, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar reuniones con el propósito de influir en los actos comiciales.

Al personal retirado de las fuerzas armadas, cualquiera fuera su jerarquía, le está vedado asistir al acto electoral vistiendo su uniforme.

El personal de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a los comicios de uniforme y portando sus armas reglamentarias.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 69. – Custodia de la mesa. Sin mengua de lo determinado en el primer párrafo del artículo 67, las autoridades respectivas dispondrán que los días de elecciones nacionales se pongan agentes de policía en el local donde se celebrarán y en número suficiente a las órdenes de cada uno de los presidentes de mesa, a objeto de asegurar la libertad y regularidad de la emisión del sufragio.

 

Este personal de resguardo sólo recibirá órdenes del funcionario que ejerza la presidencia de la mesa.

 

Artículo 70. – Ausencia del personal de custodia. Si las autoridades locales no hubieren dispuesto la presencia de fuerzas policiales a los fines del artículo anterior, o si éstas no se hicieran presente, o si estándolo no cumplieran las órdenes del presidente de la mesa, éste lo hará saber telegráficamente al juez electoral, quien deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades locales para que provean la policía correspondiente, y mientras tanto podrá ordenar la custodia de la mesa por fuerzas nacionales.

 

Artículo 71. – Prohibiciones. Queda prohibido: (Título sustituido por art. 4 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

 

a) Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80 m) alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial;

 

b) Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado;

 

c) Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio;

 

d) Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;

 

e) A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada;

 

f) Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo. (Inciso sustituido por art. 4 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

 

g) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de ochenta metros (80 m.) de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito.

 

h) Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre. (Inciso incorporado por art. 4 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

 

CAPITULO II

 

Mesas receptoras de votos

 

Artículo 72 — Autoridades de la mesa. Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de presidente. Se designará también un suplente, que auxiliará al presidente y lo reemplazará en los casos que esta ley determina.

En caso de tratarse de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, las autoridades de mesa designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de llevarse a cabo la segunda vuelta.

Los electores que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto de viático.

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior y Transporte determinará la suma que se liquidará en concepto del viático, estableciendo el procedimiento para su pago que se efectuará dentro de los sesenta (60) días de realizado el comicio, informando de la resolución al juez federal con competencia electoral de cada distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán ambas compensaciones y se cancelarán dentro de un mismo plazo.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 73. – Requisitos. Los presidentes y suplentes deberán reunir las calidades siguientes:

1. Ser elector hábil.

2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad.

3. Residir en la sección electoral donde deba desempeñarse.

4. Saber leer y escribir.

A los efectos de verificar la concurrencia de estos requisitos, las Juntas Electorales están facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estimen necesarios.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 74. – (Artículo derogado por art. 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

 

Artículo 75. – Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.

Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.

Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de los servicios especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.

a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas. Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la Junta;

b) Es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato. Se acreditará mediante certificación de las autoridades del respectivo partido;

c) A los efectos de la justificación por los presidentes o suplentes de mesa de la enfermedad que les impida concurrir al acto electoral, solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los profesionales indicados, la certificación podrá ser extendida por un médico particular, pudiendo la Junta hacer verificar la exactitud de la misma por facultativos especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente fiscal a los fines previstos en el artículo 132.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 75 bis — Registro de autoridades de mesa. La justicia nacional electoral creará un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Aquellos electores que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la justicia electoral o en las delegaciones de correo donde habrá formularios al efecto.

La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte prestar el apoyo necesario.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 76. – Obligaciones del presidente y los suplentes. El presidente de la mesa y el suplente deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Al reemplazarse entre sí, los funcionarios dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo.

 

(Artículo sustituido por art. 6 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002)

 

Artículo 77. – Ubicación de las mesas. Los jueces electorales designarán con más de treinta días de anticipación a la fecha del comicio los lugares donde funcionarán las mesas. Para ubicarlas podrán habilitar dependencias oficiales, locales de entidades de bien público, salas de espectáculos y otras que reúnan las condiciones indispensables.

 

1. A los efectos del cumplimiento de esta disposición requerirán la cooperación de las policías de la Nación o de las provincias y, de ser menester, de cualquier otra autoridad, sea nacional, provincial o municipal.

 

2. Los jefes, dueños y encargados de los locales indicados en el primer párrafo tendrán la obligación de averiguar si han sido destinados para la ubicación de mesas receptoras de votos. En caso afirmativo adoptarán todas las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento del comicio, desde la hora señalada por la ley, proveyendo las mesas y sillas que necesiten sus autoridades. Esta obligación no exime a la Junta Electoral de formalizar la notificación en tiempo.

 

3. (Inciso derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

4. Si no existiesen en el lugar locales apropiados para la ubicación de las mesas, el juez podrá designar el domicilio del presidente del comicio para que la misma funcione.

 

Artículo 78. – Notificación. La designación de los lugares en que funcionarán las mesas y la propuesta de nombramiento de sus autoridades serán notificadas por el juez a la Junta Electoral de distrito y al Ministerio del Interior, dentro de los cinco días de efectuada.

 

Artículo 79. – Cambios de ubicación. En caso de fuerza mayor ocurrida con posterioridad a la determinación de los locales de funcionamiento de las mesas, la Junta podrá variar su ubicación.

 

Artículo 80. – Publicidad de la ubicación de las mesas y sus autoridades. La designación de los presidentes y suplentes de las mesas y del lugar en que éstas hayan de funcionar, se hará conocer, por lo menos quince días antes de la fecha de la elección, por medio de carteles fijados en parajes públicos de las secciones respectivas. La publicación estará a cargo de la Junta, que también la pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, de los gobernadores de provincias y territorio, distritos militares, oficinas de correos, policías locales y de los apoderados de los partidos políticos concurrentes al acto electoral.

 

Las policías de cada distrito o sección, serán las encargadas de hacer fijar los carteles con las constancias de designación de autoridades de comicio y de ubicación de mesas en los parajes públicos de sus respectivas localidades.

 

El Ministerio del Interior conservará en sus archivos, durante cinco años, las comunicaciones en que consten los datos precisados en el párrafo precedente.

 

CAPITULO III

 

Apertura del acto electoral

 

Artículo 81. – Constitución de las mesas el día del comicio. El día señalado para la elección por la convocatoria respectiva deberán encontrarse a las siete y cuarenta y cinco horas, en el local en que haya de funcionar la mesa, el presidente y sus suplentes, el empleado de correos con los documentos y útiles que menciona el artículo 66 y los agentes de policía que las autoridades locales pondrán a las órdenes de las autoridades del comicio.

 

La autoridad policial adoptará las previsiones necesarias a fin de que los agentes afectados al servicio de custodia del acto conozcan los domicilios de las autoridades designadas para que en caso de inasistencia a la hora de apertura procedan a obtener por los medios más adecuados el comparendo de los titulares al desempeño de sus funciones.

 

Si hasta las ocho y treinta horas no se hubieren presentado los designados, la autoridad policial y/o el empleado postal hará conocer tal circunstancia a su superior y éste a su vez por la vía más rápida a la Junta Electoral para que ésta tome las medidas conducentes a la habilitación del comicio.

 

Las funciones que este artículo encomienda a la policía son sin perjuicio de las que especialmente en cada elección se establezcan en cuanto a su custodia y demás normas de seguridad.

 

Artículo 82. – Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:

 

1. A recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos que le entregue el empleado de correos, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación.

 

2. A cerrar la urna poniéndole una faja de papel que no impida la introducción de los sobres de los votantes, que será firmada por el presidente, los suplentes presentes y todos los fiscales.

 

3. Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna.

 

Este local tiene que elegirse de modo que quede a la vista de todos y en lugar de fácil acceso.

 

4. Habilitar otro inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores ensobren sus boletas en absoluto secreto.

 

Este recinto, que se denominará cuarto oscuro, no tendrá más de una puerta utilizable, que sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás en presencia de los fiscales de los partidos o de dos electores, por lo menos, al igual que las ventanas que tuviere, de modo de rodear de las mayores seguridades el secreto del voto.

 

Con idéntica finalidad colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que proveerá la Junta Electoral y serán firmadas por el presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran hacerlo.

 

5. 5. A depositar, en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos remitidos por la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquéllas, ordenándolas por número de menor a mayor y de izquierda a derecha.

 

Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas por la junta electoral. (Inciso sustituido por art. 100 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

6. A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa uno de los ejemplares del padrón de electores con su firma para que sea consultado por los electores sin dificultad.

 

Este registro será suscripto por los fiscales que lo deseen.

 

7. A colocar, también en el acceso a la mesa un cartel que consignará las disposiciones del Cap. IV de este Título, en caracteres destacables de manera que los electores puedan enterarse de su contenido antes de entrar para ser identificados. Junto a dicho cartel se fijará otro que contendrá las prescripciones de los artículos 139, 140, 141, 142 y 145.

 

8. A poner sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral a los efectos establecidos en el capítulo siguiente.

 

Las constancias que habrán de remitirse a la Junta se asentarán en uno solo de los ejemplares de los tres que reciban los presidentes de mesa.

 

9. A verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos políticos que hubieren asistido. Aquéllos que no se encontraren presentes en el momento de apertura del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las operaciones.

 

Artículo 83. – Apertura del acto. Adoptadas todas estas medidas, a la hora ocho en punto el presidente declarará abierto el acto electoral y labrará el acta pertinente llenando los claros del formulario impreso en los padrones correspondientes a la mesa.

 

Los juzgados electorales de cada distrito harán imprimir en el lugar que corresponda del pliego del padrón, un formulario de acta de apertura y cierre del comicio que redactarán a tal efecto.

 

Será suscripta por el presidente, los suplentes y los fiscales de los partidos. Si alguno de éstos no estuviere presente, o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente consignará tal circunstancia, testificada por dos electores presentes, que firmarán juntamente con él.

 

CAPITULO IV

 

Emisión del sufragio

 

Artículo 84. – Procedimiento. Una vez abierto el acto de electores se apersonarán al presidente, por orden de llegada, exhibiendo su documento cívico.

 

1. El presidente y sus suplentes, así como los fiscales acreditados ante la mesa y que estén inscriptos en la misma, serán, en su orden, los primeros en emitir el voto.

 

2. Si el presidente o sus suplentes no se hallan inscriptos en la mesa en que actúan, se agregará el nombre del votante en la hoja del registro haciéndolo constar, así como la mesa en que está registrado.

 

3. Los fiscales o autoridades de mesa que no estuviesen presentes al abrirse el acto sufragarán a medida que se incorporen a la misma.

 

Artículo 85. – Carácter del voto. El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo de modo alguno la boleta del sufragio, ni formulando cualquier manifestación que importe violar tal secreto.

 

Artículo 86. – Dónde y cómo pueden votar los electores. Los electores podrán votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y con el documento cívico habilitante. El presidente verificará si el elector a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa.

Para ello cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas indicaciones contenidas en dicho documento. Cuando por error de impresión alguna de las menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento, el presidente no podrá impedir el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos se anotarán las diferencias en la columna de observaciones.

1. Si por deficiencia del padrón el nombre del elector no correspondiera exactamente al de su documento cívico, el presidente admitirá el voto siempre que, examinados debidamente el número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etc., fueran coincidentes con los del padrón.

2. Tampoco se impedirá la emisión del voto:

a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos datos relativos al documento cívico (domicilio, clase de documento, etc.);

b) Cuando falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente al interrogatorio minucioso que le formule el presidente sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia que tienda a la debida identificación;

c) Al elector que figure en el padrón con libreta de enrolamiento o libreta cívica duplicada, triplicada, etc., y se presente con el documento nacional de identidad;

d) Al elector cuyo documento contenga anotaciones de instituciones u organismos oficiales, grupo sanguíneo, etc.

3. No le será admitido el voto:

a) Si el elector exhibiere un documento cívico anterior al que consta en el padrón;

b) Al elector que se presente con libreta de enrolamiento o libreta cívica y figurase en el registro con documento nacional de identidad.

4. El presidente dejará constancia en la columna de ‘observaciones’ del padrón de las deficiencias a que se refieren las disposiciones precedentes.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 87. – Inadmisibilidad del voto. Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 88. – Derecho del elector a votar. Todo aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los presidentes no aceptarán impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del elector para figurar en el padrón electoral.

Está excluido del mismo quien se encuentre tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se alegare error.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 89. – Verificación de la identidad del elector. Comprobado que el documento cívico presentado pertenece al mismo elector que aparece registrado como elector, el presidente procederá a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento, oyendo sobre el punto a los fiscales de los partidos.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 90. – Derecho a interrogar al elector. Quien ejerza la presidencia de la mesa, por su iniciativa o a pedido de los fiscales, tiene derecho a interrogar al elector sobre las diversas referencias y anotaciones del documento cívico.

 

Artículo 91. – Impugnación de la identidad del elector. Las mismas personas también tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio hubiere falseado su identidad. En esta alternativa expondrá concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta firmada por el presidente y el o los impugnantes y tomándose nota sumaria en la columna de observaciones del padrón, frente al nombre del elector.

 

Artículo 92. – Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente lo hará constar en el sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido, número y clase de documento cívico y año de nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo, que será firmado por el presidente y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno de éstos se negare el presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes. Luego colocará este formulario dentro del mencionado sobre, que entregará abierto al elector junto con el sobre para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario.

La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importará el desistimiento y anulación de la impugnación; pero bastará que uno solo firme para que subsista.

Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente del comicio considera fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden. Este arresto podrá serle levantado sólo en el caso de que el impugnado diera fianza pecuniaria o personal suficiente a juicio del presidente, que garantice su comparecencia ante los jueces.

La fianza pecuniaria será de pesos ciento cincuenta ($ 150) de la que el presidente dará recibo. El importe de la fianza y copia del recibo será entregado al empleado del servicio oficial de correos juntamente con la documentación electoral una vez terminado el comicio y será remitido por éste a la Secretaría Electoral del distrito.

La personal será otorgada por un vecino conocido y responsable que por escrito se comprometa a presentar al afianzado o a pagar aquella cantidad en el evento de que el impugnado no se presentare al juez electoral cuando sea citado por éste.

El sobre con el voto del elector, juntamente con el formulario que contenga su impresión digital y demás referencias ya señaladas, así como el importe de la fianza pecuniaria o el instrumento escrito de la fianza personal, serán colocados en el sobre al que alude inicialmente el primer párrafo de este artículo.

El elector que por orden del presidente de mesa fuere detenido por considerarse fundada la impugnación de su voto inmediatamente quedará a disposición de la Junta Electoral, y el presidente, al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta haciendo constar el lugar donde permanecerá detenido.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 93. – Entrega del sobre al elector. Si la identidad no es impugnada el presidente entregará al elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto de su puño y letra, y lo invitará a pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquél.

 

Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar el sobre en la misma cara en que lo hizo el presidente del comicio y deberán asegurarse que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado al elector.

 

Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa podrán firmar los sobres, siempre que no se ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio.

 

Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán obligados a firmar varios, a los fines de evitar la identificación del votante.

 

Artículo 94. – Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector colocará en el sobre su boleta de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna. El presidente por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar se verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales y/o municipales, se utilizará un solo sobre para depositar todas las boletas.

Los electores ciegos o con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto podrán sufragar asistidos por el presidente de mesa o una persona de su elección, que acredite debidamente su identidad, en los términos de la reglamentación que se dicte. Se dejará asentada esta circunstancia en el padrón de la mesa y en el acta de cierre de la misma, consignando los datos del elector y de la persona que lo asista. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa, podrá asistir a más de un elector en una misma elección.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 95: Constancia de emisión de voto. Acto continuo el presidente procederá a señalar en el padrón de electores de la mesa de votación que el elector emitió el sufragio, a la vista de los fiscales y del elector mismo. Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos los siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre y apellido completos, número de D.N.I. del elector y nomenclatura de la mesa, la que será firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación. Dicha constancia será suficiente a los efectos previstos en los artículos 8°, 125 y 127 segundo párrafo.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 96. – (Artículo derogado por art. 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

 

CAPITULO V

 

Funcionamiento del cuarto oscuro

 

Artículo 97. – Inspección del cuarto oscuro. El presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro, a pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse que funciona de acuerdo con lo previsto en el artículo 82, inciso 4.

 

Artículo 98. – Verificación de existencia de boletas. También cuidará de que en él existan en todo momento suficientes ejemplares de las boletas de todos los partidos, en forma que sea fácil para los electores distinguirlas y tomar una de ellas para emitir su voto.

 

No admitirá en el cuarto oscuro otras boletas que las aprobadas por la Junta Electoral.

 

CAPITULO VI

 

Clausura

 

Artículo 99. – Ininterrupción de las elecciones. Las elecciones no podrán ser interrumpidas y en caso de serlo por fuerza mayor se expresará en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de ella.

 

Artículo 100. – Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho horas, en cuyo momento el presidente ordenará se clausure el acceso al comicio, pero continuará recibiendo el voto de los electores presentes que aguardan turno. Concluida la recepción de estos sufragios, tachará del padrón los nombres de los electores que no hayan comparecido y hará constar al pie el número de los sufragantes y las protestas que hubieren formulado los fiscales.

 

En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se dejará constancia del o de los votos emitidos en esas condiciones.

 

TITULO V

 

Escrutinio

 

CAPITULO I

 

Escrutinio de la mesa

 

Artículo 101. – Procedimiento. Calificación de los sufragios. Acto seguido el presidente del comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:

 

1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.

 

2. Examinará los sobres, separando los que estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados.

 

3. Practicadas tales operaciones procederá a la apertura de los sobres.

 

4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.

 

I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aun cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones (borratina). Si en un sobre aparecieren dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos, sólo se computará una de ellas destruyéndose las restantes.

 

II. Votos nulos: son aquellos emitidos:

 

a) Mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;

 

b) Mediante boleta oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del apartado I anterior;

 

c) Mediante dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos;

 

d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir;

 

e) Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.

 

III. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna.

 

IV. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

 

Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal cuestionante consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y partido político a que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de cierre de comicio como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad.

 

El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta Electoral, se hará en igual forma que la prevista en el artículo 119 in fine.

 

V. Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.

 

La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.

 

El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impedimento alguno.

 

Artículo 102. – Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio se consignará, en acta impresa al dorso del padrón (artículo 83 “acta de cierre”), lo siguiente:

 

a) La hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos impugnados, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores; todo ello asentado en letras y números;

 

b) Cantidad también en letras y números de los sufragios logrados por cada uno de los respectivos partidos y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco;

 

c) El nombre del presidente, los suplentes y fiscales que actuaron en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio o las razones de su ausencia. El fiscal que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia de la hora y motivo del retiro y en caso de negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales presentes.

 

Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro;

 

d) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio;

 

e) La nómina de los agentes de policía, individualizados con el número de chapa, que se desempeñaron a órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del escrutinio;

 

f) La hora de finalización del escrutinio.

 

Si el espacio del registro electoral destinado a levantar el acta resulta insuficiente se utilizará el formulario de notas suplementario, que integrará la documentación a enviarse a la junta electoral.

 

Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un “Certificado de Escrutinio” que será suscripto por el mismo, por los suplentes y los fiscales.

 

El presidente de mesa extenderá y entregará a los fiscales que lo soliciten un certificado del escrutinio, que deberá ser suscripto por las mismas personas premencionadas.

 

Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar el o los certificados de escrutinio, se hará constar en los mismos esta circunstancia.

 

En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos y quiénes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en que no fueren suscriptos por los fiscales y el motivo de ello.

 

ARTICULO 102 bis — Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas para la elección de los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y elección de legisladores nacionales, se confeccionarán dos (2) actas separadas, una para la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación, y otra para las categorías restantes.

 

(Artículo incorporado por art. 101 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

Artículo 103. – Guarda de boletas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositarán dentro de la urna: las boletas compiladas y ordenadas de acuerdo a los partidos a que pertenecen las mismas, los sobres utilizados y un “certificado de escrutinio”.

 

El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados se guardarán en el sobre especial que remitirá la junta electoral el cual lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al empleado postal designado al efecto simultáneamente con la urna.

 

Artículo 104. – Cierre de la urna y sobre especial. Seguidamente se procederá a cerrar la urna, colocándose una faja especial que tapará su boca o ranura, cubriéndose totalmente la tapa, frente y parte posterior, que asegurarán y firmarán el presidente, los suplentes y los fiscales que lo deseen.

 

Cumplidos los requisitos precedentemente expuestos, el presidente hará entrega inmediatamente de la urna y el sobre especial indicado en el artículo anterior en forma personal, a los empleados de correos de quienes se hubiesen recibido los elementos para la elección, los que concurrirán al lugar del comicio a su finalización. El presidente recabará de dichos empleados el recibo correspondiente, por duplicado, con indicación de la hora. Uno de ellos lo remitirá a la junta y el otro lo guardará para su constancia.

 

Los agentes de policía, fuerzas de seguridad o militares, bajo las órdenes hasta entonces del presidente de mesa, prestarán la custodia necesaria a los aludidos empleados, hasta que la urna y documentos se depositen en la oficina de correos respectiva.

 

Artículo 105. – Comunicaciones. Terminado el escrutinio de mesa, el presidente hará saber al empleado de correos que se encuentre presente, su resultado, y se confeccionará en formulario especial el texto de telegrama que suscribirá el presidente de mesa, juntamente con los fiscales, que contendrá todos los detalles del resultado del escrutinio, debiendo también consignarse el número de mesa y circuito a que pertenece.

 

(Título sustituido por art. 7 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).

 

Luego de efectuado un estricto control de su texto que realizará confrontando, con los suplentes y fiscales, su contenido con el acta de escrutinio, lo cursará por el servicio oficial de telecomunicaciones, con destino a la Junta Electoral Nacional de Distrito que corresponda, para lo cual entregará el telegrama al empleado que recibe la urna. Dicho servicio deberá conceder preferentemente prioridad al despacho telegráfico.

 

En todos los casos el empleado de correos solicitará al presidente del comicio, la entrega del telegrama para su inmediata remisión.

 

El Presidente remitirá una copia del telegrama a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. (Párrafo incorporado por art. 7 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).

 

Artículo 106. – Custodia de las urnas y documentación. Los partidos políticos podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al correo hasta que son recibidas en la Junta Electoral. A este efecto los fiscales acompañarán al funcionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado por éste. Si lo hace en vehículo particular por lo menos dos fiscales irán con él. Si hubiese más fiscales, podrán acompañarlo en otro vehículo.

 

Cuando las urnas y documentos deban permanecer en la oficina de correos se colocarán en un cuarto y las puertas, ventanas y cualquiera otra abertura serán cerradas y selladas en presencia de los fiscales, quienes podrán custodiar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en él.

 

El transporte y entrega de las urnas retiradas de los comicios a las respectivas juntas electorales se hará sin demora alguna en relación a los medios de movilidad disponibles.

 

CAPITULO II

 

Escrutinio de la Junta

 

Artículo 107. – Plazos. La Junta Electoral de Distrito efectuará con la mayor celeridad las operaciones que se indican en esta ley. A tal fin, todos los plazos se computarán en días corridos.

 

Artículo 108.- Designación de fiscales. Los partidos que hubiesen oficializado lista de candidatos podrán designar fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio a cargo de la Junta, así como a examinar la documentación correspondiente.

 

El control del comicio por los partidos políticos comprenderá, además, la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y el procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el programa (software) utilizado. Este último será verificado por la Junta Electoral que mantendrá una copia bajo resguardo y permitirá a los partidos las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que deberá estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación.

 

(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 109.- Recepción de la documentación. La Junta recibirá todos los documentos vinculados a la elección de distrito que le entregare el servicio oficial de telecomunicaciones. Concentrará esa documentación en lugar visible y permitirá la fiscalización por los partidos.

 

Artículo 110. – Reclamos y protestas. Plazo. Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá reclamación alguna.

 

Artículo 111. – Reclamos de los partidos políticos. En igual plazo también recibirá de los organismos directivos de los partidos las protestas o reclamaciones contra la elección.

 

Ellas se harán únicamente por el apoderado del partido impugnante, por escrito y acompañando o indicando los elementos probatorios cualquiera sea su naturaleza. No cumpliéndose este requisito la impugnación será desestimada, excepto cuando la demostración surja de los documentos que existan en poder de la Junta.

 

Artículo 112.- Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor de diez (10) días corridos.

El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:

1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.

2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.

3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.

4. Si admite o rechaza las protestas.

5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la elección.

6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante en la elección.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 113. – Validez. La Junta Electoral Nacional tendrá por válido el escrutinio de mesa que se refiera a los votos no sometidos a su consideración.

 

Artículo 114. – Declaración de nulidad. Cuándo procede. La Junta declarará nula la elección realizada en una mesa, aunque no medie petición de partido, cuando:

 

1. No hubiere acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades del comicio y dos fiscales, por lo menos.

 

2. Hubiera sido maliciosamente alterada el acta o, a falta de ella, el certificado de escrutinio no contare con los recaudos mínimos preestablecidos.

 

3. El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado de escrutinio, difiriera en cinco sobres o más del número de sobres utilizados y remitidos por el presidente de mesa.

 

Artículo 115. – Comprobación de irregularidades. A petición de los apoderados de los partidos, la Junta podrá anular la elección practicada en una mesa, cuando:

 

1. Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada del comicio privó maliciosamente a electores de emitir su voto.

 

2. No aparezca la firma del presidente en el acta de apertura o de clausura o, en su caso, en el certificado de escrutinio, y no se hubieren cumplimentado tampoco las demás formalidades prescriptas por esta ley.

 

Artículo 116. – Convocatoria a complementarias. Si no se efectuó la elección en alguna o algunas mesas, o se hubiese anulado, la Junta podrá requerir del Poder Ejecutivo Nacional que convoque a los electores respectivos a elecciones complementarias, salvo el supuesto previsto en el artículo siguiente.

 

Para que el Poder Ejecutivo pueda disponer tal convocatoria será indispensable que un partido político actuante lo solicite dentro de los tres días de sancionada la nulidad o fracasada la elección.

 

Artículo 117. – Efectos de la anulación de mesas. Se considerará que no existió elección en un distrito cuando la mitad del total de sus mesas fueran anuladas por la Junta. Esta declaración se comunicará al Poder Ejecutivo que corresponda y a las Cámaras Legislativas de la Nación.

 

Declarada la nulidad se procederá a una nueva convocatoria con sujeción a las disposiciones de este Código.

 

Artículo 118.- Recuento de sufragios por errores u omisiones en la documentación. En casos de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documentación de la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional podrá no anular el acto comicial, avocándose a realizar íntegramente el escrutinio con los sobres y votos remitidos por el presidente de mesa.

 

Artículo 119. – Votos impugnados. Procedimiento. En el examen de los votos impugnados se procederá de la siguiente manera:

 

De los sobres se retirará el formulario previsto en el artículo 92 y se enviará al juez electoral para que, después de cotejar la impresión digital y demás datos con los existentes en la ficha del elector cuyo voto ha sido impugnado, informe sobre la identidad del mismo. Si ésta no resulta probada, el voto no será tenido en cuenta en el cómputo; si resultare probada, el voto será computado y la Junta ordenará la inmediata devolución del monto de la fianza al elector impugnado, o su libertad si se hallare arrestado. Tanto en un caso como en otro los antecedentes se pasarán al fiscal para que

 

sea exigida la responsabilidad al elector o impugnante falso. Si el elector hubiere retirado el mencionado formulario su voto se declarará anulado, destruyéndose el sobre que lo contiene. El escrutinio de los sufragios impugnados que fueren declarados válidos se hará reuniendo todos los correspondientes a cada sección electoral y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada a fin de impedir su individualización por mesa.

 

Artículo 120.- Cómputo final. La Junta sumará los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas en las actas, a las que se adicionarán los votos que hubieren sido recurridos y resultaren válidos y los indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se dejará constancia en el acta final, acordando luego un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

 

En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación las Juntas Electorales Nacionales, dentro del plazo indicado en el primer párrafo del artículo 112, comunicarán los resultados al presidente del Senado de la Nación. El mismo convocará de inmediato a la Asamblea Legislativa, la que procederá a hacer la sumatoria para determinar si la fórmula más votada ha logrado la mayoría prevista en el artículo 97 de la Constitución Nacional o si se han producido las circunstancias del artículo 98 o si, por el contrario, se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional.

 

En este último supuesto se hará saber tal circunstancia al Poder Ejecutivo nacional y a los apoderados de los partidos políticos, cuyas fórmulas se encuentren en condiciones de participar en la segunda vuelta.

 

La Asamblea Legislativa comunicará los resultados definitivos de la primera vuelta electoral dentro del plazo de quince (15) días corridos de haberse realizado la misma.

 

Igual procedimiento en lo que correspondiere, se utilizará para la segunda vuelta electoral.

 

(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 121. – Protestas contra el escrutinio. Finalizadas estas operaciones el presidente de la Junta preguntará a los apoderados de los partidos si hay protesta que formular contra el escrutinio. No habiéndose hecho o después de resueltas las que se presentaren, la Junta acordará un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

 

Artículo 122.- Proclamación de los electos. La Junta o la Asamblea Legislativa, en su caso, proclamarán a los que resultaren electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten su carácter.

 

(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 123. – Destrucción de boletas. Inmediatamente, en presencia de los concurrentes, se destruirán las boletas, con excepción de aquellas a las que se hubiese negado validez o hayan sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán todas al acta a que alude el artículo 120, rubricadas por los miembros de la Junta y por los apoderados que quieran hacerlo.

 

Artículo 124. – Acta del escrutinio de distrito. Testimonios. Todos estos procedimientos constarán en un acta que la Junta hará extender por su secretario y que será firmada por la totalidad de sus miembros.

 

La Junta enviará testimonio del acta a la Cámara Nacional Electoral al Poder Ejecutivo y a los partidos intervinientes. Otorgará, además, un duplicado a cada uno de los electos para que le sirva de diploma. El Ministerio del Interior conservará durante cinco años los testimonios de las actas que le remitirán las Juntas.

 

TITULO VI

 

Violación de la Ley Electoral:

 

Penas y Régimen Procesal

 

CAPITULO I

 

De las faltas electorales

 

Artículo 125. – No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo 25, comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el elector.

Será causa suficiente para la aplicación de la multa, la constatación objetiva de la omisión no justificada. Los procesos y las resoluciones judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa, podrán comprender a un infractor o a un grupo de infractores. Las resoluciones serán apelables ante la alzada de la justicia nacional electoral.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 126. – Pago de la multa. El pago de la multa se acreditará mediante una constancia expedida por el juez electoral, el secretario o el juez de paz.

El infractor que no la oblare no podrá realizar gestiones o trámites durante un (1) año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de sesenta (60) días establecido en el primer párrafo del artículo 125.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

Artículo 127. – Constancia de justificación administrativa. Comunicación. Los jefes de los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia, según el modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido originada por actos de servicio por disposición legal, siendo suficiente constancia para tenerlo como no infractor.

Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, que sean mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad, presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía.

Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido. La omisión o inexactitud en tales comunicaciones también se sancionará con suspensión de hasta seis (6) meses.

De las constancias que expidan darán cuenta a la justicia nacional electoral dentro de los diez (10) días de realizada una elección nacional. Estas comunicaciones tendrán que establecer el nombre del empleado, último domicilio que figure en su documento, clase, distrito electoral, sección, circuito y número de mesa en que debía votar y causa por la cual no lo hizo.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

Artículo 128. – Portación de armas. Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios. Se impondrá prisión de hasta quince (15) días o multa de hasta quinientos pesos ($ 500) a toda persona que violare la prohibición impuesta por el artículo 71 inciso e) de la presente ley.

 

(Artículo sustituido por art. 8 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).

 

Artículo 128 bis. – Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones. Se impondrá multa de entre diez mil ($ 10.000) y cien mil pesos ($ 100.000) a toda persona física o jurídica que violare las prohibiciones impuestas por el artículo 71 en sus incisos f) y h) de la presente ley.

 

(Artículo incorporado por art. 9 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).

 

Artículo 128 ter. Publicidad en medios de comunicación. a) El partido político que incumpliera los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráficos, perderá el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones.

 

b) La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráficos será pasible de una multa de entre diez mil ($ 10. 000) y cien mil pesos ($ 100.000).

 

c) La persona física o jurídica que explote un medio de comunicación y que violare la prohibición establecida en el artículo 64 ter de la presente ley será pasible de la siguiente sanción: 1. Multa equivalente al valor total de los segundos de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca la infracción, si se trata de un medio televisivo o radial.

 

2. Multa equivalente al valor total de los centímetros de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquél en que se produzca la infracción, si se trata de un medio gráfico.

 

(Artículo incorporado por art. 7 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).

 

Artículo 128 quáter — Actos de campaña electoral. La agrupación política, que realice actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera del plazo establecido en el Artículo 64 bis del presente Código, será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones. La persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera del período establecido por el presente Código, será pasible de una multa de entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000) módulos electorales, de acuerdo al valor establecido anualmente en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

 

(Artículo incorporado por art. 102 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009)

 

CAPITULO II

 

De los delitos electorales

 

Artículo 129. – Negativa o demora en la acción de amparo. Se impondrá prisión de tres meses a dos años al funcionario que no diere trámite a la acción de amparo prevista en los artículos 10 y 11, o no la resolviera dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta de igual pena al que desobedeciere las ordenes impartidas al respecto por dicho funcionario.

 

Artículo 130. – Reunión de electores. Depósito de armas. Todo propietario de inmueble situado dentro del radio de ochenta metros (80 m.) del lugar de celebración del comicio, así como los locatarios u ocupantes, sean éstos habituales o circunstanciales, serán pasibles si el día del acto comicial y conociendo el hecho no dieren aviso inmediato a las autoridades:

 

1. De prisión de quince días a seis meses si admitieren reunión de electores

 

2. De prisión de tres meses a dos años si tuvieran armas en depósito.

 

Artículo 131. – Espectáculos públicos – Actos deportivos. Se impondrá prisión de quince días a seis meses al empresario u organizador de espectáculos públicos o actos deportivos que se realicen durante el lapso previsto en el artículo 71, inciso b).

 

Artículo 132. – No concurrencia o abandono de funciones electorales. Se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas.

 

Artículo 133. – Empleados públicos. Sanción. Se impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) a los empleados públicos que admitan gestiones o trámites ante sus respectivas oficinas o dependencias hasta un (1) año después de vencido el plazo fijado en el artículo 125, sin exigir la presentación de la constancia de emisión del sufragio, la justificación correspondiente o la constancia del pago de la multa.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

 

Artículo 133 bis.- Publicidad de actos de gobierno. Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos.

 

(Artículo incorporado por art. 11 de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002).

 

Artículo 134. – Detención, demora y obstaculización al transporte de urnas, y documentos electorales. Se impondrá prisión de seis meses a dos años a quienes detuvieran, demoraran y obstaculizaran por cualquier medio a los correos, mensajeros o encargados de la conducción de urnas receptoras de votos documentos u otros efectos relacionados con una elección.

 

Artículo 135. – Juegos de azar. Se impondrá prisión de seis meses a dos años a las personas que integren comisiones directivas de clubes o asociaciones, o desempeñen cargos en comités o centros partidarios, que organicen o autoricen durante las horas fijadas para la realización del acto comicial el funcionamiento de juegos de azar dentro de los respectivos locales. Con igual pena se sancionará al empresario de dichos juegos.

 

Artículo 136. – Expendio de bebidas alcohólicas. Se impondrá prisión de quince días a seis meses, a las personas que expendan bebidas alcohólicas desde doce horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario.

 

Artículo 137. – Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Retención indebida de documentos cívicos. Se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no resultare un delito más severamente penado, al elector que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso.

Serán pasibles de la misma pena quienes retengan indebidamente documentos cívicos de terceros.

 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

 

 

Artículo 138. – Falsificación de documentos y formularios. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años a los que falsifiquen formularios y documentos electorales previstos por esta ley, siempre que el hecho no estuviere expresamente sancionado por otras disposiciones, y a quienes ejecuten la falsificación por cuenta ajena.

 

Artículo 139. – Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno a tres años a quien:

 

a) Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio:

 

b) Compeliere a un elector a votar de manera determinada;

 

c) Lo privare de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la elección, para imposibilitarle el ejercicio de un cargo electoral o el sufragio:

 

d) Suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra manera emitiere su voto sin derecho:

 

e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;

 

f) Hiciere lo mismo con las boletas de sufragio desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;

 

g) Igualmente, antes de la emisión del voto, sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare:

 

h) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare u ocultare una lista de sufragios o acta de escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el escrutinio de una elección:

 

i) Falseare el resultado del escrutinio.

 

Artículo 140. – Inducción con engaños. Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo.

 

Artículo 141. – Violación del secreto del voto. Se impondrá prisión de tres meses a tres años al que utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio.

 

Artículo 142. – Revelación del sufragio. Se impondrá prisión de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto en el momento de emitirlo.

 

Artículo 143. – Falsificación de padrones y su utilización. Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que falsificare un padrón electoral y al que a sabiendas lo utilizare en actos electorales.

 

Artículo 144. – Comportamiento malicioso o temerario. Si el comportamiento de quienes recurran o impugnen votos fuere manifiestamente improcedente o respondiere claramente a un propósito obstruccionista del desarrollo normal del escrutinio, así como cuando los reclamos de los artículos 110 y 111 fueren notoriamente infundados, la Junta Electoral Nacional podrá declarar al resolver el punto, temeraria o maliciosa la conducta de la agrupación politica recurrente y la de sus representantes.

 

En este caso se impondrá una multa con destino al Fondo Partidario Permanente- de cien ($a 100) a diez mil ($a 10.000) pesos argentinos de la que responderán solidariamente.

 

Artículo 145. – Sanción accesoria y destino de las multas. Se impondrá como sanción accesoria, a quinenes cometen alguno de los hechos penados en esta ley, la privación de los derechos políticos por el término de uno (1) a diez (10) años. Los importes de todas las multas aplicadas en virtud de esta ley integrarán el Fondo Partidario Permanente.

 

(Artículo sustituido por art. 74 de la Ley N° 26.215 B.O. 17/1/2007).

 

CAPITULO III.

 

Procedimiento general

 

Artículo 146. – Faltas y delitos electorales: ley aplicable. Los jueces electorales conocerán de las faltas electorales en única instancia y de los delitos electorales en primera instancia, con apelación ante la Cámara Federal de la respectiva jurisdicción.

 

Estos juicios tramitarán con arreglo a las previsiones del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Nación.

 

La prescripción de la acción penal de los delitos electorales se rigen por lo previsto en el Título X del Libro Primero del Código Penal, y en ningún caso podrá operarse en un término inferior a los dos años suspendiéndose durante el desempeño de cargos públicos que impidan la detención o procesamiento de los imputados.

 

CAPITULO IV

 

Procedimiento especial en la acción de amparo al elector.

 

Artículo 147. – Sustanciación. Al efecto de sustanciar las acciones de amparo a que se refieren los artículos 10 y 11 de esta ley, los funcionarios y magistrados mencionados en los mismos resolverán inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplirán sin más trámite por intermedio de la fuerza pública, si fuere necesario, y en su caso serán comunicadas de inmediato al juez electoral que corresponda.

 

La jurisdicción de los magistrados provinciales será concurrente, no excluyente, de la de sus pares nacionales. A este fin los jueces federales o nacionales de primera instancia y los de paz mantendrán abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral.

 

Los jueces electorales podrán asimismo destacar el día de elección, dentro de su distrito, funcionarios del juzgado, o designados ad hoc, para transmitir las órdenes que dicten y velar por su cumplimiento.

 

Los jueces electorales a ese fin deberán preferir a los jueces federales de sección, magistrados provinciales y funcionarios de la justicia federal y provincial.

 

TITULO VII

 

Sistema Electoral Nacional

 

CAPITULO I

 

De la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación

 

Artículo 148.- El Presidente y Vicepresidente de la Nación serán elegidos simultánea y directamente por el pueblo de la Nación, con arreglo al sistema de doble vuelta, a cuyo fin el territorio nacional constituye un único distrito.

 

La convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de noventa (90) días y deberá celebrarse dentro de los dos (2) meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente y Vicepresidente en ejercicio.

 

La convocatoria comprenderá la eventual segunda vuelta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo siguiente.

 

Cada elector sufragará por una fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 149.- Resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco por ciento (45 %) de los votos afirmativos válidamente emitidos: en su defecto, aquella que hubiere obtenido el cuarenta por ciento (40 %) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 150.- Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias de acuerdo al escrutinio ejecutado por las Juntas Electorales, y cuyo resultado único para toda la Nación será anunciado por la Asamblea Legislativa atento lo dispuesto por el artículo 120 de la presente ley, se realizará una segunda vuelta dentro de los treinta (30) días.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 151.- En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 152.- Dentro del quinto día de proclamados las dos fórmulas más votadas, éstas deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión de presentarse a la segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera, será proclamada electa la otra.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 153.- En caso de muerte o renuncia de cualquiera de los candidatos de la fórmula que haya sido proclamado electa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Nacional.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 154.- En caso de muerte de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral y antes de producirse la segunda, se convocará a una nueva elección.

 

En caso de muerte de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, el partido político o alianza electoral que represente, deberá cubrir la vacancia en el término de siete (7) días corridos, a los efectos de concurrir a la segunda vuelta.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 155.- En caso de renuncia de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, se proclamará electa a la otra.

 

En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, no podrá cubrirse la vacante producida. Para el caso que la renuncia sea del candidato a Presidente, ocupará su lugar el candidato a Vicepresidente.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

CAPITULO II

 

De la elección de Senadores Nacionales

 

Artículo 156.- Los Senadores Nacionales por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se elegirán en forma directa por el pueblo de las mismas que se considerarán a este fin como distritos electorales.

 

Cada elector votará por una lista oficializada con dos candidatos titulares y dos suplentes.

 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.658 B.O. 16/10/2002).

 

Artículo 157.- El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

 

Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos y el primero de la lista siguiente en cantidad de votos. El segundo titular de esta última lista será el primer suplente del Senador que por ella resultó elegido. Los suplentes sucederán al titular por su orden en el caso previsto por el artículo 62 de la Constitución Nacional.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

CAPITULO III

 

De los Diputados Nacionales

 

Artículo 158.- Los Diputados Nacionales se elegirán en forma directa por el pueblo de cada provincia y de la Capital Federal que se considerarán a este fin como distritos electorales.

 

Cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializada cuyo número será igual al de los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el artículo 163 de la presente ley.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 159.- El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

 

Artículo 160.- No participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del tres por ciento (3 %) del padrón electoral del distrito.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995)

 

Artículo 161.- Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento:

 

a) El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el tres por ciento (3 %) del padrón electoral del distrito será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número igual al de los cargos a cubrir;

 

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir;

 

c) Si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Junta Electoral competente;

 

d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b).

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 162.- Se proclamarán Diputados Nacionales a quienes resulten elegidos con arreglo al sistema adoptado en el presente capítulo.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 163.- En las convocatorias de cada distrito electoral se fijará el número de Diputados Nacionales, titulares y suplentes. A estos fines se establecerá el número de suplentes que a continuación se expresa:

 

Cuando se elijan 2 titulares: 2 suplentes

 

Cuando se elijan de 3 a 5 titulares: 3 suplentes

 

Cuando se elijan 6 y 7 titulares: 4 suplentes

 

Cuando se elijan 8 titulares: 5 suplentes

 

Cuando se elijan 9 y 10 titulares: 6 suplentes

 

Cuando se elijan de 11 a 20 titulares: 8 suplentes

 

Cuando se elijan 21 titulares o más: 10 suplentes.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 164.- En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un Diputado Nacional lo sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido.

 

Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva. En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido al titular.

 

(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

TITULO VIII

 

Disposiciones Generales y Transitorias

 

Capítulo Unico

 

Artículo 165.- A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la Constitución Nacional acerca de la elección de los Senadores Nacionales por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las Legislaturas de aquéllas y el órgano legislativo de ésta se reunirán, convocados de acuerdo al derecho local, con una anticipación no menor de sesenta (60) ni mayor de noventa (90) días, al momento en que los electos deben asumir sus funciones, para proceder tal como lo prevé la citada disposición transitoria.

 

Los partidos políticos o alianzas electorales al proponer los candidatos a Senadores Nacionales acreditarán ante la Justicia Electoral haber cumplido con las exigencias legales y estatutarias correspondientes.

 

(Artículo incorporado por art. 3 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Artículo 166.- A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la Constitución Nacional acerca de la elección de Senadores Nacionales por las provincias en ocasión de la renovación parcial trienal de 1995, las legislaturas en cada provincia procederán a la elección de un Senador conforme con la disposición constitucional que establece que sean tres los Senadores por cada distrito y que no resulten los tres Senadores del distrito de un mismo partido político o alianza electoral, de modo tal que, en lo posible, correspondan dos Senadores Nacionales a la mayoría y uno a la primera minoría.

 

Las legislaturas provinciales deberán observar que el conjunto de los tres Senadores Nacionales por cada distrito se integre, de no resultar legalmente imposible, con dos bancas al partido o alianza electoral con el mayor número de miembros en dicha legislatura y la banca restante corresponda al partido o alianza electoral que le siga en número de miembros. A estos efectos, el o los Senadores en ejercicio deberán computarse al partido político o alianza electoral al cual pertenecían al momento de su elección.

 

En caso de empate prevalecerá el partido o alianza que hubiere obtenido mayor cantidad de votos válidos emitidos en la elección de renovación legislativa inmediata anterior, en el nivel provincial.

 

Las disposiciones del presente artículo y del anterior, al mencionar a alianzas o partidos políticos se refieren a las alianzas o partidos que participaron en la última elección provincial para renovar cargos legislativos provinciales excluyendo el proceso electoral de 1995.

 

En la Ciudad de Buenos Aires se celebrará durante 1995 una elección directa de Senador Nacional, a efectos de incorporar el tercer Senador por el distrito. Cada elector votará por una lista oficializada con un candidato titular y un suplente.

 

Resultará electo el titular de la lista que obtuviere el mayor número de sufragios, y el suplente lo sustituirá en los casos previstos por el artículo 62 de la Constitución Nacional.

 

(Artículo incorporado por art. 3 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995).

 

Documentos cívicos.

 

Artículo 167.- La Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386), la Libreta Cívica (Ley 13.010) y el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671) son documentos habilitantes a los fines de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012)

 

Franquicias.

 

Artículo 168. – Los envíos y comunicaciones que deban cursarse en base a las disposiciones del presente Código, por intermedio de servicios oficiales, serán considerados como piezas oficiales libres de porte o sin cargo.

 

Las franquicias postales, telegráficas, de transporte o de cualquier otra naturaleza que se concedan a los funcionarios, empleados y demás autoridades, se determinarán por el Ministerio del Interior.

 

(Artículo incorporado por art. 4 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995. El artículo 159 anterior cambia su numeración al 168 actual).

 

Disposiciones legales que se derogan.

 

Artículo 169. – Deróganse: la Ley N. 16.582 y sus decretos reglamentarios; los Decretos-Leyes Nros. 4.034/57, 5.054/57, 15 099/57, 335/58, 7.164/62, 3.284/63 y toda otra disposición complementaria de los mismos que se oponga a la presente.

 

(Artículo incorporado por art. 4 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995. El artículo 160 anterior cambia su numeración al 169 actual).

 

Artículo s/n (Artículo 2 Ley 23.168).- Los ciudadanos que cumplan 18 años entre el día 31 de enero de 1985 y el día 31 de mayo del mismo año deberán ser incluídos en el padrón correspondiente, a cuyo efecto se adoptarán las medidas pertinentes.

 

(Artículo incorporado a continuación del art. 160 transitoriamente, por art. 2 de la Ley N° 23.168 B.O. 17/1/1985).

 

Artículo 170.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. BIGNONE-RESTON

 

Artículo 171. — Todas aquellas normas del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, t.o. por decreto 2135/83 y sus modificatorias, que se refieran a los dos suplentes del presidente de mesa deberán entenderse como referidas al suplente del presidente de mesa.

 

(Artículo incorporado por art. 12 de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002).

 

 

Antecedentes Normativos

 

– Artículo 127 sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 125 sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 95 sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 87 sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 86, Inciso c) derogado por art. 11 de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 75, segundo párrafo incorporado por art. 3° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 18 incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.744 B.O. 11/6/2012;

 

– Artículo 75 bis incorporado por art. 99 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 75, primer párrafo sustituido por art. 98 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 72, primer párrafo incorporado por art. 96 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 61, tercer párrafo sustituido por art. 89 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 43, Inciso 4 derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 43, Inciso 5 derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 43, Inciso 6 derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 41 sustituido por art. 86 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 29 sustituido por art. 81 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 15 sustituido por art. 74 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 18, derogado por art. 103 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 74 sustituido por art. 97 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009;

 

– Artículo 26, Nota Infoleg: por art. 6° de la Ley N° 26.495 B.O. 27/3/2009 se suspende, por única vez, la aplicación del plazo previsto en el presente artículo, sustituyéndolo por lo establecido en el cronograma del Anexo I. Vigencia: desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial)

 

– Artículo 72 sustituido por art. 75 de la Ley N° 26.215 B.O. 17/1/2007;

 

– Artículo 94, último párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004;

 

– Artículo 75, Inciso d) incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.858 B.O. 6/1/2004;

 

– Artículo 64 quater incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002;

 

– Artículo 64 ter, incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002;

 

– Artículo 64 bis incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.610 B.O. 8/7/2002;

 

– Artículo 72, sustituido por art. 5° de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002;

 

– Artículo 41, primer párrafo sustituido por art. 2° de la Ley N°25.610 B.O. 8/7/2002;

 

– Nota Infoleg: por art. 1° de la Ley N° 25.684 B.O. 3/1/2002, se suspende lo dispuesto en el art. 53 para la elección de Presidente y Vicepresidente que deban cumplimentar el período 10 de diciembre de 2003 – 10 de diciembre de 2007. Para la circunstancia allí prevista, la convocatoria a elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Nación será realizada por el Congreso Nacional. En los distritos, los ejecutivos respectivos conservan la facultad de convocar las elecciones de Senadores Nacionales y Diputados Nacionales;

 

– Artículo 35 sustituido por art. 2° de la Ley N° 24.904, B.O.18/12/1997. Vigencia: a partir de su sanción;

 

– Artículo 112 sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995;

 

– Artículo 61 sustituido por art. 1° de la Ley N°24.444 B.O. 19/1/1995;

 

– Artículo 60, sustituido por art. 1 de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995;

 

– Artículo 156 sustituido por art. 2° de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995;

 

– Artículo 167 incorporado por art. 4° de la Ley N° 24.444 B.O. 19/1/1995. El artículo 158 anterior cambia su numeración al 167 actual;

 

– Artículo 60, Nota Infoleg: por art.4 de la Ley N° 23.952 B.O. 12/7/1991 se modificó por única vez el plazo previsto por este artículo, fijándolo en 30 días anteriores a la elección;

 

– Artículo 60, sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.012 B.O. 3/12/1991;

 

– Artículo 26, Nota Infoleg: Por art. 2 de la Ley N° 23.952 BO. 12/7/91, se fija con carácter de excepción el plazo establecido por este artículo en 75 días anteriores a la fecha de la elección de diputados del año 1991;

 

– Artículo 34. Nota Infoleg: Por art. 3 de la Ley N° 23.952 B.O. 12/7/1991 se estableció que el plazo previsto por este art. sería con carácter excepcional de setenta días para los comicios de diputados del año 1991;

 

– Artículo 35, plazo: por art. 3° de la Ley N° 23.952, B.O. 12/7/1991, se establece que el plazo previsto será con carácter excepcional de setenta días para los comicios de diputados del año 1991;

 

– Artículo 54, Nota Infoleg: por art.1° de la Ley N° 23.952 B.O. 12/7/1991, se fija con carácter de excepción, en no menos de 45 días el plazo de convocatoria a elecciones de diputados del año 1991;

 

– Artículo 62, (Nota Infoleg: por art. 4 de la Ley N° 23.952 B.O. 12/7/1991, se modifica por única vez el plazo previsto por este artículo, fijándolo en 20 días anteriores a la elección;-

 

Artículo 25 sustituido por art. 1 de la Ley N° 23.476 B.O. 3/3/1987;

 

– Artículo 26 sustituido por art. 1 de la Ley N° 23.476 B.O. 3/3/1987;

 

– Artículo 62, Apartado I sustituido por art. 1 de la Ley N°23.247 B.O. 25/9/1985;

 

– Artículo 25, sustituido por art. 1° de la Ley N° 23.168, B.O. 17/1/1985;

 

– Artículo 26, sustituido por art. 1° de la Ley N° 23.168 B.O. 17/1/1985.

 

– Artículo 159 derogado por art. 9° de la Ley N° 22.838 B.O. 28/6/1983;

Decretos Reglamentarios Documento
Decreto Nº 2400/2014
“Decreto reglamentario elecciones PASO”
Decreto Nº 1543/2014
“Convocatoria a elecciones Municipales PASO – Capital”
Decreto Nº 1544/2014
“Convocatoria a sufragar a Argentinos Hábiles y Extranjeros inscriptos – Capital”
Decreto Nº 1991/2014
“Convocatoria a sufragar a Argentinos Hábiles y Extranjeros inscriptos – San Carlos”
Decreto Nº 1992/2014
“Convocatoria a sufragar a Argentinos Hábiles y Extranjeros inscriptos – San Carlos”
Decreto Nº 50/2015
“Convocatoria a elecciones PASO Provinciales”

Otras Leyes Documento
Ley Nº 4746
“Ley Orgánica de los Partidos Políticos”
Ley Nº 2944
“Franquicias de los Partidos Políticos reconocidos”
Ley Nº 1079
“Ley Orgánica de Municipalidades”
Ley Nº 6831
“Cupo Femenino”
Decreto Nº 1641
“Cupo Femenino”
Ley Nº 7005
“Ley de Regulación y Financiamiento de las Campañas Electorales”
Ley Nº 19995
“Ley Electoral de la Nación”